La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su enérgico repudio y su pesar por los graves hechos de violencia y las muertes sucedidas en la República Árabe Siria, a raíz de las protestas populares masivas y su represión por parte del gobierno de Bashar al-Assad.

Su condena a las violaciones a los derechos humanos y su solidaridad con el pueblo sirio.

Su exhortación al Poder Ejecutivo para que, a través de los organismos que correspondan, promueva en el ámbito regional e internacional, la adopción de declaraciones y acciones tendientes a garantizar un proceso político inclusivo en dicho país que evite la prolongación de la violencia y la injerencia de intereses ajenos al conflicto.

Señor presidente:

El actual estado de rebelión en Siria se inició el 26 de enero de 2011, influida por otras protestas simultáneas en la región, como en Túnez, Egipto y Libia, exigiendo profundos cambios en los gobiernos. Al igual que sus vecinos, en Siria gobierna un partido único, el Partido del Renacimiento Árabe Socialista o Baaz, desde el año 1963. El Baaz, gobierna Siria bajo la declaratoria de estado de emergencia y desde 1970 el presidente de Siria ha pertenecido a la Familia Assad, en la actualidad el Presidente es Bashar al-Assad, hijo de Hafez al-Assad, quien rigió los destinos del país desde 1970 hasta su muerte en el año 2000. Por esta razón, influenciados por los levantamiento en la región, los manifestantes demandan más libertades y plena democracia, así como también un mayor respeto de los derechos humanos.

Como respuesta a la mayor rebelión popular que tuvo lugar en el país, las fuerzas de seguridad sirias reprimieron e hirieron a miles de manifestantes, principalmente civiles, registrándose un elevado número de muertos, que divergen según las fuentes. De cualquier manera la situación resulta insostenible y ha motivado que el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha condenado recientemente el uso de fuerza contra los manifestantes catalogándola como "inaceptable".

Los intentos de las potencias occidentales y sus aliados en la Liga Árabe de forzar una intervención del Consejo de Seguridad motivaron un reciente veto de China y Rusia.

Con su veto, Rusia y China abogan por dar más tiempo a la llegada de una solución política que resuelva la crisis siria, evitando así la aplicación de medidas drásticas y peligrosas que agraven el conflicto y provoquen más disturbios y muertes entre la población de este país.

El frustrado proyecto de resolución buscaba asegurar el "total apoyo" del Consejo de Seguridad de la ONU al plan presentado por la Liga Árabe el pasado 22 de enero, en el que se exige la renuncia al poder del presidente sirio, Bashar Al Assad. Esta condición fue uno de los aspectos más polémicos y debatidos durante las consultas realizadas antes de la votación.

El principio de la Carta de la ONU es la salvaguardia de la paz y la seguridad internacional. La organización debería ser capaz de impedir la agresión, pero no obligar a un país a cambiar su régimen.

Lo sucedido en Libia sentó un precedente negativo, que no debe repetirse. Los países miembros de la OTAN se excedieron en la aplicación de la resolución del Consejo de Seguridad sobre la zona de exclusión aérea en Libia, aprovechándose de dicha medida para prestar apoyo armado a una de las partes enfrentadas. En vez de priorizar la premisa de proteger a los civiles, por el contrario, dicho proceder repercutió en detrimento de la población civil, haciendo más sangrienta la de por sí desastrosa guerra civil libia.

Para impedir un mayor derramamiento de sangre en Siria, es necesario que se ponga en marcha inmediatamente un proceso político inclusivo en el país, y es el propio pueblo sirio, no fuerzas extranjeras, quien debe decidir su propio destino. Esta debe ser la prioridad y la Argentina en coordinación y con los países de UNASUR deben bregar para imponer este criterio.

Actualmente, hay quienes sostienen la necesidad de propiciar un cambio de régimen en Siria, como forma de responder adecuadamente a las aspiraciones democráticas del pueblo sirio. Desde luego que la elección de un gobierno constituye un derecho democrático de ese pueblo.

Estados Unidos busca sacar la mejor tajada de los procesos de insurrección en Medio Oriente y por ello apoya a quienes supone que llegarán al poder tras esos procesos. Washington hará todo lo posible por aumentar su influencia en la región.

Ello significa que la Casa Blanca busca ganar influencia en los citados países, antes de los desenlaces de los conflictos políticos internos y por ello colabora con aquellos que supuestamente podrían gobernar en un futuro.

Por todo ello, y constituyendo nuestro deber como legisladores tomar posición frente a acontecimientos que son de interés global y afectan la seguridad internacional, pongo este proyecto a disposición de mis pares solicitando su apoyo