La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el libro "Paco, una década después. Estructura de un problema y compilación normativa" bajo la autoría del Juez Federal en lo Criminal y Correccional, Dr. Sergio Torres, en conjunto con la Dra. Laura Marrazzo y Dr. Diego Iglesias y con el prólogo a cargo del Ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni.

Señor presidente:

Traemos a consideración un proyecto de resolución que tiene por objeto declarar de interés de esta Honorable Cámara el libro "Paco, una década después. Estructura de un problema y compilación normativa", como un aporte más que contribuye a profundizar, desde una visión interdisciplinaria, el debate en torno a la sustancia tóxica denominada PACO.

Como bien señalan los autores en la introducción al texto, la intención del libro que reúne a varios expertos y especialistas de distintas áreas, responde a la idea de que "el dilema del PACO debe ser abordado en forma coyuntural e integradora desde todos los Poderes del Estado, con la activa participación de los sectores sociales involucrados. Iniciativas sectorizadas, proporcionan respuestas a medias y en temas tan importantes como el que nos convoca, soluciones parciales no alcanzan para contrarrestar la problemática que yace en torno al PACO." (1)

En este marco, creemos oportuno hacer algunas observaciones respecto al contexto en el cual se originó y desarrolló el fenómeno del PACO y evitar de esta manera arribar a determinadas y erróneas conclusiones que comúnmente se dan sobre dicha problemática.

El 2001 significó un hito en la historia de los argentinos: el estallido de una de las más profundas crisis económicas, políticas y sociales puso en evidencia la vulnerabilidad de una vasta cantidad de nuestra población. La transformación de la estructura económica y social, como consecuencia de la implementación de las políticas neoliberales durante

la década de los noventa, fue configurando una sociedad cada día más polarizada, segmentada y desigual.

En este escenario, donde se expresan la mayoría de los problemas estructurales actuales como son la pobreza, la exclusión, el desempleo, la violencia, los conflictos laborales y familiares, entre otras realidades, surgieron las condiciones que permitieron la producción, el comercio y el consumo del PACO, sustancia de baja calidad y escaso valor económico, entre los sectores más vulnerables, postergados y marginados de la sociedad. De ahí, su denominación como la "drogas de los pobres".

En el año 2009, con el advenimiento del histórico fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por el cual se declara la inconstitucionalidad del artículo 14, párrafo segundo de la Ley Nº 23.737- la tenencia de estupefacientes para consumo personal- se logró recuperar la discusión en la agenda política sobre las adicciones, avanzando sobre el antiguo paradigma según el cual un adicto era tratado como un delincuente y derivado al sistema represivo estatal.

En el caso particular del PACO, tanto los prejuicios sociales, jurídicos como mediáticos, no sólo configuraron el ideario del adicto como transgresor a la normas legales vigentes, sino que además tomaron la condición social como un elemento más para estigmatizar a aquellas personas que padecen y sufren de esta adicción. Sumado a ello, las representaciones que transmiten los medios de comunicación masivos relativas al consumo de las drogas como una expresión contestataria propia de los jóvenes y no como el reflejo de problemáticas sociales más profundas y severas.

Como se advierte en el citado libro: "no es el PACO determinación del delito, ni el univoco responsable de tantos pibes viviendo en la calle. El consumo de esta droga es sólo una parte del mal social que padecemos, porque como lo dijéramos al principio, la

causa de todos los males, yace en la marginación social. Esta es la razón por la cual niños/niñas, adolescentes y jóvenes mueren todos los días como resultado de una vida miserable, cargada de privaciones, necesidades básicas insatisfechas, discriminación y desprecio." (2)

Frente a esta realidad que significa la presencia del PACO, la exhortación que hace el máximo tribunal de justicia en el fallo judicial a los poderes del Estado, a tomar acciones que repriman el narcotráfico de estupefacientes por un lado y por el otro, a implementar políticas de salud destinadas a la atención y tratamiento de los adictos, resulta cada vez más necesaria y urgente por el avance significativo que tuvo la producción de esta sustancia tóxica en nuestro país durante los últimos 10 años y también por las devastadoras consecuencias psicofísicas que trae aparejado en las personas que la consumen, ocasionando incluso en algunos casos hasta la muerte.

En este sentido, Argentina se caracteriza por tener un grave déficit político e institucional en ambas materias. Respecto a la represión del tráfico ilegal de estupefacientes y en particular con la proliferación de la producción del PACO en nuestro país, carecemos de un decreto que reglamente la Ley N° 26.045 de precursores químicos sancionada en el año 2005. Por nuestra condición de polo industrial de sustancias químicas en la región, esta herramienta legal constituye un aspecto fundamental para establecer los mecanismos adecuados para la fiscalización de los precursores químicos y evitar su desvío a los laboratorios dedicados a la elaboración y fabricación del PACO y otras drogas ilícitas.

Asimismo, ante aumento de los consumidores de PACO y con edades cada vez más bajas en el inicio del consumo, nos encontramos con un sistema de salud pública colapsado.

"A la par que se incrementan la cantidad de usuarios de Paco y PBC en todo el país, calculándose un aumento del 200% (según cifras de SEDRONAR) y del 500% (según mediciones de FONGA) en los últimos años, se modificó la franja etárea de adolescentes que se inician en su consumo, hacia edades más tempranas, registrándose casos de niños y niñas de tan sólo nueve años. Estas cifras, continúan impactando en el sistema de salud sanitario estatal, tanto en los efectores de competencia nacional como metropolitana, por cuanto han tenido que hacer frente a una demanda de atención y tratamiento que puso de manifiesto las dificultades operativas y recursivas del aparato de salud publica." (3)

Ante esta delicada situación antes descripta, también han quedado en evidencia las fallas del actual modelo nacional de intervención que brinda asistencia a las adicciones, a través de la entrega de subsidios. Según los datos suministrados por el actual Secretario de Estado Dr. Ramón Granero "los totales de las personas con problemas de adicciones subsidiadas por la SE.DRO.NAR, son los siguientes: en el año 2002 son 795, en el año 2003 son 1.057, en el año 2004 son 1028, en el año 2005 son 759 y en el año 2006 son 102."

Lo llamativo de estas cifras es la escasa cantidad de personas asistidas por dicha Secretaria encargada en la prevención y asistencia de las adicciones en todo el país. De ello se desprende que la atención misma representa una muestra mínima de una problemática mucho más vasta, compleja y generalizada en todas las provincias del territorio argentino. El deterioro psicofísico de los niños y adolescentes como consecuencia del consumo del PACO y la falta de respuestas concretas por parte del Estado para dar una solución a esta problemática, llevó a que un grupo de madres se organizara y movilizara para reclamar por los derechos de sus hijos y jóvenes. Con voluntad, compromiso y solidaridad lograron instalar el tema en la sociedad. Sin embargo, estos esfuerzos sólo se tradujeron en el reflejo de acciones aisladas, sin aun poder generar la definición de una política estatal que incorpore a los tres niveles gubernamentales y a los tres poderes de gobierno.

En coincidencia con lo impreso en el libro postulamos que "seguramente, el desafío que mayor dificultad presenta, yace en la creación de estrategias que importen oportunidades concentras de inclusión para el consumidor de drogas." (4)

Y es en este sentido, que consideramos y valoramos los aportes surgidos por los autores en el libro, ya que nos permiten reflexionar sobre la realidad que circunda a esta sustancia denominada PACO e invita a todos los actores involucrados a continuar profundizando en el debate, a fin de llegar a un consenso para definir las mejores políticas que prevengan y asistan a las personas, especialmente jóvenes, que sufren esta adicción.

Es por los motivos hasta aquí expuestos, que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.