La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que vería con agrado que, ante la falta de cambios de políticas fiscales y en la Ley de Coparticipación que aseguren un reparto equitativo de los fondos nacionales, se considere en el Presupuesto 2013 destinar los montos generados por la quita de subsidios aplicada al consumo energético en la Provincia de Mendoza para la creación del Fondo Especial para Seguridad y Educación en la Provincia de Mendoza. Dichos fondos serán administrados de acuerdo a como lo establezca una ley especial dictada al efecto por la Legislatura de Mendoza.

Señor presidente:

Los habitantes de las provincias asistimos a una constante discriminación por parte del Estado nacional que, a la hora de recaudar, no tiene inconvenientes en aplicar todo el rigor de la ley, mientras que cuando debe repartir, las consideraciones sobre quien debería recibir dinero se vuelven más laxas y confusas.

Es evidente, más en el último tiempo, que el Gobierno nacional viene ignorando las disposiciones constitucionales en cuanto a los derechos sobre los fondos coparticipables que tienen las provincias. Desde la injusta vigencia del Pacto Fiscal de 1993 por el cual las provincias siguen entregando parte de los fondos previsionales para cubrir el déficit del ya inexistente sistema jubilatorio de las AFJP; hasta la disparidad en la asignación de subsidios de toda índole. Basta con ver los aportes que el Estado nacional realiza para el transporte en los diferentes distritos. Mientras que en Capital Federal y en el Gran Buenos Aires las subvenciones alcanzan hasta el 80 % del boleto de colectivo, en provincias como Santa Fe ese valor baja hasta el 40 %. No existen fundamentos prácticos, teóricos ni legales que justifiquen semejante disparidad.

Por esas razones, el objetivo de este proyecto de declaración es instar al Estado para que adopte una postura federal, acorde con los fundamentos que dieron forma a esta República. La asignación de fondos no puede darse de manera unilateral e intempestiva. El Art. 42 de la Constitución Nacional explicita: "Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno". Los números demuestran que el trato dista una distancia considerable de ser justo e igualitario para todos. Por sólo citar un ejemplo, con los últimos datos disponibles, en el ejercicio del año pasado, la Capital Federal recibió en materia de subsidios $ 2138 por persona, mientras que la provincia de Mendoza fue beneficiada con $ 105 por personas.

Es decir, mientras no haya un plan impositivo y fiscal que prevea estos cambios por ley, las diferencias seguirán siendo considerables, lejanas al federalismo que en las provincias deseamos. Por más que se esté dando una quita progresiva, las diferencias surgen de la profundidad emergente de pactos caducos y disposiciones discrecionales que el Gobierno nacional se niega a reconocer. Mientras no se resuelvan esas cuestiones, el destino de la mayoría de las administraciones provinciales estará condenado a actitudes oscilantes que se dictan verticalmente desde el Ejecutivo.

Por todo esto proponemos la conformación de un Fondo Especial para Seguridad y Educación en la Provincia de Mendoza a través de los subsidios que le fueron quitados a los mendocinos en materia de consumo eléctrico que en total suman 63 millones de pesos ($ 63.000.000). El objetivo de la iniciativa es que parte del porcentaje que le correspondería por la Ley de Coparticipación Federal al gobierno provincial, y que no es debidamente girado por el Estado Nacional, sea compensado con la creación de este Fondo que estará destinado a mejorar la calidad de vida de miles de mendocinos.

De esta manera, el Gobierno nacional no incurriría en ningún gasto adicional, se generaría más equidad, sería un paso hacia más federalismo y, por sobre todo, el Estado Nacional cumpliría con su objetivo primordial que es velar por la el desarrollo, la prosperidad y el bienestar de sus ciudadanos.