La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Sr. Administrador de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Dr. Ricardo Echegaray, que informe sobre la conducta adoptada por el organismo a su cargo en relación al procedimiento concursal de Ciccone Calcográfica S.A y en particular:

a) Si es cierto que la AFIP solicitó la quiebra de la empresa y cuáles fueron las razones que respaldaron dicho pedido;

b) ¿Cuáles fueron las razones que llevaron al organismo a consentir el posterior levantamiento de la medida?

c) ¿Cuál es la situación actual de la empresa como contribuyente? ¿Qué facilidades, planes o regímenes de pago se le otorgaron para que regularice su situación?

d) ¿Son exactas las informaciones que afirman que la empresa ya había sido beneficiada con un plan de financiación para empresas concursadas que incumplió? De ser así, detalle las condiciones de dicho plan y explique las razones que motivaron el otorgamiento de nuevas facilidades ¿Se trata de una práctica habitual? En caso afirmativo, enumere otros casos donde se ha verificado la misma situación.

e) ¿Son exactas las informaciones que afirman que la empresa accedió a un régimen excepcional y de utilización poco frecuente? De ser así, explique las razones que justificaron su concesión. De lo contrario, suministre información acerca de la utilización de este régimen en el transcurso de los últimos 5 años.

f) Si en el organismo a su cargo existe algún proceso en curso dónde se investigue las presuntas inconsistencias entre el patrimonio declarado y las operaciones financieras realizadas por el Sr. Alejandro Vanderbroele.

1. Solicitar al Sr. Secretario de Comercio Interior, Lic. Guillermo Moreno, que remita copia de las actuaciones instruidas en el organismo a su cargo en relación a la empresa Boldt S.A.

2. Solicitar a la Sra. Presidenta de la Sociedad del Estado Casa de la Moneda, Lic. Katya Soledad Daura, y la Sra. Presidenta del Banco Central, Lic. Mercedes Marcó del Pont, que informen acerca de la exactitud de las noticias que refieren la existencia de negociaciones para encomendar a la Compañía de Valores Sudamericana S.A. (ex Ciccone Calcográfica) la impresión de billetes.

3. Solicitar al Sr. Inspector General de Justicia, Dr. Marcelo Mamberti, que remita toda la información que obre en sus registros en relación a las sociedades "The Old Fund S.A", "Compañía de Valores Sudamericana S.A" y "Tierras International Investments CV".

Señor presidente:

En las últimas semanas ha tomado estado público a través de distintos medios de comunicación una denuncia formulada ante la justicia federal que vincula al Sr. Vicepresidente de la Nación, Lic. Amado Boudou, a la firma Ciccone Calcográfica S.A y lo acusa, entre otras cosas, de participar en negociaciones incompatibles con la función pública.

Según refieren estas informaciones, inicialmente, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) había solicitado la quiebra de dicha empresa por una deuda cercana a los $250 millones de dólares (1) y, una vez decretada esta medida, el juez interviniente acogió favorablemente una propuesta formulada por la empresa rival Boldt que ofreció cubrir los salarios de los 350 trabajadores y alquilar su planta durante un año (2) . Este contrato, sin embargo, fue rápidamente revocado por la Secretaría de Comercio, que aduciendo una infracción a la Ley de Defensa de la Competencia la intimó a cesar con sus actividades y le impuso una multa de $15.000 diarios luego de que Boldt apelara.

Más tarde fue la AFIP quién, sin ofrecer mayores precisiones, volvió sobre sus pasos y no sólo prestó su conformidad para el levantamiento de la quiebra, sino que le permitió a la empresa acceder a un plan de facilidades para garantizar su rehabilitación (3) . Este llamativo cambio de actitud es atribuido al ingreso de la sociedad The Old Fund en la escena, que en cuestión de semanas se presentó en el expediente, depositó algo más de 2 millones de dólares y tomó control de la empresa (4) .

La operatoria y distintos detalles acerca de esta firma tampoco son claros. Su presidente Alejandro Vanderbroele, ahora también presidente de la ex Ciccone (hoy Compañía de Valores Sudamericana), fue señalado públicamente como amigo y testaferro de Boudou (5) y no tendría un patrimonio que le permita justificar las operaciones mencionadas. Según ha trascendido, está inscripto como monotributista, ha declarado un ingreso mensual de $12.000 pesos y figura como deudor de los bancos HSBC y Citibank, de la Agencia de Recaudación Bonaerense y del fisco español (6) .

The Old Fund, además, habría sido controlada durante un plazo breve por la sociedad Tierras International Investments CV, con base en Suiza, que fue inscripta en el Registro de Personas Jurídicas de Buenos Aires con un jubilado que cobra el haber mínimo como representante legal (7) , que habría manifestado que le ofrecieron firmar unos papeles a cambio de $200 pesos (8) . Esta firma a su vez era controlada por las sociedades Stichting LP Services y Stichting MP Services, con domicilio en Holanda (9) . Todas ellas fueron disueltas en fecha incierta (10) .

A partir de este cambio en la conducción, la empresa imprimió las boletas electorales empleadas por el Frente para la Victoria durante la última elección, fue recomendada por la titular de la Casa de la Moneda para imprimir la provisión de billetes para este año, se presentó en una licitación para confeccionar las cédulas y patentes de autos y motos (11) y, actualmente, se encontraría negociando con el Instituto Provincial de Loterías y Casinos de Buenos Aires para imprimir las fichas empleadas en los casinos (12) .

La gravedad de estas acusaciones, hoy objeto de investigación, contrastan con el silencio de los distintos funcionarios involucrados o aludidos por las noticias. En este sentido, cabe destacar que la responsabilidad de estos de dar cuenta por los actos realizados en ejercicio de sus funciones no desaparece por la existencia de procesos penales, ni puede esconderse detrás de ella. Al contrario, y sin perjuicio del necesario papel de la Justicia en el esclarecimiento de los hechos, ellos deben rendir cuentas sobre su actuación y la de sus dependientes especialmente cuando un suceso de innegable impacto público generar dudas fundadas.

Como sostiene la Corte Interamericana, en una sociedad democrática las actividades de los funcionarios públicos salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público (13) . Sus acciones están expuestas al escrutinio y la crítica del público (14) y sobre ellos pesa el deber de rendir cuentas ante la sociedad. Por ello es que creemos necesario que esta Honorable Cámara exija las explicaciones pertinentes para contribuir al esclarecimiento de los hechos y garantizar el control ciudadano sobre los actos de gobierno.

Es por todo lo precedentemente expuesto Sr. Presidente y en función de los interrogantes que se presentan alrededor de esta controversial cuestión, que solicitamos la aprobación de este proyecto de resolución.