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PROYECTO DE TP
Expediente 6316-D-2013
Sumario: EXPRESAR REPUDIO POR LA FUGA DE JORGE ANTONIO OLIVERA Y GUSTAVO RAMON DE MARCHI, CONDENADOS POR SU PARTICIPACION EN LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD COMETIDOS DURANTE EL TERRORISMO DE ESTADO DE LOS AÑOS 1976 A 1983.
Fecha: 06/09/2013
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 127
La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:
Su más enérgico repudio a la fuga
de Jorge Antonio Olivera y Gustavo Ramón De Marchi, condenados por la
justicia por su participación en delitos de lesa humanidad cometidos durante el
terrorismo de Estado de los años 1976 a 1983, y destaca la importancia de su
detención y de una pronta investigación sobre este lamentable suceso, para
profundizar de ese modo el compromiso que el Estado Nacional ha asumido con
los valores de memoria, verdad y justicia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 25 de julio dos
condenados por delitos de lesa humanidad se fugaron de las instalaciones del
Hospital Militar Central Cirujano Mayor Dr. Cosme Argerich de esta Ciudad de
Buenos Aires. Se trata de Jorge Antonio Olivera y de Gustavo Ramón De
Marchi, quienes habían recibido penas de prisión perpetua y de veinticinco años
respectivamente de parte del Tribunal Oral Federal de San Juan por su
intervención directa en hechos vinculados al terrorismo de Estado de los
años
1976/83 .
Para lograr el escape se valieron
de una extraña concesión judicial de sus traslados, autorizada a su vez por un
juez subrogante, para ser atendidos entre otras, en las áreas de dermatología y
psiquiatría del mencionado hospital militar; así, fueron alojados en el. Complejo
Penitenciario Federal II de
Marcos Paz del Servicio
Penitenciario Federal, y cúando resultaron finalmente conducidos al
nosocomio, se deshicieron de sus
custodios sin ningún tipo de inconvenientes.
Desde el preciso. momento en que
tomó estado público esta noticia, el Gobierno Nacional en cumplimiento de su
inclaudicable compromiso por la defensa de los Derechos Humanos ha
adoptado todos los mecanismos
necesarios para lograr no sólo la detención de los prófugos, sino
también para deslindar las
responsabilidades de todos aquellos que hayan colaborado con esta fuga. En
esa línea de acción, desde los distintos Ministerios y Organismos se adoptaron
las siguientes medidas:
• El Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, a través del Programa Nacional de Coordinación para la
Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia estableció una recompensa de
dos millones de pesos cada una, para quien aporte datos útiles que resulten
determinantes en la detención'.
• Dispuso también ese Ministerio a
través de la Unidad de Información Financiera el congelamiento de los fondos
de las personas fugadas, y de un fideicomiso a través del cual se sospecha que
se estarían solventando sus gastos y los de otros prófugos'.
• También ordenó al Servicio
Penitenciario Federal que disponga los medios necesarios para
que la atención médica de los
procesados o condenados sea realizada en los hospitales con que dicha
institución cuenta, o en su defecto en hospitales públicos3.
• El Ministerio de Defensa ordenó
el pase a retiro y el relevo de funciones de distintos
militares del área de salud. Entre
ellos se encuentra el Director General de Salud, General
de Brigada Marcelo Carlos
Gutiérrez; el Jefe del Departamento Técnico de la Dirección General de Salud,
Coronel Carlos Alberto Ramos; el Jefe del Departamento Operativo de la
Dirección General de Salud, Coronel Eduardo Jacinto Alemanzor; el Director
General del Hospital Militar Central, General de Sanidad Juan Carlos
Adjigogovie; el Director Asistencial del Hospital Militar Central, Coronel
Francisco José Gambino; el Director Operativo del Hospital Militar Central,
Coronel Pedro Gerardo Osores; y el Encargado de la Oficina de Ayuda
Humanitaria del Hospital Militar Central, Suboficial Mayor Eduardo Oscar
Suárez.
• Dispuso también ese Ministerio la
prohibición de internación y/o asistencia ambulatoria en
hospitales militares o unidades de
salud dependientes de las Fuerzas Armadas, de personas
condenadas penalmente o
procesadas con prisión preventiva que tengan o hayan tenidoestado militar, sin
distinguir entre personal civil o militar°.
• Los Ministerios de Justicia y
Derechos Humanos, de Defensa, y de Salud firmaron un
acuerdo de creación de una
Comisión de Asesoramiento Médico Interministerial, que según el propio Señor
Ministro de Justicia y Derechos Humanos ya pudo revelar la existencia de ...una
trama de complicidades médicas y judiciales que .sostenían privilegios
inadmisibles en el marco de un estado democrático y constitucional de derecho
"'.
• El Servicio Penitenciario Federal
pasó a disponibilidad a los agentes encargados de la
custodia de los condenados, y
presentó ante la justicia federal una denuncia por el posible delito de
encubrimiento en la fuga, para determinar si efectivamente contaron con
colaboración externa6.
• El Estado Mayor Conjunto del
Ejército inició las acciones sumariales correspondientes al
personal civil y militar
posiblemente vinculado a los hechos, entre los cuales se encuentra la psicóloga
Marta Noemí Ravasi de Olivera, esposa de uno de los prófugos.
En este sentido, esta Honorable
Cámara de Diputados no puede ni debe permanecer ajena a esta situación que
tanto vulnera los logros obtenidos luego de una década de promoción e impulso
de
investigaciones de los aberrantes
delitos que enlutaron a nuestro país. Es nuestro deber democrático
poner de resalto nuestro absoluto
rechazo y repulsión a este tipo de situaciones.
Por lo expuesto, propongo a los
señores diputados el acompañamiento en el presente proyecto de
declaración.
Resolución 85/2013 de 26 de julio
de 2013 http://www.jus.gob.ar/prensa/noticia.aspx?id=1397
http://www.jus.gob.ar/prensa/noticia.aspx?id=1393
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| DOMINGUEZ, JULIAN ANDRES | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
| CARLOTTO, REMO GERARDO | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS (Primera Competencia) |