La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

1. Solicitar la presencia de la señora Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, y del señor Eugenio Burzaco, Secretario de Seguridad de la Nación, ante la Cámara de Diputados de la Nación, a fin de que informen sobre la situación acaecida con la fuga de un penal de máxima seguridad de tres detenidos acusados de participar en el narcotráfico, así como de la relación de las fuerzas penitenciarias, de seguridad y personeros políticos o judiciales con el crimen organizado.

2.-Se solicita también que en esta Interpelación los ministros presentes informen sobre la política represiva desarrollada en los movilizaciones de Cresta Roja, Municipales de La Plata y otros conflictos obreros y sociales frente a las medidas de 'ajuste' que están implementando el gobierno nacional, gobiernos provinciales y municipales.

Señor presidente:

La detención de los últimos dos prófugos del penal de máxima de seguridad de General Alvear en la mañana de este lunes 11 de enero no cierra la crisis de Estado que se puso de manifiesto desde el mismo día de las fugas. Acusaciones cruzadas de enfrentamientos, incluso armados, entre la Gendarmería Nacional y la policía de la Provincia de Buenos Aires, y entre la misma Gendarmería y la policía de la Provincia de Santa Fé; versiones sobre encubrimientos de personal del servicio penitenciario, como de las fuerzas de seguridad sobre la fuga y el accionar de los tres prófugos, dan cuenta de una realidad: no estamos ante un mero enfrentamiento entre delincuentes y las llamadas fuerzas de seguridad, sino ante una fractura del aparato estatal. De los dos lados de esta puja está presente el delito organizado y, también, las instituciones políticas, represivas o judiciales de ese mismo Estado. Se ha constatado, por caso, que las internas de las pasadas elecciones de agosto en la provincia de Buenos Aires han enfrentado a dos facciones políticas acusadas por sus vínculos con el narcodelito y el tráfico de efedrina, en un caso, y con las mafias judiciales y carcelarias también asociadas a camarillas empresariales y delictivas, en el otro. El régimen de punteros, burócratas sindicales y personeros policiales que gobernó contra la mayoría trabajadora durante décadas, y en los últimos años revestido de "banderas nacionales y populares", ha llegado a su mayor punto de descomposición.

Los episodios de estos días, sin embargo, no sólo han ratificado ese derrumbe. Han puesto de manifiesto también la completa impotencia del nuevo gobierno para vérselas con este entramado corrupto. La razón de esta incapacidad es clara: la nueva administración no es ajena a este orden social y a este aparato estatal descompuesto. El entrelazamiento con represores, barrabravas y cúpulas sindicales ha formado parte del régimen de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, bajo la administración macrista. Ahora, tanto la gobernadora como el presidente debutaron con una tentativa de acuerdo con las cúpulas de la policía bonaerense y el servicio penitenciario. Sólo el escándalo de las recientes fugas -y la evidente complicidad con los prófugos- puso en crisis ese pacto. Pero el nuevo gobierno, más allá de las purgas parciales y cosméticas, se dirige a refrendar el vínculo con ellos. Es que necesita de estos aparatos, incluso en descomposición, para dar cuenta de la enorme conmoción social a que conduce el ajuste en marcha, con su carga de despidos, carestía, tarifazos y ataques a las conquistas de los trabajadores. Esa pretensión ya se puso en marcha con las represiones a los obreros de Cresta Roja o a los trabajadores municipales de La Plata, así como con los anuncios -formulados por el mismo Ministerio de Seguridad- de "protocolos" y otras limitaciones a la protesta social.

En este proyecto, ponemos de manifiesto que los mismos aparatos de supuesta "seguridad" que conviven con el delito organizado son los que pretenden lanzarse contra la mayoría trabajadora que reclama por sus derechos. Con ese propósito, reclamamos la presencia en el recinto de la ministra de Seguridad y el secretario del área, a fin de que rindan cuentas sobre los dos aspectos que aquí denunciamos -a saber, la crisis planteada con la escandalosa fuga de los condenados de Gral. Alvear y los pormenores -no menos escandalosos- de su "persecución", y, luego, que se dé explicaciones sobre las represiones que se han producido en estos días contra el movimiento popular-.

Hacemos de este Proyecto una herramienta más en la lucha por el desmantelamiento del aparato represivo, por las libertades democráticas y el derecho de las mayorías trabajadoras a su organización y lucha por sus intereses inmediatos e históricos. Como parte de esa lucha, reclamamos también que se abran los archivos de la ex Side, de la actual AFI y de las Fuerzas de Seguridad para poder conocer los entramados de éstos y otros episodios que han urdido un orden conspirativo contra la mayoría trabajadora. Cabe recordar que, en ocasión de la muerte del fiscal Alberto Nisman, hace un año, se vivió también una crisis de Estado que tuvo su eje en los organismos de "seguridad" o inteligencia. En aquella oportunidad, el Partido Obrero y el Frente de Izquierda solicitó también la presencia de los ministros y funcionarios para una interpelación, planteo que fue rechazado. La crisis se reproduce ahora, incluso con una dimensión superior.

Por tal motivo solicitamos a los señores Diputados que apoyen este Proyecto de Resolución.