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PROYECTO DE TP


Expediente 6370-D-2014
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONCESIONES Y SUBSIDIOS EN EL AMBITO DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS.
Fecha: 15/08/2014
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 103
Proyecto
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:


Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional en los términos del art. 100 inciso 11 de la C.N. para que por intermedio de la Jefatura de Gabinete de Ministros; Ministerio del Interior y Transporte y demás organismos competentes, informe a la H. Cámara de Diputados sobre los siguientes puntos vinculados a presuntas irregularidades en concesiones y subsidios en el ámbito del transporte automotor de pasajeros.
1.- Remitir copia fiel del expediente relativo a la concesión de la Terminal de Ómnibus de Retiro.
2.- Consignar un prolijo detalle de beneficiarios y montos percibidos en concepto de subsidios a operadores ferroviarios y de transporte automotor de pasajeros desde junio 2003 a la actualidad, adjuntando las respectivas rendiciones de cuentas. Especificar fórmula de cálculo para el otorgamiento de los subsidios y los mecanismos de control destinados a certificar la veracidad de la información insinuada por las empresas beneficiarias.
3.- Enviar un listado actualizado desde enero de 2010 a agosto de 2015 de operaciones de suministro de gasoil a precio diferenciado para las empresas del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), adjuntándose copias certificadas de las entregas efectuadas a cada sociedad comercial o titular de unidad de transporte.
4.- Indicar las razones por las cuales se suspendió en el año 2012 a las empresas San José S.A. y Nuevo Chevallier S.A. como beneficiarias de los subsidios, que motivaron su salida forzada del régimen de transporte automotor público de pasajeros de larga distancia.
5.- Establecer cuáles fueron las empresas beneficiadas con la entrega de los subsidios que percibían hasta 2012 Nuevo Chevallier S.A. y San José S.A.
6.- Evaluar el dictamen de la Auditoría General de la Nación que determinó que al menos el 82 por ciento de empresas a nivel nacional y el 47,05 en el orden provincial y municipal recorrían un kilometraje inferior al que habían declarado para el cálculo del subsidio que luego recibían.
7.- Determinar el grado de cumplimiento en la adopción e implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), cuáles son las empresas que aún no lo han incorporado y de qué manera se controla el universo de pasajeros transportados en dicho caso.
8.- Especificar cuál es el mecanismo de análisis y contralor de los costos reales anuales de cada empresa de transporte beneficiaria de subsidios del Estado nacional.
9.- Informar las razones por las cuales el Plan de Mejoras del parque automotor no cuenta con la aprobación expresa del Ministerio del Interior y Transporte.
10.- Indicar el estado del trámite de los expedientes que investiguen el incumplimiento del Régimen de Gratuidad para Personas Discapacitadas, con transcripción de las sanciones que se hubieren dispuesto.
11.- Demostrar de qué modo el Ministerio del Interior y Transporte ha dado cumplimiento a la observación de la Auditoría General de la Nación acerca de la necesidad de implementar un plan de auditoría, ya que su ausencia "debilita el control y pone el riesgo que enfrentan y perciben las empresas subsidiadas de incurrir en incumplimientos".

FUNDAMENTOS

Proyecto
Señor presidente:


El juez federal Luis Rodríguez impulsó una serie de medidas de prueba con el objeto de investigar supuestas irregularidades en concesiones de la terminal de ómnibus de Retiro, otorgamientos de subsidios a concesiones y operadores ferroviarios, "inconsistencias en contrataciones públicas y el otorgamiento de subsidios ferroviarios en general, como de gasoil para transporte, realizadas desde el Ministerio de Interior y Transporte", a cargo del titular de la cartera, Florencio Randazzo.
La denuncia fue impulsada el abogado Ricardo Monner Sans, presidente de la Asociación Civil Anticorrupción, que tomó como sustento un informe elaborado por la Auditoría General de la Nación donde se observaron "deficiencias y debilidades" en el sistema de control efectuado por la Secretaría de Transporte y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, como en el otorgamiento de subsidios a través del sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU) y en el suministro de gasoil a precio diferencial a favor de operadores de transporte automotor de pasajeros.
El primero es un beneficio a las empresas que se nutre del impuesto al gasoil y del Tesoro Nacional; en tanto que el subsidio al precio del gasoil que reciben las mismas se solventan por compensaciones por derechos de exportación que deberían pagar las empresas petroleras y por transferencias también del Tesoro Nacional.
Entre las irregularidades detectadas hay un extenso listado. No se rinden cuentas sobre los subsidios que reciben las empresas así como falta de control el cronograma de instalación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE); no se fijó un sistema de seguimiento vehicular; no existe un mecanismo para detectar la disminución de servicios en las empresas prestadoras así como el subsidio percibido en exceso por las empresas en las que la CNRT detectó menores servicios que los que vendían para el cálculo del beneficio.
También la falta de detección de las empresas que ya no prestan servicios y siguen percibiendo subsidios; la falta de auditoría en la mayoría de las mismas; la ausencia de estudios o análisis de los costos reales anuales de cada firma; que la base de datos de la CNRT para el procesamiento de la información relacionada al otorgamiento de gasoil a precio diferenciado "no brinda las garantías de seguridad y confiabilidad necesarias"; y los planes de mejoras del parque automotor "no cuentan con la aprobación expresa de la secretaría de transporte".
En el informe de la AGN también se detectó la entrega de subsidios en forma extemporánea; la falta de sanciones por el incumplimiento del Régimen de Gratuidad para Personas Discapacitadas; y la ausencia de un plan de auditoría, "debilita el control y pone el riesgo que enfrentan y perciben las empresas subsidiadas de incurrir en incumplimientos y el criterio seguido en la actualidad no garantiza similar probabilidad de ocurrencia como así tampoco aplique la revisión de la totalidad de los beneficios del sistema".
El fiscal Federico Delgado requirió la apertura de la investigación y el impulso de la acción penal con sustento además en la "extracción de testimonios" de dos causa.
Una de ellas en la que se investigaba al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime por el supuesto delito de "abuso de autoridad" y otra en la que se investiga al ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi por "malversación de caudales públicos" en la que se intenta determinar el destino otorgado a los subsidios al gasoil que recibían las empresas "San José S.A" y "Nueva Chevallier S.A" por la quita realizada en 2012.
Para el abogado de las empresas, Román Alberto Uez, existirían "maniobras tendientes a llevar a la quiebra a sus representadas -prestatarias de un servicio público de transporte- y expulsadas ilegítimamente del régimen de transporte automotor público de pasajeros de larga distancia", según el texto de su denuncia.
Delgado advirtió en su requerimiento que resultaría relevante "determinar cómo funciona el sistema de subsidios" y destaca que "otorgar subsidios para favorecer ilegítimamente intereses privados, es un delito". En este contexto, el magistrado solicitó personal a la División Delitos Federales de la Policía Federal Argentina para que requiriese al Ministerio de Interior y Transporte como a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) la entrega de varios expedientes y un informe detallado de la situación de Antonio Eduardo Sícaro, ex interventor de la CNRT, imputado en el juicio por la "Tragedia de Once".
Asimismo, solicitó la entrega de las filmaciones del Restaurante Happenning de Puerto Madero, del día 14 de julio de 2014 para determinar una reunión "clave" que se concretó esa noche entre las 20 y las 24.
Por otro lado, Rodríguez pidió a la Auditoría General de la Nación copias certificadas del informe realizado a la Secretaría de Transporte y la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, respecto de los subsidios otorgados a través del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SIATAU) y del suministro de gasoil a precio diferencial, a favor de operadores de transporte automotor de pasajeros.
El juez analizará las pruebas y podrá decidir si impulsa pericias o testimoniales que colaboren en la "reconstrucción de los hechos" para determinar "los delitos" y los "responsables" de la supuesta "malversación de fondos", según fuentes con acceso a la pesquisa.
A efectos de conocer la política de subsidios que digita el Ministerio del Interior y Transporte de la Nación, para descartar que se favorezcan arbitrariamente intereses privados y controlar el modo en que se gastan los dineros públicos, es que se eleva el presente pedido de informes. Controlar las erogaciones, evitar tanto actos fraudulentos como despilfarros, es siempre virtuoso. Cuando hay escasez y déficit, esa virtud deviene en doblemente valiosa.
Pido el acompañamiento de mis pares a fin de aprobar el proyecto de resolución.
Proyecto
Firmantes
Firmante Distrito Bloque
ASSEFF, ALBERTO BUENOS AIRES UNIR
Giro a comisiones en Diputados
Comisión
TRANSPORTES (Primera Competencia)