La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional en cumplimiento del artículo 128 de la Constitución Nacional para que arbitre los medios necesarios y disponga la concurrencia de la Señora Gobernadora Lucía Corpacci a la Comisión de justicia de esta Honorable Cámara, a fin de que brinde explicaciones sobre la represión ejercida el día 13 de febrero de 2012 por una patota de empleados estatales y por las reiteradas violaciones a los derechos individuales garantizados por la Constitución Nacional.

Señor presidente:

El día 13 de febrero un grupo de ambientalistas de la ciudad de Andalgalá, Provincia de Catamarca, ha sido atacado por una patota de empleados estatales en el marco del actual conflicto suscitado en la provincia en torno a la cuestión minera.

De ser comprobada la actuación de esta patota oficial, estaríamos frente un fenómeno de utilización de violencia paraestatal con aval gubernamental.

Esto es un hecho grave. Puede haber un debate democrático respecto al uso de los recursos naturales. Puede haber un debate racional frente a las posturas fundamentalistas en contra de la minería. Es la minería una actividad económica como otras, y como tal debe cumplir parámetros estrictos de cuidado de los recursos con una mirada intergeneracional, de cuidado del medio ambiente y en condiciones de beneficio para los habitantes y pueblos.

Lo que no aceptamos bajo condición ninguna es el uso y abuso de patotas, empleados públicos o punteros disfrazados de obreros para realizar el contrapiquete.

No estamos de acuerdo con los piquetes, ni ayer, ni hoy, ni mañana. Pero consideramos que frente a un descontento el dialogo debe ser la herramienta y no intentar colocarle a la fuerza que se opone a la actividad minera otra fuerza paraestatal de choque. El Estado debe ser garante de la ley, siempre.

Este hecho en Catamarca se suma a otros de represión policial que han venido sufriendo los manifestantes y trabajadores de prensa catamarqueños, poniendo al descubierto un llamativo endurecimiento de la política de seguridad del gobierno provincial frente a la protesta social. En el marco del endurecimiento de la política de seguridad, el 8 de febrero de 2012, el gobierno provincial detuvo a un grupo de 20 ciudadanos -incluyendo un menor- y, dos días más tarde, el 10 de febrero de 2012, la represión policial dejó un saldo de 20 personas heridas en la ciudad de Tinogasta.

Al respecto, debemos expresar nuestra preocupación por la evolución de dicha situación de protesta que está inserta en una creciente espiral de violencia oficial, con la consiguiente falta de garantías constitucionales y la flagrante violación a los derechos individuales garantizados en nuestra Carta Magna.

Por lo tanto, consideramos que estos hechos de represión comprometen a los poderes del estado provincial, y por ello solicitamos al Poder Ejecutivo Nacional que arbitre los medios necesarios y disponga la concurrencia de la Señora Gobernadora Lucía Corpacci al Congreso Nacional para que explique cuáles son los objetivos y la estrategia de seguridad del estado provincial, y además, que explique qué medidas se han tomado contra la mencionada patota y quiénes son los organizadores o instigadores de la misma.

Por todo lo expresado Sr. Presidente, es que le solicitamos la aprobación del presente pedido de resolución.