La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo informe sobre los siguientes puntos:

1. Si la compra de coches de trenes para el servicio de subterráneos de la ciudad de Buenos Aires, efectuada con intervención de la Secretaría de Transportes de la Nación, se realizó por medio de un proceso que garantizara la libre concurrencia de oferentes. En caso negativo, explique los motivos por los cuáles no se haya realizado la adquisición de acuerdo a los mecanismos de contratación mencionados.

2. Explique los motivos por los cuáles el Poder Ejecutivo decidió efectuar esa contratación por sí y no por intermedio de la Ciudad de Buenos Aires, cuando se trata de un servicio local de la Ciudad de Buenos Aires, ajeno a la jurisdicción federal de conformidad a las pautas establecidas por la Constitución Nacional.

3. Informe si alguna repartición del gobierno recibió, con anterioridad a dicha contratación, ofertas o propuestas de ventas de coches de trenes subterráneos, de parte de la firma que en definitiva resultara adjudicataria de la operación o de terceros.

4. En caso de respuesta afirmativa a la pregunta anterior, detalle las fechas de recepción y los precios ofrecidos por coche, por repuestos y el costo de financiamiento, en cada caso.

5. Detalle los precios ofrecidos por coche, por repuestos y el costo de financiamiento acordados por la contratación del punto 1º del presente pedido de informes.

Señor presidente:

Recientemente el Poder Ejecutivo anunció la compra de coches de trenes subterráneos, para el servicio de la Ciudad de Buenos Aires, por un valor de más de US$ 800 millones. Cabe destacar que el servicio de subterráneos de Buenos Aires es un servicio completamente local de la Ciudad Autónoma, que no se conecta con ninguna otra jurisdicción, por lo que carece de jurisdicción federal. Está bien que la Nación haga inversiones en infraestructura para la Ciudad, como lo hace para las restantes provincias, pero llama la atención que no contrate por intermedio de las autoridades locales o al menos con su intervención, como suele hacerlo en el caso de las provincias, sobre todo cuando se trata de un monto tan importante.

Tras anunciarse la contratación, trascendió que el precio acordado era muy superior a los precios ofertados con anterioridad al gobierno, por la misma firma contratista y por otras alternativas. Ello requiere aclaración. Para que no se confundan precios del material rodante con el precio de los repuestos y los costos de financiamiento, solicitamos el detalle correspondiente de las ofertas previas y de los montos efectivamente contratados.

Queremos saber, además, por qué una contratación tan voluminosa no se realizó por medio de una licitación pública internacional, como el sentido común aconseja y la normativa vigente manda.

Quienes militamos en la vida pública con un proyecto de poder que busca transformar una situación a todas luces insatisfactoria en materia de transparencia y de rendición de cuentas a los ciudadanos que pagan los gastos de los gobiernos, estamos obligados a aclarar situaciones que han sido cuestionadas, en beneficio del adecuado funcionamiento de la democracia y del estado de derecho.