El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1º.- Declárase de interés nacional y asígnase carácter prioritario, dentro de las políticas públicas nacionales en las áreas que correspondan, a la investigación científico-tecnológica destinada a eliminar o reducir las consecuencias contaminantes de la producción de insumos o a su sustitución por otros ambientalmente aceptables, para la fabricación de papel para diarios, libros y publicaciones culturales y educativas.

Artículo 2º - A los fines de la presente ley, el Poder Ejecutivo Nacional deberá arbitrar las acciones necesarias para:

- favorecer la utilización de materia prima nacional y de condiciones de producción ambientalmente aceptables en las industrias actualmente existentes.

- establecer como requisito obligatorio el uso de tecnología ambientalmente aceptable para las nuevas industrias.

- coordinar acciones con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECYT) y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a los efectos de elaborar un programa de investigación en cumplimiento del Artículo 1 la presente ley, en un plazo que no deberá superar los 120 (ciento veinte) días.

Artículo 3º. Los gastos que demande el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley serán atendidos con los recursos que destine, a tal efecto, la ley de presupuesto general de la administración pública. Autorícese al Poder Ejecutivo Nacional a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la presente ley, durante el ejercicio de entrada en vigencia de la misma.

Artículo 4º. Será autoridad de aplicación de la presente ley la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

Artículo 5º. El Poder Ejecutivo Nacional deberá transferir anualmente los fondos necesarios a las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires que adhieran a la presente ley, con el objeto de ejecutar las acciones preventivas y de control en el marco de los programas que disponga la autoridad de aplicación.

Artículo 6º. Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.

Artículo 7º. Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a los sesenta (60) días de su publicación en el Boletín Oficial, plazo dentro del cual el Poder Ejecutivo Nacional procederá a reglamentarla.

Artículo 8º. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

El día 27 de agosto del corriente año, llegó al Congreso de la Nación un proyecto enviado desde el Poder Ejecutivo en el que se prevé, en su Artículo 1, la declaración de interés público de la fabricación, comercialización y distribución de la pasta celulosa y de papel para diarios.

Ahora bien, no deja de llamar la atención la iniciativa: declarar de interés público un proceso que, realizado en un país vecino, ha significado que el entonces Gobierno del Sr. Néstor Kirchner lleve a nuestro país a litigio internacional.

Nos resulta imprescindible recordar que desde el año 2002, año en el que comenzaron las primeras denuncias de los vecinos de Gualeguaychú por un proyecto de la firma española ENCE de construir una planta de celulosa en Fray Bentos (proyecto que fue abandonado en 2006, quedando en pie sólo el de la entonces finlandesa Botnia), comenzó un pleito transnacional que llevó a que la Argentina demandara a Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia argumentando, entre otras cosas, que la instalación de las plantas de celulosa es contaminante.

Así fue como el 20 de abril la Corte de La Haya dictó el fallo definitivo, resolviendo que Uruguay no violó sus obligaciones para evitar la contaminación ambiental, por lo que consideró que resultaba desproporcionado ordenar el cierre de la planta de Botnia, pero que ambos países debían monitorear conjuntamente el río, a través de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y aplicando el Estatuto del Río Uruguay.

Centenares de argentinos, muchos de ellos agrupados en la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú (ACAG), se manifestaron el 25 de abril para protestar por el fallo sosteniendo que se mantendría el corte, hasta tanto la empresa fuera cerrada definitivamente.

Luego de años de alentar, promover e incluso asistir con distintas medidas el accionar de los vecinos de Gualeguaychú, al que la máxima autoridad nacional presentó en 2005 públicamente como cuestión nacional, "que la República Argentina toda asume como un problema propio", y calificando la lucha de esa ciudad, incluido el corte como "lucha gloriosa", la respuesta del actual gobierno nacional fue criminalizar la protesta social de la ACAG, denunciando a varios de sus líderes.[]

Mientras tanto el día 29 de abril se sucedió una reunión bilateral entre los presidentes de Argentina y Uruguay para tratar de destrabar el conflicto, luego de la cual, en una conferencia de prensa, anunciaron que se llevaría a cabo "un proceso de reencauzamiento definitivo".

A las claras, puede verse la improvisación e irresponsabilidad, con la que actúa el gobierno para enfrentar temas coyunturales y estructurales que hacen a la vida nacional.

En este marco debe analizarse el conflicto por el "Papel Prensa".

La denuncia realizada por el Poder Ejecutivo Nacional y el informe presentado se enmarcan en una irracional disputa desatada entre el Ejecutivo y un grupo económico de posición dominante en el mercado comunicacional de la Argentina. Es harto sabido que dicha disputa no existía poco tiempo atrás, al punto que ese mismo grupo fue favorecido ampliamente -con escasas voces que se alzaron para denunciar ese favoritismo- hasta comienzos de 2008, es decir por parte del Gobierno encabezado por Néstor Kirchner e integrado por la actual titular del Poder Ejecutivo Nacional.

Con absoluta responsabilidad, el socialismo aspira a salir del ring en el que el Gobierno encabezado por la Dra. Cristina Fernández pretende insertar a la sociedad argentina.

Convencidos de que es necesario y conveniente regular la actividad del papel, precisamente para garantizar y no para restringir la libertad de prensa, convencidos de que el Estado Nacional debe bregar por el cumplimiento de la Ley Antimonopolios; y convencidos también de que las políticas públicas deben ser coherentes, es que presentamos esta iniciativa, porque no podemos sostener que aquello que consideramos riesgoso o contaminante cuando lo hacen otros, deja de serlo cuando somos nosotros quienes lo realizamos.

En este sentido es importante mencionar que el presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Enrique Martínez, advirtió que, además de la pastera ubicada en Fray Bentos, "hay otras ciudades, otras industrias que contaminan". "El efecto de los efluentes cloacales de las ciudades argentinas hoy es mayor que el de Botnia".[]

Por eso nuestra iniciativa apunta a declarar prioritaria la investigación científico-tecnológica destinada a eliminar o reducir las consecuencias contaminantes de la producción de insumos o a su sustitución por otros ambientalmente aceptables, y avanzar en las mejores condiciones posibles para que la Argentina modifique el panorama actual, consecuencia de la producción papelera en condiciones que nuestro país ha objetado en la orilla de enfrente pero parece no querer someter a estudio cuando se trata de nuestra propia casa.

Argentina no se queda atrás en lo que a contaminación se refiere. Salvo pocas excepciones, todas las plantas de celulosa de la Argentina utilizan cloro elemental, la tecnología de blanqueo más contaminante. La mayoría de ellas provocan mal olor, emiten sustancias contaminantes al ambiente, no tratan debidamente los residuos que generan y son cuestionadas por vecinos y organizaciones ambientalistas por su mal desempeño ambiental.

Casos a mencionar son Celulosa Argentina SA, en Capitán Bermúdez, que tiene su principal planta desde 1929, donde produce pasta de celulosa que exporta en su mayoría, ciudad en la cual los casos de alergia, enfermedades del sistema respiratorio e irritación en los ojos son comunes.

Papelera del Tucumán, cuyos directivos fueron condenados en 2005 por contaminar el arroyo Calimayo que desemboca en el río Colorado, a través del derrame de efluentes industriales sin previo tratamiento.

Así también Papelera Ledesma (Jujuy), que es conocida por la contaminación ambiental producida por el bagazo de la caña de azúcar, que utilizan como materia prima de la papelera Ledesma y estiban a la intemperie.

Y, por último, y caso paradigmático, la misma empresa Papel Prensa S.A, fundada en 1972, cuya planta, inaugurada el 27 de septiembre de 1978, ubicada en la localidad bonaerense de San Pedro, sigue vertiendo sus desechos en un afluente del Paraná de las Palmas, sin contar con autorización de la policía ecológica bonaerense, ni certificado de aptitud ambiental.

Lo paradójico es que fueron técnicos enviados por funcionarios del gobierno (por el jefe de gabinete de entonces, Alberto Ángel Fernández, y por su secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Romina Picolotti), quienes, en marzo de 2007, comprobaron el vertido de efluentes líquidos contaminantes de la planta y fijaron un plazo de 180 días para eliminar esa contaminación. Como consecuencia de dicha comprobación, la empresa Papel Prensa demandó al Estado Nacional, su socio, argumentando que la Secretaría de Ambiente de la Nación no tenía jurisdicción. El dictamen del fiscal Juan Patricio Murray señala con precisión que la empresa papelera propiedad del Grupo Clarín, el diario La Nación y el Estado nacional "no cuenta con certificado de aptitud ambiental vigente", "no tiene permiso de vuelco de efluentes líquidos industriales al río Baradero" y "no utiliza las instalaciones de su planta de tratamiento por encontrarse saturadas".

Es evidente que la industria de la celulosa y el papel en nuestro país no ha tenido un desempeño responsable y deben ser objeto de una regulación moderna y eficaz, que prevea la implementación de de tecnologías superadoras que permitan reducir los impactos nocivos.

Desde el Bloque de diputados y diputadas del socialismo, entendemos que no se puede soslayar la historia reciente de la Argentina. No se puede obviar que el Estado Nacional denunció ante la Corte Internacional de Justicia a un país vecino por pretender producir pasta de celulosa. Tampoco puede omitirse que ese Estado solicitó y efectuó el análisis a los efluentes de la planta de Papel Prensa S.A, sosteniendo posteriormente su carácter de líquidos contaminantes. Resulta entonces altamente inconsistente que ahora se quiera declarar "de interés público" y por ley a una actividad previamente denunciada como riesgosa y contaminante.

Por todo lo expuesto solicito a los señores/as diputados/as apoyen este proyecto de ley.