La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su preocupación por la decisión del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, comunicada oficialmente a la Secretaría General de la OEA el día 10 de Septiembre de 2012. Pese a los esfuerzos realizados por la Comisión y los diversos pronunciamientos llamando a revocar la decisión de denunciar la Convención.

El día 10 de septiembre de 2013 entra en vigencia la denuncia, esto es, que las violaciones a Derechos Humanos que pudieran ocurrir en Venezuela después del 10 de septiembre de 2013, no podrán ser conocidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH)

Esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación Insta al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a retirar su instrumento de denuncia depositado en la Secretaría General.

Señor presidente:

El 31 de julio de 2012 La República Bolivariana de Venezuela ingresa oficialmente al MERCOSUR

El 10 de septiembre de 2012 el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela comunicó al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, José Miguel Insulza, mediante nota oficial, que denuncia la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

El Protocolo de Ushuaia en su artículo primero dispone que: "La plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para el desarrollo de los procesos de integración entre los Estados Partes del presente Protocolo" . En el mismo sentido, el Protocolo de Asunción sobre compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos del Mercosur afirma en su primer artículo que "la plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales son condiciones esenciales para la vigencia y evolución del proceso de integración entre las partes."

Es evidente que Venezuela no cumple con ninguno de estos Protocolos, máxime cuando ha decidido denunciar la Convención que organiza los organismos de control externo sobre derechos humanos y deniega a los ciudadanos una instancia independiente de acceso a la justicia mediante un reclamo a nivel internacional.

El Mercosur nació como un sistema intergubernamental, sin embargo el punto máximo de una integración es la de poseer una organización supranacional. Si bien el Mercosur se encuentra en pleno desarrollo y crecimiento, pero no podrá evolucionar hacia una integración mayor debido a que nuestra constitución le prohíbe al congreso aprobar tratados para el caso que no se respeten los derechos humanos y las Instituciones Democráticas.

Es importante que esta Honorable Cámara de Diputados se sume al pedido de la Secretaría General de la OEA, de la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de la ONU y de Amnistía Internacional de solicitarle a Venezuela que reconsidere su decisión y retire la denuncia realizada.

Si bien el artículo 78 de ese tratado señala que: "1. Los Estados parte podrán denunciar esta Convención (...) mediante un preaviso de un año, notificando al Secretario General de la Organización, quien debe informar a las otras partes. 2. Dicha denuncia no tendrá por efecto desligar al Estado parte interesado de las obligaciones contenidas en esta Convención, en lo que concierne a todo hecho que, pudiendo constituir una violación de esas obligaciones, haya sido cumplido por él anteriormente a la fecha en la cual la denuncia produce efecto".

Los estados parte del Mercosur hemos reafirmado la plena vigencia de la Convención Americana en el Protocolo de Asunción sobre compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos, firmado y ratificado por los países miembros en 2005. Se firmó en 2006 la Declaración sobre Derechos Humanos de los Presidentes del Mercosur y Estados Asociados, que en su párrafo segundo sostiene que los países firmantes:

"Reafirman su adhesión a los principios de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre aprobada en Bogotá en 1948, y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos suscripta en San José de Costa Rica en 1969, y su compromiso de continuar con el proceso de fortalecimiento y perfeccionamiento de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos".

Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares sea aprobada la presente.