La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Declarar su beneplácito por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional el artículo 41 Inciso a) de la Ley de Asociaciones Sindicales que supone la exclusividad de representación que detentan los sindicatos con personería gremial otorgada por el Ministerio de Trabajo y en consecuencia resolvió que no resulta obligatorio estar afiliado a un sindicato con personería gremial para que cualquier trabajador pueda ejercer sus derechos sindicales (Fallo "Asociación de Trabajadores del Estado c/ Ministerio de Trabajo s/ Ley de Asociaciones Sindicales" - S.C. A. nº 201, L. XL.).

Señor presidente:

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto de un tema de significativa importancia para los trabajadores argentinos. En efecto, recientemente el Alto Tribunal ha declarado con muy buen criterio la inconstitucionalidad del inciso a) del artículo 41 de la Ley de Asociaciones Sindicales, en la medida en que exige que los delegados del personal y los integrantes de las comisiones internas y organismos similares deban estar afiliados a la respectiva asociación sindical con personería gremial y ser elegidos en comicios convocados por ésta; garantizando y encumbrando de esa manera la libertad sindical que constituye un pilar fundamental de nuestro derecho laboral.

La CSJN, en el fallo "Asociación de Trabajadores del Estado c/ Ministerio de Trabajo s/ Ley de Asociaciones Sindicales" - S.C. A. nº 201, L. XL, efectuó un medular estudio de la evolución del derecho de asociación en general, y de la denominada "libertad sindical" en particular. En este sentido subrayó la "sucesión ininterrumpida de numerosos instrumentos internacionales que, desde 1994, tienen jerarquía constitucional" y que consagran expresamente la mentada libertad sindical.

La Corte puso especial énfasis en las prescripciones del Convenio Nro. 87 de la Organización Internacional del Trabajo que dispone que "los trabajadores (...) sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas" (art. 2). Del mismo modo este Convenio sostiene que las "organizaciones de trabajadores (...) tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción", (...) " las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal" (art. 3.2). Y agrega que la "legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de suerte que menoscabe las garantías previstas por el presente Convenio" (art. 8.2). Los Estados miembros "se obligan a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores (...) el libre ejercicio del derecho de sindicación" (art. 11) (artículos citados por Alto Tribunal en el considerando Nro. 5).

Asimismo la Corte señaló que el artículo 14 bis de nuestra Carta Magna reconoce el derecho a "una organización sindical libre y democrática". A la luz de las consideraciones precedentemente expuestas, el Máximo Tribunal de Justicia concluyó que "el articulo 41, inc. a de la ley 23.551 viola el derecho a la libertad de asociación sindical amparado tanto por el art. 14 bis de la Constitución Nacional como por las normas de raigambre internacional (...) en la medida en que exige que los delegados del personal y los integrantes de las comisiones internas y organismos similares (...) deban estar afiliados a la respectiva asociación sindical con personería gremial y ser elegidos en comicios convocados por ésta". Y añadió "La limitación mortifica dicha libertad, de manera tan patente como injustificada...".

Al mismo tiempo el fallo sostuvo que la legislación cuestionada crea un "monopolio" que "atañe nada menos que a la elección de los delegados del personal, esto es, de los representantes que guardan con los intereses de sus representados, los trabajadores, el vínculo más estrecho y directo puesto que ejercerán su representación en los lugares de labor, o en la sede de la empresa o del establecimiento al que estén afectados." (vide considerando Nro. 9).

Valoramos profundamente el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por que entendemos que ha honrado su rol fundamental como último garante de la vigencia de nuestra Constitución Nacional y de los derechos por ella tutelados.

Este trascendental precedente jurisprudencial pone a resguardo derechos fundamentales de los trabajadores, permitiéndoles desarrollar en forma plena su derecho de participación sindical y garantizando la pluralidad de expresiones sindicales conforme lo exige un verdadero sistema democrático.

El desafío ahora es generar consensos para adecuar nuestra legislación laboral a las directrices marcadas por el fallo de la Corte, lo que en definitiva implica amoldarla a las normas de nuestra Constitución Nacional y a los distintos Tratados internacionales con jerarquía constitucional suscriptos por nuestro país.

Por los motivos expuestos solicito a mis pares me acompañen en la presentación del presente proyecto.