El Senado y Cámara de Diputados...

ARTICULO 1º - Prorrógase el plazo establecido en el artículo 1º de la Ley 26.160 y modificatorias hasta el 23 de noviembre de 2016.

ARTICULO 2º - Prorrógase el plazo establecido en el artículo 2º de la Ley 26.160 y sus modificatorias hasta el 23 de noviembre de 2016.

ARTICULO 3º - Prorrógase el plazo establecido en el artículo 30 de la Ley 26.160 y sus modificatorias hasta el 23 de noviembre de 2016.

ARTICULO 4º- Dispónese asignar para cada uno de los tres (3) ejercicios presupuestarios que se aprueben con posterioridad a la sanción de la presente ley un crédito de PESOS QUINCE MILLONES ($ 15.000.000) destinados a la atención del Fondo Especial creado por la Ley 26.160 y sus modificatorias.

ARTICULO 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Señor presidente:

Mediante el presente proyecto de ley se propone la prórroga de la ley 26.160 (Ley de Emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras habitadas por aborígenes que habitan el territorio de la República Argentina) y su modificatoria ley Nº 26.554.

En el año 2006, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 26.160, a propuesta y promoción del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Dicha ley ordenó la suspensión de las ejecuciones de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o la desocupación de las tierras contempladas por un período de cuatro años y puso en cabeza del INAI la realización de un "relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas".

Luego en el año 2009 a través de la sanción de la Ley 26554 se prorrogaron los plazos establecidos en la ley 26160 hasta el 23 de noviembre de 2013, y a pesar de todos los esfuerzos realizados, aún no se han cumplido la totalidad de los objetivos de la ley, y es por ello que se establece una nueva prórroga, con la finalidad de garantizar efectivamente a los pueblos originarios un auténtico reconocimiento a su identidad cultural.

Por otra parte, recordemos que a partir del años 2003, el Gobierno Nacional asumió como política de Estado la participación de los Pueblos Originarios, con el fin de entablar un diálogo intercultural que posibilite la construcción conjunta de políticas públicas.

Finalmente, esta ley se relaciona con el estricto cumplimiento de una de las demandas de los Pueblos Originarios, que es el reconocimiento constitucional de "la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan" (Art. 75, Inc. 17, Constitución Nacional).

Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del proyecto de ley.