El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1º - Derógase la ley 20.680.

Artículo 2º - De forma.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

La ley 20.680, comúnmente llamada "ley de abastecimiento", fue sancionada el 20 de junio de 1974, en circunstancias particulares de nuestra nación y bajo el imperio de una concepción extrema- damente dirigista o intervencionista de la economía.

La norma, en efecto, consagró la premisa de que el Estado debía interve- nir de manera directa y activa "con respecto a la compra- venta, permuta y locación de cosas muebles, obras y servi- cios ―sus materias primas directas o indirectas y sus insu- mos― lo mismo que a las prestaciones ―cualquiera fuere su naturaleza, contrato o relación jurídica que las hubiere originado― que se destinen a la sanidad, alimentación, ves- timenta, higiene, vivienda, deporte, cultura, transporte, calefacción, refrigeración, esparcimiento, así como cual- quier otro bien mueble o servicio que satisfaga ―directa o indirectamente― necesidades comunes o corrientes de la po- blación" (art. 1°, ley 20.680).

Como se apre- cia, el mero propósito de la ley resulta extravagante si se lo analiza de acuerdo con criterios modernos y actuales acerca del rol que el Estado debe cumplir en el desenvolvi- miento de la economía nacional. Y las facultades que, con- secuentemente, la ley concedió al Poder Ejecutivo nacional fueron coherentes con ese pensamiento.

Así fue que se autorizó la fijación de precios máximos, mínimos o márgenes de utilidad; la posibilidad de obligar a las empresas a producir contra su voluntad; la de prohibirles exportar cuando lo requieran "las necesidades del país" y hasta la de intervenir empresas temporariamente y manejarlas. Tam- bién contenía la ley normas penales en blanco que incluían sanciones de multa, arresto, inhabilitación o prisión. Y facultades para los funcionarios administrativos a fin de realizar allanamientos, secuestros, clausuras o detenciones preventivas cuando fuese necesario para el "esclarecimiento de la infracción" o ésta implique "grave perjuicio" al abastecimiento.

Estas previ- siones más todas las restantes que la ley contiene orienta- das al mismo fin, son inaceptables hoy en día, porque exce- den largamente lo que podría considerarse un razonable ejercicio del poder de policía.

Sin perjuicio de ello, debe recordarse que la vigencia de la ley 20.680 fue suspendida en 1991 por imperio del decreto 2284/91, que sólo mantuvo vigentes las facultades otorgadas al presiden- te de la Nación por el artículo 2°, inciso c), de la ley. La suspensión, posteriormente, fue ratificada mediante ley 24.307. El mismo decreto 2284/91 contempló la posibilidad de que la ley recuperara vigencia si se produjera una pre- via declaración de emergencia de abastecimiento por parte de este Congreso (art. 4°).

Luego se sus- pendió la aplicación del mencionado artículo 2°, inciso c), de la ley 20.680 en materia de infracciones a los deberes formales previstos en la ley 11.683 (art. 15 de la ley 24.765).

Más reciente- mente, el Poder Ejecutivo consideró que la ley 20.680 había recuperado vigencia como resultado de la declaración de emergencia contenida en la ley 25.561. Y consecuente con ello, dictó el decreto 496/02 mediante el cual actualizó las multas previstas en los artículos 5, 9 y 19 de la ley de abastecimiento.

Y dos funcio- narios del Poder Ejecutivo ejercieron (ilegalmente) la atribución que el artículo 2°, inciso c) de la ley 20.680 había conferido al presidente de la Nación (resolución 1/2006 del secretario de Coordinación Técnica, sobre comer- cialización de carne vacuna, y resolución 25/2006 del se- cretario de Comercio Interior, sobre comercialización de gas-oil). Ese ejercicio fue ilegal porque la delegación le- gislativa sólo puede ser ejercida por el presidente, tal como dispone el artículo 76 de la Constitución Nacional, y nunca por un funcionario de rango inferior.

Pero de todas maneras y sin perjuicio de esta ilegalidad, la ley 20.680 constituye una extralimitación por cuanto, más allá de la existencia de una supuesta emergencia, consagra atribucio- nes irrazonables e incompatibles con la vigencia de la Constitución Nacional.

En efecto, la existencia de una emergencia no aumenta el poder concedido, ni elimina o disminuye las restricciones impuestas sobre el poder concedido o reservado. La emergencia no puede dar vi- da a un poder que nunca ha existido y sólo puede proveer una razón para el ejercicio del existente (CSJ, Fallos 172- 21, 243-467, y otros).

Además, el po- der de emergencia no es de carácter omnímodo o ilimitado (CSJ, Fallos 136-161). De acuerdo con la jurisprudencia de nuestro más alto tribunal, son cuatro los requisitos de va- lidez del poder de emergencia, a saber: a) existencia de circunstancias especiales, de grave perturbación o trastor- no social o político, penurias económicas o sociales; b) persecución de un interés vital, supremo, del pueblo o la comunidad, o del orden y bienestar generales, lo que se llama "fin público justificante"; c) transitoriedad de la regulación excepcional impuesta a los derechos individuales o sociales; y d) razonabilidad y justicia del medio emplea- do, compatibilidad del medio con el bien social que consti- tuye su fin.

Todos estos recaudos, si alguna vez existieron en medida suficiente co- mo para justificar la sanción de la ley 20.680, es evidente que ya no existen más. El país no afronta una situación de riesgo que pueda requerir poderes tan extensos y desmedidos en manos del presidente.

Debe tenerse presente, muy especialmente, que la legislación de emergen- cia debe ser transitoria y limitada a las condiciones que la exigieron, ya que su mantenimiento, cesada la perturba- ción, puede conducir al menoscabo de derechos constitucio- nales (Fallos 136-61, 200-450, 204-195, 243-467), aunque la falta de término preciso no la descalifica si es efectiva- mente transitoria (Fallos 200-450).

Treinta y dos años después de haber sido sancionada la ley 20.680 es im- posible reconocerle carácter "transitorio" y "limitado a las condiciones que la exigieron". La supervivencia de tan exorbitantes facultades carece de justificación.

Otro recaudo importante es que la ley no sea caprichosa, arbitraria o irrazonable, y que los medios elegidos tengan una relación real y substancial con el objetivo o finalidad que se pro- cura alcanzar (Fallos 172-291). La razonabilidad del medio escogido es su adecuación al fin que se procura (Fallos 199-483).

Finalmente, las restricciones a derechos y garantías constitucionales producidas por las leyes de emergencia no deben alcanzar la sustancia de aquéllos, no deben traducirse en su allana- miento "total", ni herir sustancialmente otros bienes cons- titucionales (Fallos 172-21, 199-466, 202-456, 307-326, etc.).

En el marco de las circunstancias actuales, la ley 20.680 no puede superar el test de razonabilidad que implican las recordadas premi- sas establecidas por la Corte Suprema de Justicia de la Na- ción. Y, para peor, es generadora de una perniciosa insegu- ridad jurídica que en nada ayuda a generar las inversiones que el país necesita y el gobierno procura conseguir.

En síntesis, la ley 20.680 es incompatible con la interpretación actual- mente vigente de la extensión que puede tener el poder de policía estatal, genera inseguridad jurídica y, para peor, es muy dudoso que tenga vigencia. Por lo tanto, lo más ra- zonable para despejar dudas e incertidumbres y asegurar la plena vigencia de la Constitución Nacional es propiciar la íntegra y definitiva derogación de la ley, a cuyo efecto solicito se apruebe el presente proyecto.

Dios guarde a V.H.