La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo, por Intermedio del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe cuales son las acciones llevadas a cabo para regularizar la situación de los habitantes de la localidad de Esteban Echeverría quienes se encuentran con falta de suministro del servicio de agua potable desde hace aproximadamente nueve meses.

Paralelamente sería menester conocer las causas que motivan la falta de suministro señalada y el plazo tentativo para otorgar solución definitiva a tal situación.

Señor presidente:

Como es de público conocimiento se han suscitado una serie de cortes en Camino de Cintura por vecinos de la localidad de Esteban Echeverría motivadas en la solicitud de obras hídricas urgentes y el suministro adecuado de agua, servicio que se encuentra en falta desde el 5 de diciembre del año pasado.

La municipalidad de Esteban Echeverría suministra un camión cisterna con 18 litros de agua por día que solo alcanza a cubrir la demanda de 2 horas y que, además, no resulta ser agua potable por lo cual no puede ser bebida.

Ante ello, los vecinos se ven obligados a comprar bidones de agua cuando en realidad gozar de agua potable es un derecho indiscutible de toda la población.

El artículo 41 de la Constitución Nacional afirma que "todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo".

El derecho humano al agua potable marca un hito en la historia de los Derechos Humanos. Por primera vez el agua es reconocida de forma explícita como un derecho humano fundamental. Los 145 países que ratificaron, entre ellos Argentina, el Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, están obligados a asegurar progresivamente que todos tengan acceso al agua potable segura, de forma equitativa y sin discriminación.

El acceso al agua es un derecho humano básico, por lo tanto hacer que se cumpla es una obligación de todos y más aún de las autoridades públicas que son quienes tienen en sus manos herramientas suficientes para asegurar el cumplimiento de dichos derechos, tanto cuando los encargados de los servicios son los sectores públicos como cuando son concesionados a los sectores privados.

Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su firma en la aprobación del presente proyecto de resolución.