La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitamos colocación de una placa conmemorativa en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación para rendir homenaje a Alfredo Palacios con motivo del centenario de la sanción de la Ley 9143, más conocida como "Ley Palacios", primera en todo el continente americano en proteger a las víctimas de explotación sexual y esclavitud.

Señor presidente:

El próximo 23 de septiembre se cumplirán cien años de la sanción por parte del Honorable Congreso de la Nación de la ley N° 9143, primera iniciativa legislativa en todo el continente americano destinada a proteger a las mujeres, niñas y niños víctimas de trata sexual y esclavitud, y a penalizar a sus responsables. Impulsada por el Dip. Alfredo Palacios y aprobada por unanimidad en ambas cámaras, representó un hito en la lucha contra la trata, y ubicó a Argentina en la vanguardia de la época. En reconocimiento a la "Ley Palacios", desde 1999 se adoptó el 23 de septiembre como el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas por la Coalición Internacional de la Lucha contra el Tráfico de Mujeres.

Casi cien años después, este Congreso sancionó la ley 26.842 de "Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas", constituyendo un avance en la materia, de la cual aún aguardamos su reglamentación.

Este centenario refleja la lucidez política del joven diputado socialista Alfredo Palacios de legislar para combatir el crimen organizado a comienzos de 1900; delito que aún hoy en día persiste.

Es un problema mundial que constituye una clara violación a los Derechos Humanos, además de ser una variante contemporánea de la esclavitud y otra modalidad de ejercer violencia de género. En este sentido, creemos necesario, que desde el Congreso de la Nación se conmemore la mencionada ley como testimonio de lucha y fundamentalmente para mantener vigente la problemática de la explotación y trata de personas en el siglo XXI.

La iniciativa de Palacios, propuso una importante reforma al Código Penal argentino con el fin de reprimir y penar la rufianería. Basta transcribir un fragmento del antiguo reglamento de Prostíbulos de Buenos Aires (1875) para comprender el contexto en el que se gesta la iniciativa del joven socialista: "No podrá haber en los prostíbulos mujeres menores de 18 años, salvo que se hubieren entregado a la prostitución con anterioridad".

En la discusión parlamentaria de 1913, el joven Dip. Palacios sostenía que estos delitos debían incorporarse en el Código penal denunciando el tráfico que se realizaba con mujeres de aldeas de Rusia, "jóvenes incautas que luego traían a nuestro país para venderlas o encerrarlas en los prostíbulos como esclavas". Su iniciativa, aprobaba sin modificaciones por ambas cámaras, amplió la definición de la trata de blancas e incorporó la corrupción de menores de ambos sexos y de mujeres adultas. Los culpables serían condenados y los parientes, esposos o tutores perderían el derecho a la patria potestad sobre la mujer o la menor. Los rufianes extranjeros podrían ser deportados y perderían la ciudadanía si eran reincidentes de la esclavitud blanca.

En la actualidad, las actividades que realizan los grupos del crimen organizado "satisfacen" demandas de bienes y servicios, cuyo acceso está prohibido y considerado ilegal pero que existen consumidores que están dispuestos a consumirlos y acceder a ellos en condiciones de ilegalidad. Dicho de otro modo, los consumidores son partícipes necesarios del comercio ilegal de personas. Sin consumidores dispuestos a pagar, no habría incentivos para el desarrollo de la actividad.

En una investigación llevada a cabo por la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas del Ministerio Público Fiscal de la República Argentina, con apoyo de INECIP y financiamiento de la Unión Europea, que analiza los procesamiento realizados en el tema de trata en el país, surge que en el 98% de los casos las víctimas son mujeres, lo cual evidencia que estrecha correlación entre este delito y las relaciones de género. Otro aspecto relevante es que los espacios físicos donde mayoritariamente se consumaban estos delitos (74%) eran espacios públicos (whisquerias, pubs y otros), mientras que un 22% eran departamentos privados. Estos espacios en relación están bajo el control de municipalidades y fuerzas policiales, lo cual deja al descubierto otra de las características del accionar de estas organizaciones: la necesidad de gozar de impunidad o protección de los ámbitos políticos, jurídicos y/o policiales.

Es imprescindible que los estados nacional, provincial y municipal coordinen sus acciones, en base a un diagnóstico profundo de esta actividad, el cual debe servir de marco para la puesta en marcha de las herramientas específicas. Es fundamental una tarea conjunta y concertada de todos los sectores políticos, niveles de gobierno y sociedad civil. Nadie por si solo puede hacer retroceder la trata de personas. Necesitamos una política de consenso inter partidos políticos, para implementar acciones sostenidas en el tiempo, independientemente quien sea la fuerza gobernante.

La lucha contra la trata de personas no se debe abordar como una problemática aislada, sino como parte de una estrategia integral de lucha contra el crimen organizado trasnacional. Nos referimos al tráfico de sustancias ilícitas, de personas, de armas de fuego, lavado de dinero, a la violencia asociada en forma de sicariato. A esto hay que sumarle la pata económica expresada en el lavado de dinero a través de bancos, empresas, paraísos fiscales, y la protección estatal con forma de encubrimiento policial, judicial y político.

El Partido Socialista han impulsado y apoyado todas las iniciativas que contribuyeran a la erradicación de actividades que impliquen una violación de los derechos de las personas, promoviendo también protocolos o institutos destinados a la protección y ayuda de las víctimas de trata o explotación.

Desde el Congreso de la Nación, debemos seguir trabajando para perfeccionar la legislación que le brinda marco jurídico al combate de este tipo de delito. Pero sabemos que con la ley sola - aunque importante- no alcanza. Necesitamos de políticas públicas integrales con presupuesto para que el derecho que consagra la ley se materialice en las victimas.

Hoy, queremos rendir homenaje y recordar en este marco a Alfredo palacios, quién sentó las bases para castigar con la fuerza de la ley el delito de explotación sexual y tráfico de mujeres y niños/as en nuestro país.

Por todo lo aquí expuesto, solicito el acompañamiento a este homenaje.