La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Salud, la CONADIS, el PAMI y/o el organismo que corresponda, se sirva informar respecto del estado de actualización o adecuación al costo de vida de los aranceles de los servicios pertenecientes al SISTEMA DE PRESTACIONES BASICAS DE ATENCION INTEGRAL A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD que prestan las instituciones, los transportistas y otros prestadores, y de la deuda que se mantiene con los mismos por el concepto expresado.

Señor presidente:

Es de público conocimiento la crisis que afecta al sector de instituciones y transportistas que realizan trabajos en el marco del . SISTEMA DE PRESTACIONES BASICAS DE ATENCION INTEGRAL A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. En efecto, los aranceles de las prestaciones no se han adecuado en forma oportuna y razonable al aumento de los costos que deben afrontar los prestadores, entre otros conceptos en materia de sueldos.

También se ha conocido y comprobado fehacientemente el atraso en los pagos a prestadores de diferentes Obras Sociales en todo el país, que rondan entre los tres y seis meses.

La falta de pago y adecuación de aranceles, pone en riesgo la continuidad de los servicios, afectando 90 mil puestos de trabajo y a 100 mil personas con discapacidad que reciben coberturas de los servicios educativos, terapéuticos educativos, asistenciales, centros de rehabilitación, transporte y alojamiento.

Desde las entidades aseguran que se han realizado gestiones desde el mes de octubre de 2013 ante los organismos y funcionarios involucrados en el tema, fundamentalmente ante el Ministerio de Salud de la Nación, el PAMI y la CONADIS, pero no han obtenido una respuesta favorable a sus reclamos.

Si bien el Ministerio de Salud ha acordado un aumento de 18% -Resolución 1151/2014- este aumento se hará efectivo recién a partir de noviembre y diciembre, por lo que no solucionaría la crisis actual

del sector, que podría terminar rápidamente en el desamparo de las personas con discapacidad que necesitan de estos servicios.

Las instituciones y transportistas que trabajan para personas con discapacidad han comenzado a recortar los gastos, estando, en muchos casos, en proceso de suspender los servicios, lo cual ha sumido a familias enteras en un estado de angustia y desamparo; sin contar la desesperada situación de aquellas personas con discapacidad que no tienen familia y quedan depositadas en lugares no adecuados sin la atención apropiada.

No debe perderse de vista que la responsabilidad de la cobertura total de las prestaciones básicas para personas con discapacidad, establecidas en la ley 24.901 y sus decretos reglamentarios, es del

Estado Nacional. En efecto la responsabilidad la tiene el Estado en forma directa en aquellos casos en que dichas personas no tengan

ninguna cobertura, y en forma subsidiaria cuando estén cubiertos por una obra social o medicina prepaga.

El principio de responsabilidad subsidiaria del Estado nacional en materia de salud, ha sido reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en numerosas oportunidades, baste citar el caso: "Campodónico de Beviacqua, Ana Carina c/ Ministerio de Salud y Acción Social. Secretaría de Programas de Salud y Banco de Drogas Neoplásicas" (24/10/2000).

El más alto Tribunal ha destacado la obligación impostergable que tiene el Estado Nacional de garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deben asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la llamada medicina prepaga. Asimismo ha concluido que el Estado Nacional ha asumido compromisos internacionales explícitos orientados a promover y facilitar las prestaciones de salud y que, dicha obligación, se extiende a sus subdivisiones políticas y otras entidades públicas que participan de un mismo sistema sanitario, en este caso, el Ministerio de Salud de la Nación.

El Estado, según el más alto Tribunal, tiene una responsabilidad subsidiaria en la cuestión, como garante del sistema de salud, responsabilidad que nace del compromiso internacional que asumió al asegurar a todos los habitantes el derecho a la salud.

Ese compromiso internacional fue asumido en materia de discapacidad por el Estado Argentino al ratificar en el año 2006 la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, que en su artículo 25 establece que: "Los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad.

Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud"

El actual estado de cosas pone en crisis los servicios de asistencia, transporte, rehabilitación, internación que son prestados por privados a las personas con discapacidad, llegando la situación a un punto insostenible con peligro de daños para quienes necesitan ser asistidos y para sus familias.

Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto