La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Reclamar la inmediata libertad de Milagro Sala, dirigente del movimiento Tupac Amaru, en la provincia de Jujuy, fundada en una causa contra el derecho a la manifestación popular, pasible de ser encuadrada en ley Antiterrorista, como represalia y extorsión ante el acampe realizado en la Plaza Belgrano.

Junto a la libertad de Sala, planteamos el levantamiento y anulación de la causa por la movilización que inició el gobierno provincial. Plantear el cese de las amenazas y persecuciones en el mismo sentido contra otros dirigentes y militantes de este movimiento por parte del gobierno provincial de Gerardo Morales.

Señor presidente:

La detención de la dirigente Milagro Sala, del movimiento Tupac Amaru, en la provincia de Jujuy, es un acto extorsivo y un ataque a todo el movimiento obrero. Establece un precedente peligroso contra el movimiento obrero y popular que lucha y se moviliza por sus derechos y ahora, en particular, enfrentando las medidas de 'ajuste' contra los trabajadores que ha lanzado el gobierno nacional y provincial.

Se ha ido más lejos que las anteriores acusaciones contra el poder acerca de que judicializaban la protesta social. Ahora, se mete directamente presos a los dirigentes de esta protesta y con ellos encerrados se pretende montar procesos jurídicos que van cambiando de carátula a cada minuto para justificar y agravar la detención.

Es un precedente peligroso porque viene antecedida en forma inmediata por la fuerte represión, con heridas de balas y detenidos contra los trabajadores de Cresta Roja y contra los trabajadores estatales en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. En ambos casos se trata de la resistencia obrera a una política de despidos masivos implementada por patronales privadas y por el propio Estado. En todos los casos se pretende manipular a la opinión pública contra los trabajadores y sus luchas. Se los acusa de ñoquis y vagos. Se los muele a palos acusándolos de patoteros porque no aceptan resignadamente el destino de transformarse en desocupados.

En el caso jujeño, el acampe de las organizaciones de trabajadores cooperativistas en la Plaza, ha servido de excusa para montar una acusación judicial contra Milagro Sala por "instigación al delito y al tumulto". La protesta social no es un delito y el acampe jujeño no es un tumulto, es una organizada expresión de lucha de la parte más sumergida del pueblo de dicha provincia.

Ahora, el gobernador Morales ha anunciado que profundizará la acusación contra Milagro Sala, señalando como la jefa de una "organización ilícita", para que no pueda ser excarcelada. Y ha amenazado que detendrá bajo esta misma acusación a una docena de dirigentes de la Tupac Amaru.

El tipo de acusaciones lanzadas para mantener detenida a Milagro Sala, nos coloca al borde de la aplicación de la ley antiterrorista, aprobada bajo el gobierno anterior de Cristina Fernández de Kirchner. Siempre hemos denunciado que esa ley estaba dirigida contra las luchas obreras y populares, que se podía manipular para asimilar cualquier asamblea de trabajadores en un 'atentado contra la democracia'.

El gobernador Morales esconde su intención política represiva detrás de que cumple con las órdenes de encarcelamiento dictadas por "la justicia". Pero no se esfuerza en ocultar la manipulación de la misma, como se va dictando libreto que esta debe seguir desde el poder ejecutivo provincial que él preside.

Esta 'justicia' está demostrando su carácter servil del poder político. Hasta el 10 de diciembre, Milagro Sala venía siendo sobreseída o las causas quedaban prescriptas o no se avanzaba en ninguna investigación en las más de 60 causas que tiene en su contra. Un cambio de signo de gobierno hace que la 'justicia' busque acomodarse frente al nuevo poder de turno y actúe con celeridad en una acción dirigida contra la protesta social.

Insistimos: no se ha encarcelado a Milagro Sala por ninguna clase de estafa o corrupción, sino por dirigir la organización que ha acampado en la Plaza de Jujuy para reclamar por los derechos de miles de vecinos. Es un ataque contra el derecho elemental de los explotados a luchar.

Por otra parte, la gobernación de Gerardo Morales está "reempadronando" las cooperativas que se van apartando de la red Tupac Amaru, reproduciendo su carácter de política asistencial de cooptación de organizaciones al Estado, bajo la forma de cooperativas de precarización laboral. Queda muy claro que Morales no ha desmontado la red punteril de Milagro Sala mediante el pase a convenio de la construcción a los "cooperativistas" para construir las viviendas y/o ejecutar las obras públicas de la provincia, que es el reclamo de las organizaciones de lucha independientes. Morales está extorsionando las cooperativas de la red, para que sus punteros reporten al nuevo poder político, a partir del control de la caja nacional y provincial por parte del gobierno de Macri en la Nación y de su gobierno en la provincia.

Simultáneamente se le quita a las Cooperativas que no se retiran del acampe, la personería jurídica y se inhabilita sus cuentas bancarias. Esto, formalmente, les impide que puedan inscribirse para los planes de construcción de viviendas y otros tipos de obras con el Estado. A nadie se le puede escapar, y menos al gobernador Morales, que este sistema cooperativo es un caso típico de fraude laboral, de precarización del trabajo, con salarios por debajo de los convenios colectivos de trabajo. Se trata de una superexplotación laboral alentada por el Estado. (A lo que se suma la corrupción existente dentro de la burocracia intermediaria de este sistema). Gerardo Morales no se propone terminar con la superexplotación y el fraude laboral, sino cambiar de amo regimentador al sistema de cooperativas que regentó Milagro Sala hasta ahora.

El reclamo de la libertad de Milagro Sala incluye el levantamiento de la causa contra el acampe.

Por estos motivos, solicitamos el apoyo a los señores diputados a este Proyecto de Resolución.