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PROYECTO DE TP


Expediente 6345-D-2008
Sumario: EXPRESAR PREOCUPACION POR LA CARENCIA DE PERSONAL, EQUIPAMIENTO E INSUMOS EN LA RED DE HOSPITALES PUBLICOS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.
Fecha: 12/11/2008
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 162
Proyecto
La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:


Declara su preocupación ante la carencia de personal, equipamiento e insumos en la red de Hospitales Públicos de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, expresa su rechazo a las políticas anunciadas e implementadas por el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, tendientes al cierre o desactivación de servicios asistenciales y la afectación del patrimonio hospitalario.

FUNDAMENTOS

Proyecto
Señor presidente:


El sistema de salud pública de la Ciudad de Buenos Aires atiende cerca de nueve millones de consultas externas por año.
La falta de recursos que ha afectado históricamente a los Hospitales bonaerenses empuja a la población de la Provincia a atenderse en la Ciudad y hace que gran parte de esas consultas correspondan a pacientes del Conurbano.
Asimismo, hay una permanente derivación de pacientes atendidos por la medicina privada que fueron desplazados a la estatal. No sólo por problemas de empleo sino por el retiro del mercado de varias instituciones tales como los Hospitales Israelita, Antártida, Metropolitano, Santa Rosa de Lima o Francés que dejaron de atender, en conjunto, casi doscientos cincuenta mil personas de la obra social de los jubilados y pensionados.
Algo parecido ocurre con prestadoras privadas en lo referente a emergencias. Aún en planes costosos no hay vehículos disponibles antes de hora y media, por lo que se derivan los pacientes al SAME que, a partir de la sobredemanda, dejó de hacer domicilios y se limita a atender en la vía pública.
Poco tiempo después de asumir, el Jefe de Gobierno Mauricio Macri, pretendió implementar un sistema tendiente a privilegiar la atención de los porteños y porteñas discriminando a quienes llegaran desde la Provincia de Buenos Aires y países limítrofes.
Ante las denuncias que vinculaban la propuesta con actitudes xenófobas y anticonstitucionales, la idea quedó en principio descartada.
Luego, anunció su intención de cerrar los neuropsiquiátricos Borda y Moyano; para encarar en los terrenos que ocupan, un megaproyecto al que denominó "Parque Cívico".
El plan presentado fue sospechado de encubrir un negocio inmobiliario, al tiempo que desconoce los términos de la Ley de Salud Mental de la Ciudad e ignora la situación de los pacientes internados en tales Hospitales.
En el mismo sentido, la actual gestión afectó el desenvolvimiento que venían teniendo los Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica; situación que generó que trabajadores, pacientes y diversas organizaciones se unieran para defender su continuidad.
Estos talleres funcionan desde hace más de cuarenta años y en ellos los pacientes trabajan cuatro a cinco horas diarias en la producción de muebles, ropa y medicamentos para uso en los Hospitales porteños.
En el mes de junio, cuando empezaba el frío, el Gobierno de Mauricio Macri subió de sesenta a sesenta y cinco años la edad mínima para ingresar en un geriátrico. Por otra parte, los paradores donde pasan las noches muchos indigentes, no aceptan a mayores de sesenta años, generándose de esta forma, un nuevo grupo de excluidos porque los sin hogar que tienen entre sesenta y sesenta y cinco años no disponen de albergue.
Sumado a lo anterior, numerosos reclamos dan cuenta del atraso en el pago de subsidios en el marco del Programa "Vivir en Casa", destinado a solventar la vivienda de abuelos de más de 65 años que no requieren asistencia.
La falta de un lugar permanente para vivir hace que muchos mayores sin casa o familia extiendan su internación en Hospitales de Agudos, con los riesgos que esto implica para su salud.
También desató polémica el anuncio realizado en relación a la celebración de un acuerdo con ocho universidades privadas para que sus estudiantes de grado y posgrado de las carreras de medicina, enfermería, nutrición, radiología, kinesiología y fonoaudiología pudieran cursar sus prácticas hospitalarias en los efectores de salud porteños, durante cinco años, por treinta pesos por mes, por estudiante (monto insignificante si se lo compara con el monto de las cuotas que los alumnos/as pagan a las Universidades).
La firma de estos convenios generó el repudio generalizado de los estudiantes de medicina de la Universidad de Buenos Aires y del propio Consejo Directivo de la Facultad que, en su sesión del 24 de julio, expresó su rechazo a los mismos por considerar que se traducían en un agravamiento de la falta de plazas destinadas a estudiantes de la UBA y vulneraban el carácter prioritario que la Constitución Nacional y de la Ciudad confieren a la educación pública.
Según trascendió, esa fuerte resistencia fue determinante para que el Gobierno este en vía de revisar esa medida, aunque todavía se desconoce en que forma o a través de que mecanismos.
En otro orden de cosas, el Ejecutivo porteño modificó el sistema de compras de los insumos hospitalarios, centralizándolas en cabeza del Ministerio de Hacienda y privando a los Hospitales de la facultad de hacer sus propias compras de acuerdo a sus propias necesidades.
Las graves falencias de implementación y logística del nuevo sistema, hicieron que a los Hospitales se les fuera terminando el stock, produciendo situaciones de desabastecimiento.
Al Gobierno de la Ciudad no le quedó otra posibilidad que la de admitir el error. Sin embargo, para enmendarlo, en vez de abrir instancias de diálogo con la comunidad hospitalaria recurrió a la firma de un convenio con el Hospital Italiano a efectos del diseño de un supuesto nuevo mecanismo de carácter mixto en el que las compras generales (insumos de mayor uso) seguirían centralizadas y las específicas (destinadas a prestaciones de mayor complejidad) serían realizadas por cada Hospital.
Esa fue la respuesta insuficiente ensayada por las autoridades locales frente a la emergencia hospitalaria que comenzó a evidenciarse hacia el mes de julio del corriente año.
Así, por ejemplo, distintos medios han reflejado como médicos del Hospital Fernández denunciaron el desabastecimiento hospitalario, mediante notas dirigidas a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y la de la Nación, en la cuales advirtieron sobre una falta de insumos que incluiría desde elementos de alta tecnología para asistir enfermedades agudas y graves hasta insumos básicos (hojas de bisturí, alcohol, guantes de látex) y medicamentos para atender emergencias.
Reclamos similares se formularon en relación a los Hospitales Gutiérrez, Álvarez, Durand y Tornú. Profesionales de dichos establecimientos habrían revelado la falta de enfermeros/as y de las camas de terapia necesarias para atender la demanda asistencial. También que funcionan menos del treinta por ciento de los quirófanos, que no hay anestesistas los fines de semana, que la infraestructura edilicia está en un estado deplorable y que de no encontrarse una solución, en el corto plazo deberían externarse pacientes ante la imposibilidad de continuar atendiéndolos.
Particularmente, en el caso del Hospital de Niños habría cuatro mil pacientes en lista de espera para cirugías, atento que no se terminan las obras de los quirófanos.
En el Hospital Álvarez, el servicio de traumatología habría estado un mes sin analgésicos, dejando su adquisición a cargo de los pacientes. Los problemas de falta de personal se habrían agudizado al punto que en Semana Santa, durante cinco días, no se internó a ningún paciente dado que no había enfermeras para atenderlos.
Tal como lo confirmara públicamente su ex Director, el Hospital Argerich debió suspender sus operaciones programadas por falta de insumos (como jeringas y gasas) y realizar sólo las de urgencia, reduciendo drásticamente las intervenciones diarias.
También en el Hospital Rivadavia, intervenciones simples estarían pasando para el año que viene por falta de insumos.
A fines de agosto, un grupo de médicos del Hospital Muñiz denunció públicamente la falta de drogas para enfrentar la tuberculosis multirresistente y la extensivamente resistente (básicamente Cicloserina, Linezolid e Isoniazida y Rifampicina Jarabe), destacando que se vieron obligados a suspender el tratamiento a pacientes con el riesgo que implicaba para los afectados y para el resto de la sociedad el recrudecimiento de esta enfermedad.
En el Hospital Pirovano se vive una situación similar. La falta intermitente de algunos antibióticos habría determinado el cambio de los tratamientos brindados a pacientes y la poca cantidad de reactivos para realizar análisis de sangre obligado a cancelar los turnos a los pacientes que tenían que pasar por el laboratorio. Además, faltarían gasas y telas adhesivas, imprescindibles para curar heridas, limpiar zonas a operar y proteger partes inyectadas con sueros, entre otras acciones.
Las mayores demoras en la atención médica habrían hecho que exista, en promedio, una espera de cuatro meses para un turno, de acuerdo a la especialidad.
Hay versiones que sostienen que de la totalidad de tomógrafos con que cuentan los Hospitales de la Ciudad, sólo dos se encontrarían en funcionamiento - el del Hospital Piñero y el del Hospital Udaondo.
Esto a pesar que, el 3 de julio de 2008, la Legislatura de la Ciudad sancionó la Ley Nº 2.780 que tiene por objeto implementar el "Plan de Equipamiento Hospitalario" para la renovación, ampliación, modernización y mantenimiento del equipamiento médico de los establecimientos del Sistema Público de Salud.
A pesar que dicha norma, autorizaba al Poder Ejecutivo a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para financiar la adquisición del nuevo equipamiento por $ 150 millones o, en su defecto realizar las operaciones de crédito público necesarias, al día de la fecha, ni una cosa ni otra se han concretado y, en cambio, la adquisición de tales equipos pasó a presupuestarse para el año 2009.
Sumado a ello, han circulado insistentes versiones - algunas que tomaron estado público a través de declaraciones de funcionarios a los medios de comunicación - vinculadas a la intención del Gobierno de la Ciudad de demoler, en todo o en parte, el Hospital General de Agudos "Bernardino Rivadavia" a fin de instalar en su reemplazo un centro de alta complejidad.
En simultáneo, frenaron la licitación para la construcción del centro crítico de cirugía, poniendo al sistema de operaciones en una situación de eventual colapso. Más tarde, dieron una supuesta marcha atrás con el plan trascendido y encararon otro cuyo contenido ignora hasta la propia comunidad hospitalaria.
De la misma manera, en el predio del Hospital de Infecciosas "Dr. Francisco Javier Muñiz", el Ministerio de Salud estaría impulsando la construcción de un polo sanitario con los Hospitales Udaondo y Ferrer.
Conforme la opinión de especialistas consultados, de concretarse lo anterior, acarrearía problemas sanitarios que no pueden pasarse por alto, como por ejemplo, que por el alto nivel de contagio que suelen tener los pacientes que se atienden en el Hospital Muñiz no resultaría adecuado el uso común de elementos diagnósticos (aparatología de rx, ecografías, tomografías computadas y otros) o de tratamiento (quirófanos, punciones y otros), con pacientes con enfermedades digestivas y patologías crónicas pulmonares no infecciosas.
Estos y otros Hospitales funcionan en edificios recuperables con valor histórico, arquitectónico y cultural, siendo prioritaria su puesta en valor respetando los mismos y adecuándolos a las necesidades actuales, tomando en consideración la opinión científica de los profesionales de la salud que desarrollan su labor cotidiana en los mismos, no sólo en razón de su saber y experiencia desde el punto de vista médico, sino además, por su vasto conocimiento de las demandas de la institución y de sus pacientes.
Elegir un camino distinto implicaría un triste retroceso a etapas en las cuales la razón y el bien común fueron suplantados por las topadoras y el interés privado.
La situación que hemos reseñado se torna verdaderamente alarmante si observamos que todas estas carencias se dan en un marco de flagrante subejecución presupuestaria de los fondos asignados a la salud pública en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, evidenciando una profunda insensibilidad frente a problemáticas que son centrales para la sociedad.
En ese marco de crisis, el Gobierno de Mauricio Macri ha solicitado la renuncia de los Directores/as y Subdirectores/as de todos los Hospitales, con la excusa de llamar a un concurso que hasta ahora no se concretó. En cambio, se aceptaron algunas renuncias y se designaron en lugar de los "renunciados" Directores interinos, como un mecanismo de disciplinamiento frente a la expresión de una visión crítica de la gestión.
Hay datos que dan cuenta que, a inicios de septiembre, la actual gestión de la Ciudad contaba con más de cuatrocientos amparos judiciales por reclamos vinculados a falta de medicamentos, asistencia alimentaria y subsidios habitacionales para personas en la calle.
En relación a las presentaciones efectuadas en las defensorías judiciales de la Ciudad, cabe destacar las referidas a la precariedad de los servicios de salud pública, con turnos que se dan con hasta seis y siete meses de demora y el incumplimiento en el pago de los subsidios de emergencia habitacional.
Lo expuesto hasta aquí, nos obliga a solicitarle a la Cámara en su conjunto, un pronunciamiento en defensa de la salud pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, razón por la cual solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Proyecto
Firmantes
Firmante Distrito Bloque
CORTINA, ROY CIUDAD de BUENOS AIRES PARTIDO SOCIALISTA
Giro a comisiones en Diputados
Comisión
ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA (Primera Competencia)