La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que informe, a través de quien corresponda, sobre las maniobras realizadas por el Secretario de Comercio Guillermo Moreno, el 13 de enero del corriente año, intentando tomar la administración de Papel Prensa SA desconociendo las autoridades elegidas y avaladas oportunamente por los accionistas privados, al amparo de una resolución judicial y sobre los siguientes puntos:

- Explique las razones por las cuales el Secretario Moreno desconoce los términos acordados en la audiencia realizada en octubre pasado.

- Informe sobre el no acatamiento de los términos de la resolución judicial del 15 de septiembre último.

Señor presidente:

Hemos tomado conocimiento que, en plena feria se realizó una maniobra judicial por parte del Secretario de Comercio para intentar tomar la administración de Papel Prensa SA.

En la misma se desconoce la legitimidad de las autoridades designadas por los accionistas privados de los grupos Clarín y La Nación, que se hallan amparados por una resolución judicial dictada el 15 de septiembre pasado por el Sr. Juez Comercial Dr. Fernando Durao.

Según la información brindada "lo llamativo es que dichas autoridades fueron expresa y personalmente reconocidas por el propio Secretario de Comercio tres meses atrás, el 3 de octubre, en una audiencia de conciliación judicial celebrada a pedido del propio Moreno ante la jueza Comercial María Cristina O'Reilly, en la que participaron, además del funcionario de Comercio, los accionistas de Clarín y La Nación"

El Secretario Moreno se presentó, a pesar de la feria judicial, ante la jueza O'Reilly e invocando la entrada en vigencia de la Ley 26.736, que declaró de interés público la fabricación y comercialización de papel para diario, solicitó la habilitación de la misma para convocar a una audiencia. La jueza hizo lugar al pedido.

La empresa Papel Prensa recusó con causa a la jueza O'Reilly, por haber incurrido en supuesto prejuzgamiento y actuado contra los acuerdos alcanzados por los accionistas en su propio juzgado y en el escrito de recusación señaló: "El accionar desplegado contra el Estado con posterioridad a la audiencia del 3/10/11, la ausencia de todo acto del Tribunal tendiente a hacer valer los acuerdos celebrados, y las resoluciones dictadas a favor del Estado Nacional", entro otros argumentos, "revelan la ausencia de toda garantía de imparcialidad".

Ya hay mordazas a la prensa en todas sus expresiones, periodismo de amigos, programas de propaganda oficial como el de Fútbol Para Todos, reparto discrecional de la pauta publicitaria entre aliados y adversarios y ahora, con el uso directo del Poder Judicial se crea un nuevo riesgo para la libertad de prensa.

Este hecho, además de generar inquietud sobre la transparencia en la gestión pública oficial, siembra dudas sobre la discrecionalidad operativa judicial.

Con relación a este suceso, debemos recordar que la libertad de expresión es un derecho expresamente garantizado en nuestra Constitución Nacional y que está seriamente cuestionado por organismos nacionales e internacionales, por los graves y reiterados atentados sufridos por la prensa y el periodismo en nuestro país.

Por ello, es prioritario que se informe a la mayor brevedad posible las razones por las cuales el Secretario Moreno desconoce los términos acordados en la audiencia realizada en octubre pasado, y asimismo, se informe sobre el no acatamiento de los términos de la resolución judicial del 15 de septiembre último, entre otros particulares.

Teniendo en cuenta lo expresado, es que le solicitamos Sr. Presidente la aprobación del presente pedido de resolución.