La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse a la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA) dependiente de la Procuración General de la Nación a fin que informe a la H. Cámara de Diputados de la Nación acerca de la situación de la planta de la empresa Land Nort ante presuntas violaciones a la Ley Nacional 24051 sobre generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos, que ocasionarían contaminación ambiental y riesgos en la salud de las personas en la Reserva Natural Ingeniero Rómulo Otamendi (Partido de Campana) y los barrios aledaños de Las Praderas y Colinas de Otamendi.

Señor presidente:

La empresa Land Nort es una empresa de land farming, que es un proceso para tratar residuos especiales y orgánicos con una técnica de arado y agregado de bacterias para descomponer la materia orgánica.

Según la habilitación de la Secretaría de Política Ambiental (SPA) de la provincia de Buenos Aires ésta planta sólo puede tratar residuos del tipo Y8 e Y9 (clasificación de los residuos que admite diferentes peligrosidades crecientes, de Y1 a Y45). Pero desde hace mucho tiempo es sabido que la empresa trata otros tipos de residuos, lo cual le genera una entrada de dinero "extra". Esta actividad se realiza violando las leyes vigentes, favorecida por el nulo control de la SPA.

Días pasados se conocieron denuncias de vecinos del Partido de Campana en relación a olores nauseabundos provenientes del arroyo que deriva sus aguas en tierras de la Reserva Natural de Otamendi, -después de pasar por ese populoso barrio de la ciudad de Campana e inmediaciones de Las Praderas-, y cuya contaminación está relacionada directamente a la operación de la empresa Land Nort, emplazada en el Barrio Las Praderas.

La planta fue dos veces clausurada por el municipio, en 2004 y en 2012, en esa última oportunidad con intervención de la propia Intendente Municipal Stella Giroldi. A pesar de ello, la autoridad competente, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), autorizó la reapertura de la misma.

Además, el Juzgado de Faltas local dio intervención a la Fiscalía General de Investigaciones Ecológicas, dando alcance nacional al reclamo, por presuntas violaciones a la Ley Nacional 24051, sobre generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.

El Concejo Deliberante de Campana solicitó que el OPDS, además de responder sobre este caso en particular, aporte su opinión respecto a la posibilidad de erradicar definitivamente la planta del territorio de Campana, tomando todas las previsiones con respecto al pasivo ambiental que sus operaciones hayan ocasionado. El Concejo Deliberante no habilita ni clausura, pero en palabras de concejales campanenses "nuestra misión es ser la voz de los vecinos y ejercer la función de peticionar en su nombre. Creemos que esta situación es insostenible ya que la empresa no demostró capacidad de resolver este tipo de problemas en muchos años, y es la calidad de vida de nuestros vecinos la que está en riesgo."

El Barrio Las Praderas, además, es un barrio de gente humilde, y el principal problema de los vecinos (en un marco de enfermedades, diarreas infantiles, intoxicación crónica con arsénico, leucemia y otros cánceres) era su escasez de dinero para demostrar el daño ambiental.

Pero, los vecinos del country El Bosque ubicado a 1 kilómetro aportaron los fondos necesarios para impulsar las acciones judiciales y realizar tomas de muestras para pericias. La gente de Las Praderas aportó los casos "de peso", las pruebas contundentes de que la contaminación estaba haciendo estragos en la salud de los habitantes del barrio.

Por todo lo expuesto, dirigimos este pedido de informes a la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental que pertenece a la órbita de la Procuración General de la Nación y fue creada con dos objetivos principales: generar investigaciones preliminares y apoyar las investigaciones en curso en materia de infracción a la ley de residuos peligrosos, todos aquellos delitos que protegen la salud pública vinculados con la protección del ambiente conforme lo determinan los tipos penales establecidos en los arts. 200 al 207 del Código Penal; las infracciones a la ley 22.421 de protección y conservación de la fauna silvestre, así como los delitos conexos con la materia.

La Unidad está facultada para iniciar investigaciones preliminares por cualquier medio, ya sea de oficio (a partir de haber tomado conocimiento de un hecho de contaminación ambiental por una noticia periodística, por denuncia de organismos administrativos, municipios, ONG´s); o a partir de la recepción de un correo electrónico y escritos de particulares, lo cual facilita el acceso de los ciudadanos a los estrados judiciales.

Pido el acompañamiento de mis pares a fin de aprobar este pedido de informes.