La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

1. Solicitar al Poder Ejecutivo la inmediata reanudación del proceso de licitación y adjudicación para la construc- ción de la Autovía Pilar - Pergamino, garantizando el inicio de las obras corres- pondientes y su oportuna y urgente finalización.

2. Requerir al Poder Ejecutivo, como medidas previas, transitorias y urgentes, la realización inmediata de las obras de mantenimiento de la Ruta 8, tales como señalización, iluminación y calzada de banquinas, para prevenir y evitar el aumento de accidentes viales con riesgo severo para las personas que la transitan.

3. Instar al Poder Ejecutivo a la formalización de los acuerdos necesarios con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, para la realización de las obras de mantenimiento y construcción necesarios en la Ruta Provincial 41, para asegurar el tránsito normal y sin ries- gos de accidentes.

Señor presidente:

La sociedad argentina expresa de manera reiterada una fuerte demanda por "seguridad". Y desde distintos sectores, públicos y privados, se intenta minimizar esa demanda como si estuviera solo vinculada con la ocurrencia de delitos que tanto afectan nuestra vida cotidiana y generan temores ciertamente fundados. Eso ha hecho disminuir los esfuerzos para brindar, desde el Estado, las respuestas correctas frente a un reclamo de mucha mayor amplitud. La "seguridad" está vinculada con un amplio concepto derivado del alemán "sicherheit" que incluye o conden- sa en un mismo término, las certezas y la protección que se deben frente a la existencia de un derecho humano como es la seguridad de las personas. En tal sentido, y en esa amplitud conceptual de nuestros representados, ubicamos la seguridad reclamada por aquellos que quieren para sí mismos o para las gene- raciones venideras, un futuro más previsible.

La seguridad o tranquilidad que pretende la sociedad está vinculada con aspectos tan mínimos como centrales sobre nuestra calidad de vida: que nuestros hijos vayan a la escuela y apren- dan, que el salario alcance para vivir hasta fin de mes, que cuando tomamos un medio transporte podamos llegar a destino y, en fin, hacer segura nuestra sali- da y nuestro regreso. Y es en este orden en que ubicamos, las situaciones vivi- das en relación a la falta de seguridad vial.

Los acciden- tes que ocurren en nuestras rutas se multiplican pese a la evolución de nues- tras comunicaciones y a la mayor tecnología incorporada en los medios de transporte, especialmente el automotor.

Frente a este tipo de siniestros, como en otros casos, lo más grave deja de ser el hecho en sí mismo o sus consecuencias, sino que podrían haberse evitado; porque las víctimas de un accidente automovilístico, por ejemplo, tienen estricta relación con conductas humanas, o con fallas humanas en el manejo de nuestras rela- ciones de convivencia, dentro de las que se inscriben las infracciones cometidas por los automovilistas.

Dentro de las diversas causas de esos accidentes, sin embargo, advertimos un aumento de las que tienen que ver con el estado de las redes viales en nuestro país. El resonante caso de la Familia Pomar, -y sin perjuicio de la terrible negligencia del accionar policial que no pudo encontrar a las personas fallecidas al costado de la ruta, durante más de 20 días-, nos ha puesto frente a esta lamentable evidencia. Como ellos, muchas otras familias se han destrozado como conse- cuencia de diversos accidentes ocurridos en nuestras rutas en las que algunas otras personas han perdido la vida, o han sobrevivido con lesiones incapacitan- tes o daños importantes de otra naturaleza. Entre dichos accidentes, mencio- namos los ocurridos en los últimos meses en el tramo de la Ruta 8 durante su recorrido en la zona norte de la Provincia de Buenos Aires.

Ahora bien, dicha Ruta constituye uno de los corredores más importantes de nuestro país, que une varias provincias y nada menos que el circuito económico que va desde el Mercosur hasta Chile. Sin embargo, esta ruta construida en 1938 - como otras tantas en la Argentina- son prácticamente iguales a las que tenía- mos a mediados del siglo pasado; y no han tenido ni tienen reconstrucción ni mantenimiento que las habiliten para soportar semejante tránsito y peso. Esta Ruta es además el camino de ingreso y salida a importantes ciudades y pueblos de la región, desde donde transitan personas desde y hacia sus trabajos o cen- tros de estudios, y por donde también desarrollan sus actividades económicas, productivas y comerciales.

Fuera de discusión la necesidad de hacer de este recorrido una Autovía de tránsito rápido y seguro, las autoridades comprometieron muchas veces su decisión, apoyo y presupuesto. Hasta se inició el proceso último de licitación de la obra mencio- nada, con promesas de la propia Presidenta de la Nación. La obra fue adjudica- da a la empresa Corredor Central S.A. Sin embargo, la Ruta no se construyó, no existieron explicaciones suficientes y quedó sin efecto.

Entre tanto, y como si la única apuesta y responsabilidad del Estado fuera licitar la obra, el estado del camino se ha ido deteriorando notablemente, hoy se advierten fallas importantes y que son la causa principal de los accidentes ocurridos en la zona, por falta de mantenimiento, señalización e iluminación.

Los veci- nos de los pueblos de la región se han organizado y autoconvocados en de- manda de una solución urgente. Y frente a ellos, el Congreso se hace eco con la justicia del reclamo por lo que proponemos, solicitar al Poder Ejecutivo: la construcción de la obra, la realización de las tareas de mantenimiento y el acuerdo con el gobierno provincial para hacer lo propio con las demás rutas que cruzan la región y que se encuentran en igual estado.

Y es por estas razones que solicitamos de nuestros colegas la aprobación del presente Proyecto de Resolución.