La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Citar, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional y del artículo 204 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, al señor Ministro del Interior, Dr. Aníbal Fernández, a concurrir al recinto de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación para que brinde informes verbales sobre los graves sucesos que afectan la seguridad pública y la paz interior acaecidos en la Quinta de San Vicente el pasado martes 17 de octubre durante el traslado de los restos mortales del ex presidente Juan Domingo Perón, y en la Ciudad de Buenos Aires.

En particular, para que informe:

1) Cuales son los elementos y valoraciones por los cuales el gobierno afirma que los disturbios ocurridos en San Vicente son parte de una conspiración para atacar su gestión.

2) Los motivos de la pasividad y falta de vigilancia policial en el acto de traslado de los restos de Perón, en el Hospital Francés y en el rectorado de la Universidad Nacional de Buenos Aires.

3) Cómo se repartieron las funciones en el operativo de seguridad para todo el traslado de los restos de Perón desde el cementerio de la chacarita hasta San Vicente.

4) Cómo será el dispositivo de seguridad para custodiar los restos de Juan Domingo Perón.

Señor presidente:

Debido a los disturbios ocurridos el pasado 17 de octubre durante el acto de traslado de los restos del ex presidente General Juan D. Perón, y tras las declaraciones vertidas por el gobierno nacional, los diputados integrantes del Interbloque Federal consideramos oportuno solicitar al Sr. Ministro del Interior, Dr. Aníbal Fernández, su presencia en el recinto con el objeto de informarnos en forma veraz y objetiva acerca de quienes fueron los encargados de la seguridad durante el acto y las pruebas con las que cuenta el gobierno para afirma que los disturbios ocurridos en San Vicente son parte de una conspiración contra el gobierno del presidente Néstor Kirchner.

Al ser requerido en reiteradas oportunidades por este nuevo hecho de violencia, el Ministro del Interior, Dr. Aníbal Fernández, declaró que "No tenga dudas de que fue armado. No tenga dudas que el financiamiento de la gente que fue a ese lugar fue pagado por alguien específicamente. Tenemos en claro de dónde salió, cuál era el objetivo, cómo se manejó ese tipo de cosas". Y agregó: "Sabemos cómo fue financiado, a la hora que llegaron, en qué condiciones llegaron, quién les financió el alcohol, quién les financió la droga y quién les dio los palos cortados todos del mismo tamaño". Por su parte, el presidente Kirchner afirmó que la violencia desatada en San Vicente no ocurrió "por casualidad" sino que fue para perjudicar a su gobierno.

A pesar de estas declaraciones del presidente y del ministro, la fiscal de la causa, Dra. Leila Aguilar, manifestó que no existen evidencias que conecten a las personas apresadas con un plan organizado para provocar disturbios en la quinta 17 de octubre de San Vicente. "No tenemos acreditado que hayan actuado en forma premeditada y organizada", afirmó en declaraciones a la prensa.

Mas aún. Este temperamento además fue sostenido por el juez interviniente. “Hasta este momento no hay elementos para sostener que se trató de un complot", afirmó el juez de garantías de La Plata Dr. César Melazo en declaraciones a radiales, al tiempo que añadió que tampoco se sabe nada sobre "quién mandó" a los protagonistas de los incidentes.

Y agregó. "El tema del complot hace un par de años que lo vengo escuchando en distintos momentos políticos: son las mismas teorías que nunca se ven reflejadas, ni siquiera con el aporte de pruebas, nadie aporta pruebas para poder investigarlo", ahondó el juez. Por otra parte, dijo no creer que el hecho de que los sindicalistas hayan ido "agrupados" a la quinta de San Vicente "signifique de por sí que pertenezcan o sean parte" del complot que refiere el Gobierno.

En respuesta el ministro Aníbal Fernández afirmó que "no está bien" que tanto Melazo como la fiscal Leyla Aguilar, que tiene a cargo la causa abierta tras las peleas entre grupos sindicales con balas, piedras y botellazos en el traslado de Juan Domingo Perón a San Vicente, hayan opinado acerca del complot que denuncia el Gobierno. "El juez no debería hablar y la fiscal no debería hablar porque no conocen los elementos que nosotros estamos evaluando", sostuvo el ministro en declaraciones públicas.

Es grave que el Ministro, que además es abogado, realice estas afirmaciones, pues si tiene elementos, ya debería haberlos aportada a la causa judicial, pues precisamente es la justicia la única instancia en la que se deben probar, dar por cierto, que existió la pretendida confabulación. En todo caso el juez lo que ha afirmado es que el gobierno denuncia pero no aporta pruebas. Este extremo es de particular importancia pues si hubo complot podría existir gravedad institucional en los hechos ocurridos, y por el contrario si no hay pruebas y el ministro persiste en denuncias carentes de fundamento la gravedad es que por medio de sus declaraciones pretende influir en las decisiones de los magistrados en vistas a obtener resoluciones judiciales a gusto y medida del poder político, afectando el principio de división de poderes.

En todo caso el ministro, como responsable de la seguridad interior, debe presentar ante esta Cámara explicaciones más consistentes y completas, en vistas a que estos hechos recientes, viene a sumarse a una escalada de violencia que se suma a la de inseguridad que lleva años, en cuyo contexto no se comprende como concilia la idea de complot con la permanente presencia de personeros ligados a los más altos e influyentes dirigentes del gobierno y el oficialismo, como en el caso del Hospital Francés y la detención en San Vicente del delegado gremial Emilio Quiroz, a la sazón directo colaborador del secretario general de la CGT, disparando un arma de fuego, fotografía que recorrió el mundo para descrédito de nuestro país y del propio gobierno.

El poder legislativo no puede contentarse con argumentaciones tan endebles y carentes de lógica. Por ello exigimos al gobierno respuestas a la altura de las circunstancias, reiteramos nuestra preocupación ante la escalada de violencia política que se suma a la creciente inseguridad existente, y que no se corresponde con los reclamos de la ciudadanía. El Ministerio del Interior tiene a su cargo la seguridad pública y garantizar la paz interior, y por tanto debe responder públicamente respecto de la política integral que el gobierno nacional desarrolla para hacer realidad la seguridad ciudadana, construyendo permanentemente pautas de convivencia compartidas y que esté orientada a la prevención, la reparación y la sanción del delito. El derecho a la seguridad es un derecho fundamental, para todos.

Por lo tanto, por las razones expuestas consideramos imperioso que el Ministro del Interior, Aníbal Fernández, comparezca inmediatamente ante esta Cámara para informar a los legisladores sobre la compleja situación descripta, haciéndose cargo de su responsabilidad institucional.