La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, a través de los organismos correspondientes, proceda a resolver en forma urgente y dar estricto cumplimiento al régimen de Propiedad Participada correspondiente a los ex agentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, creado por la Ley 23.696 de Reforma del Estado y que fuera regulada por las Leyes 24.145 de Federalización de Hidrocarburos y privatización de YPF, 25.471 y concordantes.

Señor presidente:

El presente Proyecto de Declaración encuentra su fundamento en la necesidad de dar cumplimiento a los sucesivos reconocimientos legislativos a favor de los ex agentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que comenzando con la ley de Reforma del Estado, en cuyo Capítulo III se regula sobre la Propiedad Participada, artículos 21 y siguientes, según el cual los empleados de las empresas sujetas a privatización podían adquirir todo o parte de su capital accionario, encontró su reconocimiento específico en la ley 24.145, en donde se previó que hasta el diez (10) por ciento del capital social de YPF Sociedad Anónima estaría representado por acciones clase C bajo el régimen de propiedad participada.

Por su parte a través de la ley 25.471 se regulan los distintos supuestos posibles y se reconoce por parte del gobierno nacional una indemnización económica a favor de los ex agentes de YPF. Sociedad del Estado -encuadrados en el artículo 1° dicha ley-, que no hayan podido acogerse al Programa de Propiedad Participada, por causas ajenas a su voluntad, o en razón de la demora en la instrumentación del mismo, o que, incorporados, hubiesen sido excluidos. Estableciendo que la indemnización resultará de valuar distintas pautas.

Hasta lo aquí expuesto surge en forma palmaria el reconocimiento por parte del Estado nacional de un derecho a indemnización a favor de los ex agentes de YPF, derecho que lamentablemente fue incumplido en forma sistemática por las distintas administraciones, colocando a más de treinta mil argentinos en situación de parías, a los que se les reconoció un derecho después de años de trabajar en la mayoría de los casos en situación de extrema insalubridad y en actividades que provocaron su envejecimiento prematuro, dejándolos abandonados a ellos y sus familias en una extrema vulnerabilidad y pobreza.

Que existe jurisprudencia del más alto tribunal reconociendo no sólo el derecho a indemnización, sino la posible determinación de los beneficiarios, retrotrayéndolos al dictado del Decreto 2778/90, en donde se produjo la real privatización de la empresa y por el cual se transformó la Sociedad del Estado en una Sociedad Anónima y se la declaró comprendida en las previsiones de los artículos 8 y 9 de la Ley 23.696. Abunda esta interpretación el expreso reconocimiento y aprobación del Decreto en análisis por la misma ley 24.145 en su artículo 6°. Por su parte, como bien dice el fallo, el continuo uso de la expresión personal de la empresa, tanto en el decreto 2778/90, como en las leyes 24.145 y 24.474 no puede tener otro significado que referirse a los trabajadores existentes al tiempo de su privatización.

Por lo hasta aquí expuesto, creemos que es necesario darle una urgente solución a la problemática de miles de ex agentes y sus familias, a los que se les reconoció indudablemente un derecho, no sólo legislativamente sino a través de la jurisprudencia, aún del más alto tribunal.

Por todo lo expuesto, Señor Presidente, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente Proyecto de Declaración.