La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar su más enérgico repudio ante el permanente hostigamiento que viene realizando el Poder Ejecutivo Nacional hacia distintos periodistas, empresarios y empresas de medios de comunicación, en detrimento y menoscabo del derecho a la información y a la libertad de expresión, y su rechazo a todo tipo de censura sobre la prensa.

Señor presidente:

El reciente acto celebrado en la casa rosada donde la Presidenta de la Nación ha presentado a la sociedad una nueva versión sobre la compra de la empresa privada PAPEL PRENSA y el dictado de la Resolución Nº100/2010 (B.O.20/08/10) por parte de la Secretaría de Comunicaciones dependiente de la Presidencia de la Nación, declarando la caducidad de la licencia para la prestación de los servicios de Transmisión de Datos en el ámbito nacional, Telefonía Local y Telefonía Pública otorgada a la Empresa "Fibertel S.A", no pueden ser sino interpretados como dos hechos más de persecución dentro un plan sistemático del Poder Ejecutivo Nacional para condicionar a periodistas, empresarios y medios de comunicación, y de esta forma acallar las críticas a su gestión.

Por un lado, en el caso Papel Prensa, resulta llamativo que luego de 33 años, en el momento de máximo conflicto entre el Poder Ejecutivo Nacional y los dueños mayoritarios de esa empresa, se haga la presentación de un informe donde se plantea que la compra de aquella estuvo relacionada a la tortura de sus antiguos dueños, más aún cuando la versión oficialista se contradice abiertamente a lo testimoniado en los tribunales y juzgado en sede judicial.

A mayor abundamiento, resulta al menos sospechoso que el autor de este informe haya sido el Secretario de Comercio, Guillermo Moreno, tristemente conocido por sus hazañas en el INDEC y en la propia intervención de Papel Prensa.

Ante estos hechos, queda en evidencia que el verdadero fin del gobierno no ha sido la búsqueda de justicia sino, quitarle el control de la producción y comercialización de papel a los diarios La Nación y Clarín y, de esa forma privarlos de su insumo básico.

En cuanto al caso "Fibertel", más allá de las razones jurídicas invocadas por la Administración, la realidad es que el Secretario de Comunicaciones, sin otorgar derecho a defensa, dictó una resolución disponiendo la caducidad de derechos de una empresa privada perteneciente al mismo grupo mediático que viene atacando públicamente, con el único fin de perjudicarla.

En este sentido, ambas acciones no deben leerse como hechos aislados sino como parte de una campaña orquestada desde las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional a los efectos de generar temeridad en aquellos que tienen el rol de informar a la sociedad sobre los asuntos públicos. Hecho que afecta no tan solo a las empresas privadas, sino a los usuarios, lectores o público en general.

En efecto, desde ya hace algunos años el Poder Ejecutivo Nacional viene tomando represalias en contra de aquellos medios y periodistas que publiquen noticias negativas sobre el gobierno. Al mismo tiempo que perseguía sus adversarios ponía en marcha todos los recursos del Estado para generar un aparato de propaganda política adicto al régimen. En ese sentido, se pueden recordar algunas acciones realizadas por este gobierno:

a) Desde un primer momento, cuando Néstor Kirchner era presidente, a los pocos grupos que se animaban a criticar, se les aplicaba la metodología de la discrecionalidad en la distribución de la pauta oficial donde se premia o castiga según sea la crítica o el elogio. Así, verbigracia, le ocurrió a Editorial Perfil durante todos estos años -lo cual motivó incluso fallos judiciales- y al diario Crítica de la Argentina -que fue llevado a la quiebra-.

b) Además, en el caso de la editorial Perfil, el director de su diario, Jorge Fontevecchia, ha sufrido desde operaciones mediáticas orquestadas por el gobierno hasta agresiones físicas aplicadas por militantes del grupo gobernante.

c) También desde el Gobierno se realizaron presiones a medios estatales y afines para levantar programas de periodistas con visión crítica e

d) independiente como sucedió en los casos de Pepe Eliaschev y Jorge Rulli en Radio Nacional y de Nelson Castro en Radio del Plata.

e) No contentos con la "realidad virtual" que presentaba a su juicio el grupo Clarín en detrimento de la supuesta "verdad real" que ellos querían transmitir a la sociedad, la Presidenta Cristina Kirchner y su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner, le declararon oficialmente la guerra a dicho grupo y comenzaron a utilizar todas las instituciones del estado a los efectos de degradar a su nuevo "enemigo".

f) Ante la necesidad de buscar algún programa taquillero en la televisión pública donde pudiera transmitir su particular visión de la realidad, el Poder Ejecutivo Nacional presionó a la AFA para que rescinda los derechos de televisación del fútbol a TSC, una de las empresas vinculadas al grupo, y firme un nuevo contrato con canal 7 a cambio de una suma cercana a los 1000 millones de pesos y que sería solventada por los impuestos que paga todo el pueblo argentino.

g) En esta lucha por acallar las disidencias, el gobierno hecho mano a una de sus mejores armas -que reiteradamente utiliza para perseguir cualquier grupo o persona que no se encuadre a su voluntad-, la persecución impositiva. Realizó un megaoperativo de la AFIP en las oficinas del Grupo Clarín, donde se presentaron de manera poco clara cerca de 200 inspectores en un operativo inusual por su magnitud.

h) Al mismo tiempo, el Secretario de Comercio y su grupo de tareas comienzan a intervenir en Papel Prensa. Irrumpen en la empresa, no respetan ninguna norma, y agreden física y verbalmente a todo aquel que se le resista. Son varios los hechos de violencia registrados y denunciados que involucran al señor Guillermo Moreno y su grupo de tareas -que de alguna manera, terminan también siendo muy representativos del estilo de este gobierno-.

i) También llama la atención, el especial empeño que ha puesto el gobierno en llevar adelante una causa sobre la identidad de los hijos de Ernestina Herrera de Noble en momentos en que se encuentra enfrentado con el grupo mediático que le pertenece.

j) Otro hecho de notoria persecución a periodistas y medios, fue el llamado "Juicio a Periodistas" realizado por la señora Hebe de Bonafini en la plaza de mayo. Acto que contó con la presencia de funcionarios del gobierno y que se utilizó para difamar de manera infundada a muchos profesionales de ese rubro.

k) También revistió gravedad, la campaña de afiches que militantes oficialistas pegaron contra distintos periodistas en plena discusión de la nueva ley de medios, buscando atemorizar a los destinatarios y evitar críticas a la gestión de gobierno.

l) Por otro lado, el Poder Ejecutivo Nacional utiliza todos los programas de la televisión pública para hacer una tendenciosa propaganda partidaria cuando ésta, al ser de todos los argentinos, debería reflejar pluralidad y diversidad de enfoques. En este sentido, el caso más palmario es el del programa "6, 7, 8" que se dedica a criticar periodistas y opositores diariamente como si fuera un apéndice del gobierno y un fiel reproductor del pensamiento del ex presidente Néstor Kirchner.

Como se puede observar, estos últimos hechos que estamos presenciando no pueden ser considerados de manera aislada sino como parte de un plan organizado y sistemático de un gobierno que no tolera las voces disidentes, y que incluso ha llegado a intimidar jueces, camaristas y Ministros de la Suprema Corte de Justicia a fin de que revoquen las medidas cautelares que existían sobre la ley de radiodifusión, a través de declaraciones del ex Presidente Kirchner, gobernadores como Capitanich, y el propio titular de la Autoridad Federal de Medios, Gabriel Mariotto quien asistió al acto que se realizó para presionar a la corte que tuvo lugar frente al palacio de tribunales.

El derecho de libertad de expresión es un derecho sustantivo, natural e inalienable de todo ser humano que refleja que cada ciudadano pueda difundir sus ideas y opiniones sin ser acosado y perseguido por el Estado. Las sociedades democráticas se empeñan en fundamentar y argumentar permanentemente en la necesidad de facilitar el debate acerca de cuestiones de interés público, las acciones de gobierno y opciones políticas que se presentan a los ciudadanos para que formen su propio juicio a partir de la información al cual acceden.

En ese sentido, el periodismo cumple una función de importantísima relevancia. Si todos los medios fueran oficialistas y el discurso oficial fuera reproducido en todos los medios nos encontraríamos ante una muy débil democracia: ¿Cómo haría el pueblo para informarse de las cosas que hace mal el gobierno? ¿Cómo harían los partidos opositores para hacer saber a la sociedad sus propuestas alternativas? ¿Cómo haría el pueblo para saber los hechos de corrupción que puede realizar un gobierno y tener una visión crítica sobre sus funcionarios?

Justamente, por estas razones, es que todo régimen autoritario tiene como primer objetivo buscar la eliminación de las voces disidentes en los medios a los efectos de lograr la homogeneidad del discurso informativo circulante. Así empezaron todos los gobiernos totalitarios, incluyendo los que tristemente tuvieron vigencia en nuestro país, que no dudaron en establecer todo tipo de censuras a la prensa y a las libertades públicas en general.

Es necesario defender la democracia como estilo de vida y la vigencia irrestricta de los postulados constitucionales que hacen al fortalecimiento de las instituciones republicanas, para vivir en libertad respetando lo que piensan los demás, el otro y admitir el disenso como una de las prerrogativas necesarias para asegurar la convivencia entre todos los argentinos.

Es por estos motivos, y más allá de compartir o no la línea editorial de los grupos cuestionados por el oficialismo, más allá de que nos guste o no la pluma de los periodistas atacados, es necesario que esta Honorable Cámara repudie enérgicamente el permanente hostigamiento que viene realizando el Poder Ejecutivo Nacional hacia distintos periodistas, empresarios y empresas de medios de comunicación, en detrimento y menoscabo del derecho a la información, y a la libertad de expresión.

Por todo lo expuesto, señor Presidente, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.