La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Declarar su rechazo a la medida cautelar dictada por el Juez norteamericanoThomas Griesa, que ordena el embargo de fondos jubilatorios invertidos en los Estados Unidos, por afectar el derecho de propiedad de millones de trabajadores argentinos y por destruir las previsiones de la seguridad jurídica mediante el dictado de actos arbitrarios dirigidos a satisfacer el interés de capitales especulativos.

Señor presidente:

El presente proyecto tiene como objeto expresar una profunda preocupación por la medida cautelar dictada por el juez norteamericano Thomas Griesa, que ordena el embargo de fondos jubilatorios administrados por las A.F.J.P. (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones). Esta medida establece el congelamiento e indisponibilidad de dineros pertenecientes a millones de trabajadores argentinos que efectúan sus aportes previsionales a cuentas de capitalización individual administradas por entidades de derecho privado. Parte los aportes han sido invertidos en los Estados Unidos, y se han visto afectados por esta medida que afecta su libre disponibilidad. La medida judicial se basa en el pedido de tenedores de bonos de deuda pública que no aceptaron el canje de deuda propuesto por el Estado Nacional en el año 2005.

El juez Thomas Griesa tomó conocimiento del proyecto de ley de nuestro país que establece el traspaso de los fondos del sistema de capitalización hacia el sistema público de reparto. A partir de dicho proyecto, el juez de Nueva York entiende que los fondos hoy administrados por las AFJP pasarían a ser estatales, y por lo tanto pasibles de ser eventualmente ejecutados para la satisfacción del interés de aquellos acreedores que decidieron permanecer ajenos al proceso de reestructuración de la deuda pública argentina.

El razonamiento que fundamenta la decisión judicial en cuestión se encuentra viciado, toda vez que resulta falsa su premisa básica: no hay tal pretendida "estatización" de fondos sino un traspaso de administración desde el sector privado hacia el sector público, sin afectar la propiedad que permanece incólume en cabeza de los trabajadores aportantes.

La medida judicial resulta arbitraria y contraria a derecho. La misma violenta claramente el derecho de propiedad, genera inseguridad jurídica, modifica unilateralmente las reglas de juego que regulan las relaciones económicas, tiene carácter confiscatorio, afecta el ahorro de los trabajadores argentinos y horada la confianza que debe guiar las relaciones bilaterales entre nuestro país y los Estados Unidos.

Este verdadero atropello se vincula con la avidez de fondos líquidos por parte de aquellos especuladores que pierden fortunas incalculables en las apuestas de una economía de casino. La irresponsabilidad derivada de inversiones absolutamente irracionales pretende ser subsanada mediante la apropiación ilegal e ilegítima de fondos de carácter inembargable. En este marco se inscribe la presente medida judicial, dictada en plena sintonía con los intereses de los mismos capitales que sumieron a la economía del mundo en una crisis sin precedentes. El desatino de inversiones carentes de racionalidad económica ha generado un proceso de pulverización de activos financieros ficticios. El resultado de dicho proceso de destrucción de riqueza no puede en modo alguno resolverse mediante la apropiación indebida de dineros pertenecientes a los trabajadores que con su esfuerzo han construido un fondo para financiar el pago de jubilaciones y pensiones. No puede ser que el patrimonio de nuestros trabajadores sea una vez más la variable de ajuste para equilibrar las fuertes pérdidas derivadas de la actual crisis financiera.

La afectación del derecho de propiedad de millones de argentinos pone en vilo y afecta la seguridad patrimonial de tantísimos compatriotas con intereses económicos radicados en los EEUU. Así como se dictó una medida de tipo confiscatorio respecto de los fondos jubilatorios que componen el patrimonio de millones de compatriotas, también podría verse afectada la propiedad privada de otros ciudadanos argentinos con otro tipo de inversiones radicadas en aquel país. El comportamiento arbitrario del juez Griesa destruye las reglas de la previsibilidad y genera una situación de caos en la que no hay garantías ni certezas para nuestros ahorros e inversiones.

El interés de nuestros compatriotas es también el interés nacional. La apropiación indebida del patrimonio de millones de argentinos no registra antecedentes en la relación bilateral con los Estados Unidos, y adquiere entonces ribetes de enorme gravedad al lesionar mucho más que el interés sumado de cada uno de los trabajadores afectados. Hay una apropiación ilegítima del ahorro nacional y una destrucción de las reglas del derecho y la legalidad. Sólo una reacción institucional que de cuenta de la enorme trascendencia y proyección de esta situación puede aportar la racionalidad que necesitamos para poner fin a este verdadero atropello.

Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto