La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su profunda preocupación ante la determinación del Sr. Fiscal General, Dr. Esteban Righi, de limitar las atribuciones de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FNIA), que implica un nuevo atentado contra el principio de independencia, transparencia y confiabilidad que deben primar todos los actos referentes a la gestión pública del Gobierno Nacional, como a todos sus funcionarios.

Señor presidente:

Conocida es la actividad de corrupción que invade desde hace años la esfera política de nuestro país, lo cual es reconocido a nivel internacional si se atiende a que la Argentina se encuentra en el lugar 109 en el ranking de corrupción entre 180 países, según informe de Transparencia Internacional suministrado con fecha 23/9/08, con 2,9 puntos, de un total de 10, y comparte la posición con Armenia, Belice y Vanuatu. Cabe agregar que, según este mismo informe, en el último año, además descendió cinco lugares en dicho ranking, ya que en el anterior figuraba en la posición 105.

Ello en modo alguno ha sido atemperado por el régimen de los Kirchner, no obstante su prédica inicial constante sobre tal cuestión, si se atiende a los sucesos escandalosos de probable cariz delictivo que vienen afectando a la administración pública nacional durante dicho gobierno.

Abundan desde entonces los esfuerzos legislativos por atenuar, disminuir y emitir normas que sirvan como herramientas limitativas de las conductas delictuales que caracterizan todo hecho de corrupción. Sin embargo, resulta llamativo que si mientras judicialmente se intenta "dar batalla" a este contundente mal, políticamente -desde el actual gobierno-, las decisiones adoptadas aparecen como tendientes a buscar un efecto totalmente contrario.

Ello se da justo cuando el Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas (FNIA) Manuel Garrido, ante una denuncia del Defensor del Pueblo de la Nación Eduardo Mondino, pidió a la justicia federal que determine si funcionarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) cometieron algún delito en el conflicto por el envío de fondos previsionales de la Nación a la Provincia de Córdoba.

Por lo demás, debe recordarse que precisamente la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas tiene a su cargo la investigación sobre el harto dudoso incremento patrimonial de los Kirchner, en cuya primer etapa el Juez Federal Julio Ercolini sobreseyó la causa en el meteórico y sugestivo plazo de aproximadamente un año, habiéndose ahora abierto una nueva instancia de averiguación y análisis con las actuales denuncias formuladas, entre otros, por la propia suscripta.

Ello conduce a un estado generalizado de sospecha sobre la independencia del Ministerio Público respecto del Poder Ejecutivo, ya que cuánto mayores controles y seguimientos se requieren para contrarrestar los posibles ilícitos, en base a fundamentos inexistentes o pueriles estos se restringen sustancialmente, aumentando el intenso sentimiento de impunidad que invade a la comunidad respecto de sus gobernantes.

Esta absurda (o no, si se atiende a las necesidades cada vez mayores del régimen kirchnerista de impedir toda investigación vinculada a la corrupción) limitación a las facultades de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, es la última perla del collar de descontroles repetidos en los últimos años y que afectan a todos los organismos vinculados con la averiguación de hechos de corrupción.

Véase si no lo acontecido con la Oficina Anticorrupción, prácticamente desarmada por el Ministro de Justicia, tanto así que no se pueden abrir investigaciones ni pedir información a otros organismos del Estado sin la firma exclusiva y excluyente del titular de la misma.

Otro tanto acontece con la Auditoría General de la Nación, ya que el oficialismo cuenta con mayoría absoluta en el Colegio de Auditores, lo que impide el avance de cualquier investigación que pudiera perjudicar al Gobierno, amén de que su presupuesto es sensiblemente inferior al de organismos similares existentes en América latina.

La SIGEN también ha visto limitadas sus facultades ya que se ha restringido su capacidad de investigar irregularidades debido al alto grado de dependencia que tiene respecto de los entes que debiera controlar.

Ningún gobierno que se precie de serio debe poder limitar su capacidad de controlarse a sí mismo, pues de hacerlo pierde toda credibilidad frente a sus administrados, que no son precisamente sus súbditos sino sus mandantes, por lo que a éstos principalmente deberán rendir cuentas de sus actos, y no es cercenando la posibilidad de poner al descubierto sus posibles lacras, para así corregirlas, como se cimenta la confianza que es indispensable para el cumplimiento de las mandas constitucionales.

Es por ello que solicito al Cuerpo el apoyo al presente Proyecto de Declaración.