El Senado y Cámara de Diputados...

MODIFICACION LEY NACIONAL DE EMPLEO Y PROTECCION AL TRABAJO N°24.013. DEROGACION ARTÍCULO 1° DEL DECRETO 267/06.

ARTÍCULO 1: Modifíquese el artículo 118 de la ley 24.013 el que quedará redactado de la siguiente forma:

ARTICULO 118. - La cuantía de la prestación por desempleo para trabajadores convencionados o no convencionados será calculada como un porcentaje del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador en los seis meses anteriores al cese del contrato de trabajo que dio lugar a la situación de desempleo.

El porcentaje aplicable durante los primeros cuatro meses de la prestación será equivalente a un cincuenta de ese importe neto.

Del quinto al octavo mes la prestación será equivalente al 85 por ciento de la de los primeros cuatro meses.

Del noveno al duodécimo mes la prestación será equivalente al 70 por ciento de la de los primeros cuatro meses.

En ningún caso la prestación mensual podrá ser inferior a la mitad del salario mínimo vital y móvil que a ese fin determine el mismo Consejo.

ARTÍCULO 2: Deróguese el artículo 1 del Decreto N° 267/2006 y cualquier otra norma o disposición que contraríe la presente ley.

ARTÍCULO 3: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

El derecho de los asalariados desocupados a recibir un SEGURO POR DESEMPLEO está contemplado en la Ley Nacional de Empleo y protección al trabajo Nº24.013, la Ley N°25.191 de Trabajadores Rurales y la Ley Nº25.371 del Sistema Integrado de Prestaciones por Desempleo para los Trabajadores comprendidos en el Régimen de la Construcción.

Por lo que la finalidad de este instituto, no es otra que contrapesar la pérdida de ingresos fijos del trabajador como consecuencia de la pérdida del salario. Atemperar los efectos demoledores que ocasiona la desocupación en el seno de la familia así como apoyar a las personas para la búsqueda y selección de un nuevo trabajo; se ha convertido en un mecanismo de inclusión ante las situaciones de desempleo.

Las dificultades de reingreso al empleo, afectan de un modo especial a colectivos en posición de desventaja, que se traduce en un mayor peligro de acceso al mercado laboral. Tal el caso, de las personas con discapacidad, los jóvenes, las mujeres jefas de hogar y los adultos mayores. Para ellos, la búsqueda ocupacional constituye hoy en día, un camino sinuoso y más allá de las significativas diferencias, se observa un retroceso considerable de la protección frente al desempleo en los últimos años. En efecto, el seguro de desempleo que otorga la ANSES, para aquellos que han perdido su salario, surge como una solución transitoria que ha quedado totalmente desvirtuada.

La prestación fue establecida a fines de 1985, durante el gobierno del Dr. Raúl Alfonsín, mediante el decreto Nº 2485. Con el objeto de enfrentar el aumento de

la desocupación. Sus beneficiarios fueron los trabajadores comprendidos en el régimen de las Cajas de Asignaciones y Subsidios Familiares (CASFEC, CASPI); que poseyeran 9 meses consecutivos de los aportes correspondientes. Fue un paliativo cardinal en la crisis económica de 1989 (último año de funcionamiento) y una verdadera red de contención social, debido a que el monto del subsidio equivalía al 70 % del salario mínimo vigente. Incluía las asignaciones familiares y cobertura médico-asistencial por un lapso de cuatro meses.

En el año 1991, se aprueba la Ley Nacional de Empleo (Nº 24013), que instituye el seguro de desempleo. Se genera un instrumento fundamental para el financiamiento, tanto del seguro propiamente dicho, como de los programas que contiene. Todo ello, financiado a través del Fondo Nacional de Empleo. Atenuando el malestar de los trabajadores despedidos sin causa o por razones ajenas a su labor.

Desde su aplicación se estableció un monto máximo y uno mínimo que era 300 y 150 pesos respectivamente, incumpliendo la normativa que establece que la percepción deriva de un porcentaje de la mejor remuneración mensual en los seis meses anteriores al cese del contrato de trabajo. El l Decreto N° 267/2006 B.O. 13/3/2006, acrecentó los montos mínimo y máximo de la prestación mensual, quedando fijados en las sumas en 250 $, para el mínimo y 400$ para el máximo. Siendo que desde esa fecha hasta el presente ha quedado inmóvil.

La falta de actualización de los montos, ocho años a la fecha, convirtieron al seguro en poco más que migajas. El retraso se torna inexplicable siendo que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), informó que el desempleo en el primer trimestre del 2014, arrojó un índice de 7,1 %. Por lo que esa tasa de desempleo relativamente baja, abriría la posibilidad de aumentar sustancialmente las asignaciones. Evento que como mencioné, no ocurre desde el 2006. En mi parecer, resulta trascendente, adaptar rápidamente la Ley Nacional de Empleo y protección al trabajo Nº24.013, es por ello que propongo actualizar los montos y asimilarlos al efectivo cumplimento de la Ley. Esto es que en ningún caso la prestación mensual podrá ser inferior a la mitad del salario mínimo vital y móvil, elevando los porcentajes aplicables en consonancia con la situación económica existente, permitiendo que esta herramienta legal, sirva contribuir a amortiguar los perjuicios provocados por la pérdida del empleo.

A pesar de las cifras del Indec, analistas económicos y consultoras privadas discrepan con esas mediciones y pronostican además un aumento de la desocupación. En afinidad con las definiciones señaladas, un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de Febrero de este año, observó que la población juvenil en la Argentina se halla "altamente afectada por el desempleo y la incertidumbre" y marcó

que "las tendencias no son alentadoras".

Por todo ello; juzgo preferible adelantarse a los acontecimientos y mejorar sustancialmente la actual cobertura, para resguardar y facilitar una malla de contención, en atención a los nubarrones que lamentablemente, hoy se entrevén en el horizonte económico de la Nación. Es entonces que debemos anticiparnos al problema de la desocupación ubicando esta problemática como factor central; a la hora de valorar y redelinear las Políticas Laborales.

Tampoco puedo dejar de mencionar que la impresionante cantidad de trabajadores y empleados irregulares que tiene nuestro país, quedan al margen de los beneficios de este tipo de estímulos. Si bien existen diferentes redes de protección social para las personas que carecen de ingresos formales, es indudable que nos encontramos frente a una injusta e indigna discriminación. El seguro de desempleo contributivo, excluye a los trabajadores informales, siendo justamente este porción laboral; la que se encuentra más expuesta y desprotegida. Situación que debe corregirse, sobre todo y fundamentalmente por una cuestión de justicia social. Deberían tenerse en cuenta estas alarmantes cifras, para de alguna forma instrumentar el beneficio a aquellos trabajadores informales que logren demostrar haber trabajado en forma irregular o en negro. No nos olvidemos que la Encuesta Anual de Hogares Urbanos del año 2012, arrojó la abultada cifra 4,5 millones de trabajadores informales.

A pesar de ser un instrumento efectivo para el resguardo del desocupado, el seguro de desempleo tiene poca cantidad de beneficiarios, ellos suman poco más de cien mil trabajadores. En efecto, esta baja cobertura se debe justamente a lo anteriormente señalado, en cuanto que una gran proporción de los desocupados deriva del sector informal.

Si bien se han llevado diversas políticas públicas que abordan la materia expuesta, aún falta mucho por hacer en este sentido. Desde la Cámara de Diputados se han impulsado, diferentes presentaciones, para ensanchar el beneficio a trabajadores no registrados, empleados públicos, personal doméstico y todo aquel sector que se encuentre excluido de su patrocinio. En el mismo sentido, ayudaría una política laboral que difunda y facilite los mecanismos necesarios para que desocupados "sin papeles". Esto es, carentes de certificación de despido sin justa causa o fuerza mayor, puedan demostrar su condición laboral, admitiendo nuevas probanzas y simplificando los requisitos que exige la Ley.

Al mismo tiempo, la fiscalización sistemática y efectiva de regularización del trabajo no registrado en empresas medianas y grandes, debe profundizarse para poder ensanchar la base donde se asienta el sistema. De igual modo la capacitación técnica, la creación de talleres y escuelas de oficios, llevados a cabo por instituciones públicas o privadas, son de formidable soporte, al andamiaje legislativo planteado.

Dar respuesta a los requerimientos de la población en cuanto a sus demandas laborales y salariales, implica la creación genuina de puestos de trabajo. Implica como condición necesaria, un crecimiento sostenido de la actividad productiva. Pero no nos obstinemos en chocar contra la realidad. Dicha condición es indispensable pero no es suficiente ni bastante, exige además profundos cambios institucionales y políticas activas de reconversión-

De no confluir ambos eventos, seguiremos desaprovechando oportunidades, perdiendo décadas, declamando exaltadamente desde lo discursivo emblemáticos slogan que solo hacen carne en estampillas y sellos postales. Sin que ello pueda transformar radicalmente la vida de millones de argentinos que padecen la precariedad laboral.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares su apoyo en el presente proyecto de ley.