La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar preocupación y rechazar los argumentos expresados en la apelación de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires ante los Tribunales Civiles de Quilmes presentada contra la víctima de gatillo fácil policial Carla Lacorte por el juicio civil que se sigue por su caso, según la cual el reclamo de la víctima de una reparación necesaria para realizar los tratamientos correspondientes por haber quedado paralítica de por vida constituiría un "enriquecimiento sin causa", desconociendo de hecho la responsabilidad del Estado provincial por la situación en la que se encuentra Lacorte, quien fuera baleada por un policía bonaerense en el año 2001.

Expresar solidaridad con Carla Lacorte ante este nuevo atropello que se suma a los trece años que tuvo que luchar para que el ex policía que le disparó reciba un castigo efectivo, y exigir la urgente efectivización de la reparación civil por su caso.

Señor presidente:

Traemos a consideración de esta Cámara nuevamente el caso de Carla Lacorte, víctima de gatillo fácil policial, quien nuevamente enfrenta trabas judiciales a fin de lograr justicia por su caso.

Debemos recordar aquí que el 1° de junio de 2001, en la intersección de las calles Brandsen y Mitre de la localidad y partido de Quilmes (Provincia de Buenos Aires), el policía José Ignacio Salmo junto a otros dos agentes, encontrándose los tres de civil, comenzaron a disparar abiertamente ante una tentativa de robo. En este acto, Salmo dirige sus disparos contra Carla Lacorte, miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH), que se encontraba caminando de espaldas por la vereda de enfrente, por considerar que actuaba como "campana". Las heridas de bala propiciadas por el policía hicieron correr peligro la vida de Carla y la dejaron parapléjica de por vida. El proyectil extraído a la víctima emanó del arma reglamentaria del condenado José Ignacio Salmo, conforme pericia balística efectuada en la Asesoría Pericial de La Plata.

Trece años de lucha le tomó a Lacorte y las organizaciones solidarias con su lucha lograr que Salmo fuera condenado a cárcel efectiva, a pesar de los numerosos fallos judiciales que disponían su responsabilidad en el hecho.

Hoy nuevamente una resolución judicial busca interponerse entre la víctima y la merecida justicia que reclama por su caso. Nos referimos a la aberrante apelación de la Fiscalía de Estado en el juicio civil que se lleva adelante por el caso de gatillo fácil del que fue víctima. La fiscal de Estado Aída Neumann presentó una apelación indignante que apunta a seguir dilatando la efectivización de la reparación que hace años se viene reclamando. La mencionada funcionaria sostiene que el fallo del juzgado civil y el reclamo por la reparación para realizar los tratamientos correspondientes por haber quedado Carla Lacorte paralítica de por vida constituiría un "enriquecimiento sin causa" basándose en que la Ley Nacional de Discapacidad y el sistema de obras sociales cubrirían eventualmente estos costos. De esta manera se termina desconociendo de hecho la responsabilidad del Estado por la situación en la que se encuentra Lacorte, como si se tratara de un simple accidente que lleva a una discapacidad y no el disparo de un agente policial que actúa armado por el propio Estado.

Por otro lado, la mención al marco normativo existente sobre discapacidad muestra desconocimiento o cinismo ya que es público que dicha ley prácticamente no se cumple, a pesar de la lucha de las organizaciones de personas con capacidades especiales, y que las obras sociales sólo otorgan prestaciones fundamentales luego de un complicado laberinto jurídico, como lo muestra la propia experiencia de Carla que, por ejemplo, tuvo que soportar una demora de ocho meses en la resolución de un recurso de amparo para que se le proporcionara un insumo vital para su tratamiento, cuestión que se repitió ante cada requerimiento efectuado a la obra social.

Además la fiscal considera que el proyecto de vida de Carla no queda truncado dado que continúa trabajando y llevando adelante su lucha en defensa de los derechos humanos. Incluso sugiere que podría sostenerse con una pensión por invalidez. Para la fiscal la necesidad de Carla de trabajar, para solventar los gastos ordinarios que toda persona tiene y los extraordinarios derivados de su condición, serían una nueva justificación para desconocer la responsabilidad estatal por la situación en la que se encuentra ¿Debería sobrevivir con las rentas, que no tiene? ¿Tendría que haberse autocondenado a la indigencia percibiendo una pensión a todas vistas insuficiente para cubrir las necesidades básicas de una persona con discapacidad? Más grave aún es su mención a la lucha de Carla para que casos como el que sufrió no se repitan, ¿debería quedarse callada para que el Estado reconozca hasta el final su responsabilidad?

Finalmente, y en forma totalmente cruel, la fiscal sostiene que de la misma manera que Carla va a trabajar podría haber seguido estudiando veterinaria, carrera que cursaba en la Universidad de Buenos Aires. Lo que no dice es que lo hacía en una facultad que queda a 40 kilómetros de su casa, sin los medios económicos y de transporte necesarios para hacerlo, además de quedar imposibilitada de trabajar con animales con vida y en movimiento. Incluso llega a sostener que los tiempos en que venía desarrollando la carrera universitaria "revelan un escaso interés por continuar los estudios".

Carla tuvo que luchar muchos años para que el ex oficial que le disparó fuera preso, luego de que se le otorgaran todas las garantías jurídicas que se le niegan a las víctimas de gatillo fácil además de seguir pagándole un sueldo de las arcas del Estado provincial. En esa larga década sufrió casi una decena de intervenciones quirúrgicas originadas en el hecho al que se hace mención. Nos encontramos frente a un dislate jurídico que intenta desconocer una vez más la responsabilidad del Estado en el disparo efectuado por el ex oficial de la bonaerense José Salmo y sus consecuencias.

El pasado 1° de junio se cumplieron catorce años desde que Carla Lacorte fue baleada. Fue su pelea en los estrados judiciales pero fundamentalmente en las calles reclamando justicia la que la ha llevado a convertirse en una referente indiscutible en la lucha contra la impunidad y el gatillo fácil policial que se cobra la vida de un joven cada 28 horas. Hoy Carla, como víctima y militante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos no sólo pelea por justicia para ella sino que lo hace cada vez que un joven es asesinado o torturado o desaparecido por la Bonaerense o alguna de las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales. Creemos que apoyando este proyecto de resolución, también estamos apoyando la pelea contra el gatillo fácil y la criminalización de la pobreza que encarna la lucha de Carla Lacorte.

Por los motivos expuestos es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.

.