La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su más enérgico repudio a la intro- misión en los asuntos internos de la Argentina por parte del Juez Neoyorquino, Thomas Griesa, en un exceso de jurisdicción y desconocimiento de la soberanía.

Señor presidente:

En el día de ayer, los fondos buitre solicita- ron una audiencia de emergencia, el juez Thomas Griesa la convocó de inmediato pero, más allá de su tradicional malestar con el país, no tomó ninguna determinación y reiteró que la solución debe ser acordada. Los fondos buitres solicitaron que la Argentina sea declarada en desacato y sancionada como respuesta por el proyecto de ley de pago soberano de la deuda externa girado por parte del Poder Ejecutivo a este Congreso. La agresiva estrategia del país para intentar que los tenedores de bonos del canje reciban sus pagos fue calificada por el magistrado estadounidense como "ilegal", "inválida" y "violatoria de las órdenes vigentes".

En un exceso de jurisdicción y desconoci- miento de la soberanía, el juez Griesa opinó sobre la ilegalidad de un proyecto de ley que ni siquiera comprendió en toda su extensión. Pretender declarar "ilegal" a un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envía al Parlamento demuestra nuevamente su desprecio por la so- beranía nacional de la Argentina y su absoluto desconocimiento del funcionamiento de las instituciones democráticas. No sólo le bastó con sembrar confusión con su sentencia y sus órdenes contradictorias, sino que ahora pretende, a pedido de los fondos buitre, imponer condiciones al Congreso, máximo órgano legislativo de la Nación, pretendiendo forzar a la República Argentina a pagarles a los fondos buitre y presionar a la República Argentina para que realice ofertas en violación de sus leyes y de sus contratos y con el riesgo de que se dispare la cláusula RUFO. Lejos de impartir justicia y generar condiciones equilibradas entre las partes, el juez sólo busca favorecer a los fondos buitre.

Las advertencias y calificativos de Griesa tampoco fueron novedosos. A mediados de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos re- chazó el pedido de revisión de la sentencia y órdenes del magistrado solicitado por argenti- na. En ese momento, el ministro de Economía Axel Kicillof anunció que el país pondría a disposición de los acreedores la posibilidad de modificar el lugar donde cobrar los venci- mientos de capital e intereses de sus títulos. La respuesta de Griesa no tardó en llegar y po- cos días después advirtió que la propuesta de cambio de la ruta de pago constituye una vio- lación de sus órdenes: "Argentina tiene prohibido llevar adelante la propuesta del ministro de Economía", escribió entonces el responsable del tribunal neoyorquino.

Esa misma escena se reiteró ayer en la au- diencia requerida por los demandantes. Los abogados buitres le reiteraron al juez que decla- rar al país en desacato sería de ayuda

para implementar las órdenes del magistrado. Para esos letrados, el "desacato" no solo afectaría al país, sino que desalentaría a terceras partes a colaborar con el país al momento de desplazar al BoNY o cambiar la legislación de los bonos.

Las implicancias de figuras legales como el "desacato" solicitadas por los buitres son imprecisas para el caso de un Estado soberano como es la Argentina. Más allá de una hipotética sanción material -multas pecuniarias co- mo las que contempla el Artículo 666 bis del Código Civil local-, declarar al país en des- acato constituiría un "estigma".

Creemos que el juez en un exceso de jurisdicción y desconocimiento de la soberanía, inmiscuyéndose en nuestros asuntos inter- nos como es nuestro derecho a la legislación, muestra su parcialidad hacia los fondos bui- tres y su intencionalidad en contra de la Argentina.

Por los motivos expuestos, solicito a este Honorable Cuerpo, la aprobación del presente proyecto.