La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Su profunda preocupación por el estado actual del sistema educativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que llevó a los estudiantes a tomar medidas de fuerza para reclamar por una Educación Pública de calidad, tal como la garantiza la Constitución Nacional.

Señor presidente:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los se vive en la actualidad un denso conflicto entre estudiantes secundarios del sistema educativo porteño, vinculado a severas deficiencias infraestructurales que ya lleva más de dos años (1) sin una solución a las demandas estudiantiles que exigen la existencia de condiciones edilicias básicas que permitan llevar adelante su formación, así como la existencia de un sistema eficiente de becas (obligación de jerarquía Constitucional (2) ) . Éste conflicto ha recrudecido en el último mes, llegando a ser veintitrés los Colegios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomados y con sus respectivos Centros de Estudiantes encabezando los reclamos, una masividad inédita en el ámbito porteño que manifiesta ineludiblemente la existencia de una problemática que atraviesa la totalidad del sistema de educación porteño, y que para colmo de males ha decidido ser afrontado por las autoridades locales mediante de la identificación y criminalización de aquellos estudiantes .

Dichos problemas se pueden hacer visibles acudiendo a los datos que el propio Ministerio de Hacienda del GCBA, que muestra que en el primer trimestre del corriente año se ejecutaron tan sólo 47 de los 441 millones de pesos destinados a la Dirección de Infraestructura y Equipamiento del Ministerio de Educación, cifra que supera ligeramente el 10% y que marca la notable subejecución y desidia del Gobierno Porteño en este aspecto (3) , problema que ya ha sido resaltado en esta materia (4) .

En ése sentido, es mi deber como diputado elegido por el voto de los ciudadanos porteños resaltar el rol en el que está comprometido el Estado Nacional (y en particular el Poder Legislativo) a la hora de garantizar una Educación Pública y gratuita en condiciones dignas, así como del derecho de expresión y reclamo de los estudiantes, tal y como surge del mandato constitucional expresado en los artículos, 14, 75 inc.19 y de los pactos internacionales en materia de Derechos Humanos que imponen al Estado obligaciones de carácter constitucional e internacional para con la comunidad de Estados. En éste sentido, y al sólo efecto enumerativo, podemos citar los Arts. XII, XXI y XXII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre , el Art. 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Arts. 3°.3, 4°, 12° y 15° de la Convención sobre los Derechos del Niño y de los Art. 19, 26 y 28 del Pacto de San José de Costa Rica.

En ése sentido, y teniendo en cuenta que el debido rol de control que debe ejercer éste cuerpo sobre el respeto de un derecho fundamental y básico para el pleno desarrollo de los habitantes de nuestro país, sobre los cuáles el Estado Nacional tiene una facultad concurrente tanto en materia educativa como en la tutela del interés superior del menor (5) y que se ve seriamente vulnerado por situaciones como ésta, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.