La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su profunda preocupación por el procesamiento de los dirigentes de la Federación Universitaria de Buenos Aires: Cristian Henkel, Mariela Solesio, Santiago Gima, Juan Pablo Rodríguez, Alejandro Raia, María Laura Casal, Agustín Vanella, María Damasseno, Leonardo Perna y David Fridman, acusados de "secuestro coactivo agravado por la cantidad de participantes" por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 9, a cargo del Juez Octavio Aráoz De Lamadrid.

Señor presidente:

El 28 de mayo de 2008, una movilización de estudiantes y docentes del Ciclo Básico Común Sede Merlo se presentó en la sesión del Consejo Superior del Rectorado de la Universidad de Buenos Aires para rechazar el cierre de la sede que hubiere dejado sin lugar de estudios a cientos de estudiantes.

Finalmente, y como consecuencia de una lucha que duró varios meses, se logró que la sede siguiera abierta y que abrieran otras en zonas cercanas.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 9, a cargo del Juez Aráoz De Lamadrid, acaba de procesar a diez dirigentes de la Fuba por su lucha en defensa de la sede del CBC de Merlo. Los estudiantes procesados Cristian Henkel, Mariela Solesio, Santiago Gima, Juan Pablo Rodríguez, Alejandro Raia, María Laura Casal, Agustín Vanella, María Damasseno, Leonardo Perna y David Fridman son destacados luchadores del movimiento estudiantil. Entre ellos, se encuentran dos de los tres actuales copresidentes de la FUBA, tres ex presidentes de la misma, una consejera superior en funciones, presidentes de centros de estudiantes y consejeros directivos de varias facultades.

El procesamiento tiene una gravedad inusitada. Se los acusa de "secuestro coactivo agravado por la cantidad de participantes", que tiene una pena que va de los 10 a los 25 años de prisión. Además se les impuso un embargo por 10.000 pesos a cada uno y se les prohibió la salida del país.

Es éste un claro caso de criminalización de la protesta social y una muestra de alevosía pocas veces vista en un proceso judicial, atentando claramente contra el derecho democrático de movilizarse pacíficamente en Defensa de la Educación.

Este procesamiento representa un avasallamiento de las libertades democráticas y de organización no solo de los estudiantes sino del conjunto del movimiento popular.

Por todo lo expresado, solicitamos a los diputados y las diputadas que nos acompañen en el presente proyecto de resolución.