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PROYECTO DE TP
Expediente 6485-D-2013
Sumario: EXPRESAR ADHESION AL CONSENSO MONTEVIDEO PROCLAMADO POR LOS PAISES INTEGRANTES DE LA "CEPAL" EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2013 EN LA CIUDAD CAPITAL DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY.
Fecha: 12/09/2013
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 132
La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:
- Expresar su adhesión al Consenso
Montevideo proclamado por los países integrantes de la CEPAL reunidos en la
Primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de
la CEPAL el 15 de agosto pasado en la capital uruguaya.
- Solicitar al Poder Ejecutivo que
implemente las políticas de acuerdo con las medidas proclamadas como
prioritarias en el Consenso de Montevideo, considerando que concuerdan con la
legislación argentina vigente y que la representación oficial de Argentina en la
Conferencia ha participado en la elaboración del citado Consenso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En Montevideo, del 12 al 15 de agosto
de 2013, se realizó la primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población
y Desarrollo de América Latina y el Caribe, con el apoyo del Fondo de Población
de las Naciones Unidas (UNFPA) en el que 38 países asociados de la CEPAL
analizaron el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población
y Desarrollo para después de 2014, bajo la consigna "Integración plena de la
población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y enfoque de
derechos: clave para la agenda después de 2014."
Esta conferencia tuvo como resultado
la suscripción del Consenso de Montevideo por parte de todos los países
participantes que establece la agenda regional para dar seguimiento al Programa
de Acción de El Cairo después de 2014.
Considero que este acuerdo no debe
pasar desapercibido por la importancia que tiene para la implementación efectiva
de políticas públicas en nuestro país y la región. Se define allí una agenda muy
ambiciosa que pone a América Latina a la vanguardia de las metas propuestas
para lograr la igualdad, asimismo aporta definiciones muy importantes para
observar el cumplimiento de los derechos económicos y sociales en la región.
Para comprender acabadamente la
importancia de este acuerdo hay que recordar dos antecedentes: la Conferencia
Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994) y la Declaración
del Milenio aprobada por la Asamblea Gral. de Naciones Unidas en septiembre de
2000.
En El Cairo 1994, se llevó a cabo la
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, en la que 179 países
acordaron un Plan de Acción a 20 años de gran importancia para abordar
cuestiones de población y desarrollo de manera conjunta. Los postulados de El
Cairo fueron retomados en la Declaración del Milenio, sin embargo, los
compromisos establecidos en estos acuerdos internacionales están lejos de
cumplirse en América Latina, ya que a pesar de la mejora en algunos indicadores
de desarrollo económico, las metas acordadas no se cumplieron en los plazos
previstos, agravado por la persistencia de la desigualdad en la región.
En este sentido el objetivo de la
Conferencia regional era examinar en el marco del Programa de Acción de la
Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo después de 2014 los
progresos en América Latina y el Caribe en los últimos 20 años e identificar las
medidas fundamentales para reforzar su implementación, poniendo énfasis en los
asuntos regionales emergentes en materia de población y desarrollo, y en el
bienestar humano y la dignidad, así como su sostenibilidad, trabajando alrededor
de 8 temas para la agenda regional. Como resultado de esta Conferencia los
países de la región aprobaron el Consenso de Montevideo.
Es de destacar que la delegación
argentina acompañó y participó de la elaboración de esta declaración ya que
muchos de los postulados del Consenso de Montevideo se encuentran
contemplados en la legislación argentina. Sin embargo, al momento de presentar
la experiencia nacional y las perspectivas para después de 2014, la
representación oficial argentina realizó una exposición en la que se destacaban
fundamentalmente los avances legislativos con escasa referencia a las políticas
implementadas por el Poder Ejecutivo para cumplir con lo establecido en la
legislación mencionada.
Efectivamente la Argentina es pionera
en la región en materia legislativa y es correcto destacar estos logros sin embargo
está pendiente la implementación de políticas que los garanticen.
El Consenso de Montevideo reafirma la
vigencia de los objetivos y las metas del Programa de Acción de la Conferencia
Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) de las Naciones Unidas
aprobado en El Cairo en septiembre de 1994, y detalla más de 120 medidas sobre
los ocho temas identificados como prioritarios para dar seguimiento al Programa
de Acción para reforzar la implementación de los asuntos de población y
desarrollo después de 2014 a través de medidas que deben guiar las políticas que
permitan cumplir con el citado Programa. De esas 120 medidas considero
importante destacar las siguientes:
Principios Generales
- Reafirmar que la laicidad del
Estado es también fundamental para garantizar el ejercicio pleno de los derechos
humanos, la profundización de la democracia y la eliminación de la discriminación
contra las personas,
- Fortalecer el rol del Estado y
dotarlo de la capacidad de proveer una gestión estratégica con una mirada de
largo plazo para intervenir en el diseño del desarrollo nacional,
Integración plena de la población y su
dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los derechos
humanos
2. Aplicar un enfoque de derechos
humanos con perspectiva de género e intercultural en el tratamiento de los
asuntos de población y desarrollo;
3. Establecer y fortalecer la
institucionalidad pública encargada de los temas de población y desarrollo, a
escala nacional y subnacional, y asegurar su integralidad y sostenibilidad, con la
participación activa de otros actores no gubernamentales;
Derechos, necesidades,
responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes
8. Garantizar la existencia de
mecanismos de participación efectiva de adolescentes y jóvenes en el debate
público, en la toma de decisiones y en todas las etapas de las políticas y
programas, fortaleciendo los mecanismos institucionales de juventud;
9. Invertir en la juventud, a través de
políticas públicas específicas y condiciones diferenciales de acceso,
especialmente en la educación pública, universal, laica, intercultural, libre de
discriminación, gratuita y de calidad;
11. Asegurar la efectiva
implementación de programas de educación integral para la sexualidad,
reconociendo la afectividad, desde la primera infancia, respetando la autonomía
progresiva del niño y las decisiones informadas de adolescentes y jóvenes sobre
su sexualidad, con enfoque participativo, intercultural, de género y de derechos
humanos;
14. Dar prioridad a prevenir el
embarazo en la adolescencia y eliminar el aborto inseguro, mediante la educación
integral para la sexualidad, y el acceso oportuno y confidencial a la información,
asesoramiento, tecnologías y servicios de calidad,
Envejecimiento, protección social y
desafíos socioeconómicos
22. Erradicar las múltiples formas de
discriminación que afectan a las personas mayores, incluyendo todas las formas
de violencia contra mujeres y hombres mayores, teniendo en cuenta las
obligaciones de los Estados con respecto a un envejecimiento con dignidad y
derechos;
Acceso universal a los servicios de
salud sexual y salud reproductiva
35. Revisar la legislación, las normas y
prácticas que restringen el acceso a los servicios de salud sexual y salud
reproductiva, incluida la provisión de servicios integrales amigables en el caso de
adolescentes y jóvenes,
40. Eliminar las causas prevenibles de
morbilidad y mortalidad materna, incorporando en el conjunto de prestaciones
integrales de los servicios de salud sexual y salud reproductiva medidas para
prevenir y evitar el aborto inseguro, que incluyan la educación en salud sexual y
salud reproductiva, el acceso a métodos anticonceptivos modernos y eficaces y el
asesoramiento y atención integral frente al embarazo no deseado y no aceptado y,
asimismo, la atención integral después del aborto, cuando se requiera, sobre la
base de la estrategia de reducción de riesgo y daños;
42. Asegurar, en los casos en que el
aborto es legal o está despenalizado en la legislación nacional, la existencia de
servicios de aborto seguros y de calidad para las mujeres que cursan embarazos
no deseados y no aceptados e instar a los Estados a considerar la posibilidad de
modificar las leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la
interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de
mujeres y adolescentes, mejorando su calidad de vida y disminuyendo el número
de abortos;
Igualdad de género
51. Promover la paridad y otros
mecanismos que garanticen el acceso al poder en los sistemas electorales, como
una condición determinante de la democracia
61. Garantizar la corresponsabilidad
del Estado, el sector privado, la comunidad, las familias, las mujeres y los hombres
en el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, integrando el cuidado en los
sistemas de protección social, que garanticen los derechos y el disfrute del tiempo
libre para las mujeres;
La migración internacional y la
protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes
68. Elaborar estrategias integrales
globales y regionales para erradicar la vulneración de los derechos humanos de
las personas migrantes,
70. Incorporar principios de coherencia
y reciprocidad en la atención de las diversas situaciones que enfrentan los
emigrantes de los países de la región, abarcando a todas las etapas del proceso
migratorio, tanto los que acontecen en la escala intrarregional como fuera de la
región;
Pueblos indígenas: interculturalidad y
derechos
88. Respetar y garantizar los derechos
territoriales de los pueblos indígenas, prestando particular atención a los desafíos
que plantean las industrias extractivas y otras grandes inversiones a escala global,
la movilidad y los desplazamientos forzados, y desarrollar políticas que garanticen
la consulta previa, libre e informada en los asuntos que les afecten;
Afrodescendientes: derechos y
combate al racismo y la discriminación racial
93. Abordar las desigualdades de
género, raza, etnia y generacionales, teniendo en cuenta las intersecciones de
estas dimensiones en las situaciones de discriminación que sufren las mujeres y
especialmente, las jóvenes afrodescendientes;
Por lo expuesto solicito a los diputados
que acompañen este proyecto de Resolución que se propone destacar la
importancia del Consenso de Montevideo por la referencia específica a las
medidas concretas que propone implementar para garantizar la igualdad entre los
habitantes de la región.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| STORANI, MARIA LUISA | BUENOS AIRES | UCR |
| ESPINDOLA, GLADYS SUSANA | CORDOBA | UCR |
| PARADA, LILIANA BEATRIZ | CIUDAD de BUENOS AIRES | UNIDAD POPULAR |
| CHEMES, JORGE OMAR | ENTRE RIOS | UCR |
| CICILIANI, ALICIA MABEL | SANTA FE | PARTIDO SOCIALISTA |
| MOLAS, PEDRO OMAR | CATAMARCA | FRENTE CIVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA |
| ARGUMEDO, ALCIRA SUSANA | CIUDAD de BUENOS AIRES | MOVIMIENTO PROYECTO SUR |
| GARRIDO, MANUEL | CIUDAD de BUENOS AIRES | UCR |
| ALVAREZ, ELSA MARIA | SANTA CRUZ | UCR |
| SCHMIDT LIERMANN, CORNELIA | CIUDAD de BUENOS AIRES | PRO |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| RELACIONES EXTERIORES Y CULTO (Primera Competencia) |