La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo de la Nación para que a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, reglamente la ley N°26842 sobre Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, que fuera promulgada y publicada en el Boletín Oficial mediante Decreto 2571/2012, el día 27 de diciembre de 2012.

Habiéndose vencido el plazo estipulado para su reglamentación en más de 6 meses y repercutiendo esta situación en la postergación de acciones y coordinación de políticas públicas, la generación de normas, medidas, protocolos y asistencia para las víctimas de trata de personas.

Señor presidente:

El siguiente proyecto de resolución tiene por objeto solicitar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por intermedio del Poder Ejecutivo de la Nación la reglamentación de la ley N°26842 sobre Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, modificada en Sesiones Extraordinarias el 19 de diciembre pasado.

Desde el Partido Socialista acompañamos esta modificación porque consideramos que es una herramienta necesaria, aunque no la única, para combatir este flagelo.

Fuimos y somos protagonistas de una historia política de lucha y de compromiso. En 1913 Alfredo Palacios presentó la primera ley contra la trata y explotación de personas. La iniciativa fue aprobada oportunamente sin modificaciones por ambas Cámaras, amplió la definición de la trata de blancas e incorporó la corrupción de menores de ambos sexos y de mujeres adultas. Han pasado cien años de esta primera ley y es necesario destacar que Alfredo Palacios ya hablaba del no consentimiento.

Debemos reflexionar acerca de que la ley es un aspecto muy importante, pero absolutamente insuficiente. Es necesaria su reglamentación para la puesta en marcha de políticas, estrategias, capacitaciones, asignación de presupuesto, entre otras cosas. El Poder Ejecutivo cuenta con 90 días de plazo para la reglamentación de la ley (art. 28), y ya han pasado más de 8 meses desde su publicación en el Boletín Oficial. Este incumplimiento produce que miles de casos de trata de personas puedan pasarse por alto o ser interpretados como otro tipo de crímenes, y a su vez frena la creación de dos órganos de suma importancia para la generación de políticas públicas integrales: el Consejo Federal y el Comité Ejecutivo, quienes tienen como fin la acción y coordinación de políticas públicas, la generación de normas, medidas, protocolos, la asistencia a víctimas, entre otros.

Es decir, si no garantizamos la reglamentación nuevamente estaremos definiendo un derecho en un papel sin que se materialice en las personas.

La postergación por parte del Estado Nacional evidencia una falta de compromiso en la lucha contra la trata, en el acompañamiento de las víctimas, en la puesta en marcha de políticas públicas y en el ejercicio de los derechos de la ciudadanía.

Por las consideraciones expuestas, es que solicito a mis pares acompañen con sus firmas la aprobación del presente Proyecto de Resolución.