PROYECTO DE TP
Expediente 6455-D-2010
Sumario: REGLAMENTO DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 61 Y 101 QUATER; CREACION Y COMPETENCIA DE LA COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA.
Fecha: 03/09/2010
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 126
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Modificar los artículos
61 y 101 quater del Reglamento Interno de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación, los que quedarán redactados de la siguiente
manera:
Artículo 61.- Las
comisiones permanentes de asesoramiento de la Cámara serán las
siguientes:
Asuntos
Constitucionales
Legislación
General
Relaciones Exteriores y
Culto
Presupuesto y
Hacienda
Educación
Ciencia y
Tecnología
Cultura
Justicia
Previsión y Seguridad
Social
Acción Social y Salud
Pública
Familia, Mujer, Niñez y
Adolescencia
Tercera Edad
Legislación Penal
Legislación del
Trabajo
Defensa Nacional
Obras Públicas
Agricultura y
Ganadería
Finanzas
Industrias
Comercio
Energía y
Combustibles
Comunicaciones e
Informática
Transportes
Economías y Desarrollo
Regional
Asuntos
Municipales
Intereses Marítimos,
Fluviales, Pesqueros y Portuarios.
Vivienda y
Ordenamiento Urbano
Peticiones, Poderes y
Reglamento
Juicio Político
Recursos Naturales y
Conservación del Ambiente Humano
Turismo
Economía
Minería
Prevención de
Adicciones y Control de Narcotráfico
Análisis y Seguimiento
de Normas Tributarias y Previsionales
Población y Desarrollo
Humano
Deportes
Derechos Humanos y
Garantías.
Asuntos Cooperativos,
Mutuales y de Organizaciones no Gubernamentales.
Mercosur.
Pequeñas y Medianas
Empresas.
Defensa del
Consumidor, del Usuario y de la Competencia.
Seguridad
Ciudadana.
Libertad de
Expresión.
Discapacidad.
Artículo 101.
Quater:
Compete a la
Comisión de Seguridad Ciudadana dictaminar sobre toda
legislación que se refiera a la protección de la seguridad de las
personas y sus bienes, dentro de los derechos y garantías que
establece la Constitución Nacional, en especial en los aspectos de la
seguridad pública interior, las catástrofes naturales y ecológicas, los
tráficos ilícitos de cualquier tipo, la tenencia y uso de armas y
explosivos, el accionar de organizaciones delictivas, los convenios
internacionales vinculados con la seguridad interior, en todo lo
atinente a las fuerzas de seguridad y policiales y a las funciones de
inteligencia del Estado Nacional.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El abordaje de la
cuestión de la seguridad en la República Argentina exige políticas
responsables y soluciones efectivas para la protección de los
derechos de las personas. El poder estatal debe alejarse de las
"soluciones mágicas" y las recetas simplistas. Para ello resulta
imprescindible concebir a la seguridad - o a la falta de seguridad-
como un fenómeno multicausal, así como otorgarle una connotación
amplia.
En esta línea,
identificamos - sin ánimos de exhaustividad- cinco dimensiones
constitutivas de la problemática. En primer lugar hacemos referencia
la cuestión social. La situación de exclusión de amplios sectores
de la sociedad (1) no debe ser percibida únicamente como causa de
la situación de inseguridad. Desde una perspectiva más amplia, ésta
es un indicador de inseguridad ciudadana. Todos aquellos
habitantes con necesidades básicas insatisfechas, sin acceso al
agua, a la vivienda, y a la educación se encuentran inseguros y
desprotegidos, además de encontrarse en situaciones de
vulnerabilidad que pueden (o no) devenir en acciones y actitudes
delictivas. Aquí resulta importante aclarar que la dimensión social de
la seguridad no significa identificar pobreza con delito. Además de
no constituir un binomio observable en la realidad, este tipo de
vinculaciones simplistas son inadmisibles cuando es el mismo Estado
el que genera una situación de desesperación en millones de
personas o destruye toda cultura solidaria y de trabajo, en particular
en las generaciones jóvenes.
El factor económico
también constituye uno de los elementos de la seguridad. El freno
del crecimiento económico, la evidente inflación y el debilitamiento
del mercado de trabajo (suba del desempleo, precarización laboral,
aumento del trabajo en negro) son cuestiones, que al igual que
ocurre con el factor social, se relacionan directamente con el
empeoramiento de la situación de seguridad. Por un lado, alientan
la desprotección jurídica de amplio sectores de la sociedad. Por el
otro, al corroer el entramado social, son causales del aumento de la
violencia social y delictiva.
Otro aspecto a tener en
cuenta es el factor corrupción. Es evidente que la complicidad y
los negocios entre la policía y los actores políticos (miembros del
poder ejecutivo, judicial y legislativo, sindicatos, grandes
corporaciones empresarias, entre otras) multiplican los delitos y
profundizan su carácter sistémico. La desarticulación de este tipo de
círculos viciosos es indispensable en pos de la ejecución de planes
de acción integrales que ataquen el problema de la seguridad.
Este último punto se
vincula estrechamente con la cuarta dimensión de la problemática
de la seguridad: el crimen transnacional. Hacemos referencia
principalmente a la cuestión del narcotráfico. La participación de la
Argentina en las organizaciones transnacionales de tráfico de
drogas, como país productor, consumidor y de tránsito, modifica las
estructuras delictivas promoviendo la conformación de mafias
organizadas con amplios poderes y penetración política.
Finalmente, la anomia.
Esta constituye un elemento vinculado a la dimensión cultural de la
seguridad. Si bien la inobservancia de las normas, el desdén
despectivo hacia las mismas, no es patrimonio exclusivo de la
Argentina, distintos indicadores tienden a mostrar que el "todo vale"
es un rasgo fuertemente arraigado en la sociedad argentina. El
incumplimiento de normas viales, de códigos edilicios, de reglas
impositivas, la falsificación de títulos, el descuido de los espacios
públicos, el pago de coimas para no cumplir con determinadas
normas, son todos ejemplos de anomia que terminan de moldear la
situación de inseguridad ciudadana.
Ahora bien, para
abordar con eficacia esta problemática a través de políticas
concretas orientadas a intervenir en todas las dimensiones
descriptas, debemos contar con los conceptos teóricos adecuados
para definir el problema en toda su complejidad. Es por ello, que
todo legislador o decisor político preocupado u ocupado en estos
temas debe atender a la noción de seguridad ciudadana. Este
constituye un enfoque centrado en la construcción de mayores
niveles de ciudadanía que ubica a la persona humana como objetivo
central de las políticas y leyes estatales. Además, como dijimos
anteriormente, el término trasciende la concepción de la seguridad
como el mero control de la comisión de delitos para ocuparse de
todas las formas de violencia que pueden afectar la vida de las
personas. El concepto de seguridad ciudadana incluye la
participación de los ciudadanos en el diseño, implementación y
control de políticas públicas en materia de seguridad así como
también un componente diferenciador con relación a las normas
existentes, que es el énfasis en la prevención social de la violencia y
del delito, entendiendo por tal aquella basada en la intervención
social a través del diseño e implementación de programas integrales
de salud, educación y empleo, e intervención comunitaria.
Por todo lo expuesto,
solicito a mis pares su apoyo al presente proyecto.
Firmante | Distrito | Bloque |
---|---|---|
BALDATA, GRISELDA ANGELA | CORDOBA | COALICION CIVICA |
COMELLI, ALICIA MARCELA | NEUQUEN | MOV POP NEUQUINO |
Giro a comisiones en Diputados
Comisión |
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SEGURIDAD INTERIOR |