La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre cuestiones relacionadas con las partidas presupuestarias de la Dirección General de Inteligencia del Ejército (DIE), y brinde detalles, en particular, sobre:

1) Su presupuesto anual asignado y devengado desde el año 2010 hasta la actualidad, desagregando según cada área de la DIE e indicando la cantidad de personal designado.

2) El porcentaje que este presupuesto representa respecto del presupuesto anual (asignado y devengado) del Ejército Argentino, y del presupuesto anual (asignado y devengado) del Ministerio de Defensa en materia de inteligencia;

3) El motivo que justifica el aumento presupuestario en cada uno de los años indicados en el primer inciso;

4) El motivo por el cual el presupuesto actual de la DIE supera el del resto de las fuerzas de seguridad u organismos de inteligencia (Policía Federal Argentina, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Dirección de Inteligencia Criminal);

5) Las operaciones específicas de inteligencia que lleva a cabo la DIE y si ha colaborado con otras fuerzas de seguridad para proveer información de inteligencia a la Justicia. En tal caso, indique bajo qué modalidad y bajo qué procedimientos.

Señor presidente:

Todo lo relacionado con tareas de inteligencia en nuestro país en los últimos años se encuentra cubierto por el más grave manto de sospecha. Entre los antecedentes más directos y preocupantes pueden mencionarse el llamado "Proyecto X" y el hecho -inédito en la historia del Ejército Argentino- de que el Jefe del Estado Mayor, General César Milani, conserve también la jefatura de la Dirección General de Inteligencia del Ejército (DIE).

El presente Proyecto de Resolución surge a partir de las exorbitantes cifras que muestran el aumento de presupuesto para la (DIE), que parece no tener ninguna explicación razonable. Ello así, pues dicho incremento en los últimos 4 años quintuplica el de las partidas de la Secretaría de Inteligencia; mientras que las actuales duplican las del resto de las Fuerzas Armadas en conjunto (Fuerza Aérea, Armada y Estado Mayor Conjunto), e iguala las de Gendarmería Nacional y de la Policía Federal en conjunto.

Cabe aclarar que, en un país que carece de conflictos y de hipótesis de conflictos con fuerzas externas, estas partidas presupuestarias parecen ser sólo explicadas por la estrecha relación y confianza entre el General Milani y el Poder Ejecutivo de la Nación; relación que fue más fuerte que todas las voces de la oposición y de la sociedad civil que impugnaron el pliego de designación del General al ser investigado por la Justicia por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura; todas cuestiones que no hacen más que agravar este estado de situación.

Nuestro país sufre como nunca los flagelos del narcotráfico, el lavado de dinero, el crimen organizado y la trata de personas, de modo tal que aumentar las partidas presupuestarias de la DIE no sólo parece un despropósito, sino una falta total de respeto y de responsabilidad hacia el pueblo que exige soluciones inmediatas a los problemas desatendidos más urgentes. Debe recordarse que el Ejército, en virtud de la Ley de Defensa Nacional, 23.554, tiene prohibido realizar tareas de inteligencia sobre asuntos internos.

Como ya se ha dicho, los antecedentes en materia de inteligencia en los últimos años de nuestro país son, como mínimo, preocupantes, y es nuestro deber mantener la alerta para evitar todo tipo de abusos. Por supuesto que, aquella información que sea considerada de carácter secreto, deberá remitirse a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia (Ley 25.520), pues tal carácter no exime al Poder Ejecutivo de la obligación de informar y rendir cuentas ante los representantes del pueblo.

Por ello, y en el espíritu de que los principios republicanos otorgan a los representantes del pueblo la facultad de controlar los actos de gobierno, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente Proyecto de Resolución.