El Senado y Cámara de Diputados...

ARTICULO 1.- Prorrogase hasta el 31 de diciembre de 2009 la vigencia de la Ley Nº 26204, prorrogada por su similar Nº 26339.

ARTICULO 2.- En el marco de esta ley, disponese la prohibición de los despidos y de las cesantías sin causa por un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días. En caso de verificarse una violación a lo dispuesto en la presente, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social procederá a intimar por un plazo que no excederá de 10 días al empleador para que cese inmediatamente en las medidas aplicadas debiendo reincorporar a los trabajadores cesanteados y abonarles los salarios caídos durante el periodo que duro la misma. Vencido el plazo previsto por la autoridad de aplicación y no habiéndose hecho efectiva la reincorporación, el empleador deberá abonar a los trabajadores despedidos sin causa el doble de la indemnización que les corresponda, por todo concepto, de conformidad a lo dispuesto por la legislación laboral vigente.

En el caso que se efectivice el despido por causas no imputables al trabajador durante la vigencia de esta ley, el empleador deberá abonar además, en concepto de multa, la suma equivalente a 6 salarios mensuales, normales y durante el plazo máximo fijado en el título IV: "De la protección de los trabajadores desempleados"; capítulo único: "Sistema integral de prestaciones por desempleo de la ley 24.013, por cada trabajador despedido". Estas sumas se integrarán directamente al Fondo de Desempleo creado por la normativa citada en párrafo precedente. El Ministerio de Trabajo podrá ejecutar directamente las multas emergentes de la aplicación de este artículo, y su resolución sólo podrá ser recurrida con efecto devolutivo.

Quedarán exentas de la presente disposición, aquellas empresas que acrediten fehacientemente ante el MTSS, dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha de notificación de la intimación cursada por dicho Ministerio, que de mantener el plantel de empleados, se afectaría la continuidad del desarrollo de la actividad de la misma.

Facultase al Poder Ejecutivo, mediante decreto, a disponer la prorroga por igual plazo.

ARTICULO 3.- Créase el programa "Asignación Universal para los Pibes" que será ejecutado en el ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Asígnese para la ejecución correspondiente al segundo semestre del corriente ejercicio fiscal la suma de QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($15.447.228.565) que tendrá como única finalidad otorgar:

a) Una Asignación de CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS ($135) mensuales para todos los menores de 18 años residentes en la República Argentina que no perciben ninguna prestación especificada en la Ley 24.714.

b) Una Asignación hasta completar CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS ($135) mensuales para los menores de 18 años que sean beneficiarios de la Ley 24.714.

c) Una Asignación por ayuda escolar anual de CIENTO SETENTA PESOS ($170) para la educación inicial, general básica y polimodal para todos los menores entre 5 y 18 años que concurran regularmente a establecimientos de enseñanza inicial, general básica y polimodal, que no estén alcanzados por el beneficio que fija el inciso d) del artículo 6º de la Ley Nº 24.714.

Incorporase al mencionado programa los créditos presupuestarios asignados al Programa FAMILIAS POR LA INCLUSION SOCIAL que se desarrolla en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social.

Los recursos asignados al programa se utilizaran exclusivamente para los objetivos fijados en el presente artículo no pudiendo afectarse recursos del mismo para otro objetivo. Los recursos fiscales que al cierre del primer ejercicio fiscal no se hayan ejecutado servirán de fuente de financiamiento para el siguiente ejercicio fiscal.-

A los efectos de percibir las asignaciones fijadas en el artículo anterior, los padres del menor, o la persona que lo tuviera a su cargo, deberá acreditar el cumplimiento de los controles sanitarios correspondientes a la edad de entre 0 y 4 años y la participación del menor en el ciclo escolar cuando éste haya alcanzado los 5 años de vida y hasta los 18 años.

ARTICULO 4.- La presente ley entrará en vigencia a partir del 1º de enero de 2009.-

ARTICULO 5.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.-

Señor presidente:

Los graves acontecimientos de índole política, económica y social por los que transita el mundo de los cuales nuestro país no se encuentra excluido, precipitando ello una crisis económica y social generando un estado de emergencia laboral, requieren de medidas urgentes para detener el proceso de desmantelamiento económico productivo nacional a fin de que no continúe incidiendo sobre la calidad de vida de los ciudadanos, con su carga de desprotección, abandono y permanente desaparición de puestos de trabajo. En virtud de los antecedentes de publico conocimiento y que aun subsisten, a principios del año 2002, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso a través de la ley de emergencia económica LEY 25561 en su artículo 16, la suspensión de los despidos sin justa causa, bajo apercibimiento de quien incurriese en clara violación de dicha normativa debía hacer frente al pago de una doble indemnización. Se buscaba con tal medida evitar nuevos despidos en una situación de grave emergencia económica. Dicha medida se extendió junto a las sucesivas prórrogas de las leyes de emergencia, estableciéndose que su derogación llegaría toda vez que el índice de desocupación fuera menor al de dos dígitos. En efecto, tras la medición del último trimestre del año 2006, cuando el INDEC anunciara como de 8,7% el índice de la desocupación, la figura de la indemnización agravada dejaría de tener vigencia. De conformidad con ello el PEN mediante el Decreto Nº 1224/07, declaró por cumplida la condición prevista en el artículo 4º de la Ley 25792.

Atento que la crisis financiera internacional ha generado incertidumbre en la economía, frente a la cual se comenzaron a suceder sucesivas medidas patronales consistentes en cesantias, recortes de jornadas, adelantos de vacaciones y despidos de modo gradual, a fin de que las consecuencias financieras no impacten una vez mas en los trabajadores, se hace necesario tomar las medidas urgentes tendientes a proteger el empleo de aquellos se encuentran en situación de hiposuficiencia frente a la situación planteada.

Resulta claro entonces que en la actual coyuntura de la crisis financiera internacional el peligro más inminente y que es necesario evitar es la proliferación de despidos. Conscientes de la gravedad de esta situación pretendemos por un lado prohibir los despidos por el plazo de 180 dias a fin de poder garantizar a los trabajadores la estabilidad que la constitución les garantiza, y por el otro instituir un programa de universalización de asignaciones familiares con el objeto de proteger no solo al trabajador sino también a todos los pibes que integran el grupo familiar a fin de que no queden desamparados frente a tan grave situación.

Llevar a adelante la universalización de las asignaciones familiares lógicamente impactaría favorablemente en todas las familias con menores a cargo. Este impacto positivo se acentúa significativamente en los hogares sumidos en las situaciones de pobreza e indigencia, pues en ellas la presencia de menores es notoriamente superior que en el resto de los hogares.

Este dato es claro al analizar los cuadro N º 1, ya que al extender a todos los menores de 18 años la asignación familiar por hijo (retribución por carga de familia que en la actualidad mayoritariamente la perciben los trabajadores formales en un valor máximo de $135, aunque algunos cobre por debajo de esa cifra en función de los mayores ingresos de sus padres) el impacto es significativamente favorable para mejorar las condiciones de vida de muchas familias: la tasa de pobreza desciende alrededor del 20% y la tasa de indigencia cae cerca de un 50% ubicándose entre el 5% de la población.

Es decir, la indigencia que es el problema más apremiante y que más ha crecido en estos 2 últimos años, podría reducirse a la mitad si universalizamos las asignaciones familiares al actual valor de $135 para todos los pibes.

Cuadro N º 1: Impacto en la pobreza y en la indigencia de universalizar las asignaciones familiares por hijo. Octubre 2008.

Si nos detenemos a observar los efectos en la población menor se puede afirmar que la política social en cuestión es aún más favorable. La tasa de pobreza que es al mes de octubre 2008 del 35,5%/37,5% y la de indigencia que su ubica en un 17,6%/18,3% caen abruptamente: el descenso de la tasa de pobreza está en el orden del 20% y 25% y la caída de la tasa de indigencia es prácticamente del 60%.

Este dato revela una triste realidad muchas veces ignorada y negada: la importante presencia de menores al interior de la población indigente que como tal no accede siquiera a una alimentación que institucionalmente se declara como mínima.

El costo bruto anual de otorgar la Asignación de $135 a todos los menores de 18 años y generalizar la Ayuda Escolar Anual a $170 (que no se ha modificado en el reciente anuncio) asciende a $23.311,4 millones anuales, de los cuales hay que descontar los $8.730 millones en que está presupuestado las Asignaciones Familiares para el 2008, y a su vez los $1.753,8 millones que se tiene previsto asignar en el Plan Familias por la Inclusión Social. De manera que el costo neto anual asciende a $12.827,6 millones. Ver cuadro N º 2.

Cuadro N º 2: Costo bruto y neto (ahorro por las asignaciones familiares vigente) de universalizar las asignaciones familiares de $135 y la ayuda escolar de $130 para todos los menores de 18 años. Costo Anual y para el 2do Semestre 2008.

El devenir de la coyuntura económica y las decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional, principalmente referido a finalizar el sistema de capitalización previsional, obligan a reconsiderar el escenario fiscal del 2009.De este modo es necesario considerar el efecto sobre las cuentas fiscales de los $12.000 millones que en concepto de aportes personales a la seguridad social se destinarán al ANSES. Por otro lado, el Presupuesto 2009 contaba con un importante sobreestimación de la recaudación por retenciones, que en nuestra estimación serán $9.900 millones inferiores a lo previsto en el Presupuesto; mientras que el resto de los impuestos presentaba una clara subestimación en razón de la hipótesis de precios (del 8%, cuando en nuestra estimación consideramos una pauta de inflación del doble a la oficial) por lo que la recaudación de estos tributos serán $11.000 por encima a lo computado en el Presupuesto.

De lo expuesto surge que para el 2009 se contarán con $13.100 millones adicionales a lo previsto que permiten con tranquilidad financiar la Universalización de las Asignaciones Familiares a $135.

Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.