La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su preocupación por las declaraciones del Presidente de la Nación, Mauricio Macri, en relación a su voluntad de remover de su cargo a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

Su ratificación de la norma constitucional, que garantiza la autonomía funcional y autarquía financiera para el cargo de Procurador General de la Nación, del cual sólo se puede ser removido mediante el juicio político.

Señor presidente:

Los firmantes de este Proyecto de Declaración vemos con especial preocupación la vocación del Presidente de la Nación, Mauricio Macri, de no cumplir con la Constitución Nacional o, lo que es más grave, de violarla en forma manifiesta. Es que en varias declaraciones públicas, afirmó que funcionarios como Martín Sabatella, de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y el entonces Presidente del Banco Central de la República Argentina, Alejandro Vanoli, debían abandonar su cargo de forma voluntaria o forzarían la ley para que ello suceda. En el mismo grupo, incluyó a la Procuradora General de la Nación, un cargo cuya investidura está consagrada por la propia Constitución Nacional. Nos moviliza especialmente que intente avasallarse esta institución con el objetivo preciso de designar autoridades afines al nuevo gobierno.

Es sabida la voluntad del Constituyente de 1994 de dotar al Ministerio Público Fiscal de plena autonomía y autarquía para funcionar. Su duración en el cargo es, al igual que para los Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, vitalicia. Más precisamente, "hasta los 75 años de edad y hasta que dure su buena conducta". Esto significa que, ni los jueces de la Corte ni el Procurador General, pueden ser removidos de su cargo por otra vía institucional distinta al juicio político.

El argumento esgrimido es vacío de contenido: se dice que es una Procuradora afín al gobierno nacional de los últimos doce años. No obstante, no hay ninguna prueba o evidencia de tal afinidad. De hecho, sí es sabido que ella se ha enfrentado al entonces Presidente Néstor Kirchner desde el cargo de Fiscal General.

Hace no mucho tiempo, cuando desde el mismo proyecto político se reclamaba la renuncia del Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Carlos Santiago Fayt, debido a su avanzada edad, muchos sectores reaccionaron en su defensa. Entendían que el cargo era perpetuo, obviando el límite constitucional de los 75 años de edad. Su cruzada era por la institucionalidad y la independencia del poder judicial. Es notable e irónico cómo, a los pocos meses, los mismos referentes políticos se mostraban ansiosos por destituir, como sea posible, a la Procuradora, sin ninguna razón que permita tal decisión. Parece intencional que se quieran hacer diferencias donde no las hay: quieren hacer hoy, sin ningún decoro, algo más grave que por lo que ayer se escandalizaban.

Esto no es una valoración de la persona o de las funciones de la Procuradora General de la Nación. Es, en cambio, un llamado al respeto institucional y a la división de poderes. También a la coherencia de quienes hoy gobiernan nuestro país. Ellos, que durante los largos meses de campaña electoral bregaron por el funcionamiento de, entre otras cosas, una justicia independiente, ahora les toca respetarla y actuar en consecuencia.

Tampoco es la intención adelantar nuestra opinión sobre el fondo de esta cuestión. Sí lo es declarar que el único camino institucional para destituir a la Procuradora General de la Nación es el juicio político. De ser el caso, participaremos del mismo y respetaremos la decisión que en ese acto se tome.

De prosperar lo manifestado por el Presidente Macri, si se priva de su cargo a la Procuradora General de la Nación, estaremos ante un acto de intensa gravedad institucional, que no será tolerado por los firmantes.