La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar nuestro más profundo repudio y preocupación por la represión en diversas localidades de la provincia de Catamarca llevada a cabo por la policía de esa provincia, los primeros días del mes de Febrero del corriente año, desalojando violentamente a vecinos y vecinas que legítimamente protestan contra Minera La Alumbrera.

Señor presidente:

Desde fines de enero del corriente en distintas localidades de Catamarca (Belén, Santa María, Andalgalá, Tinogasta) y en Amaicha del Valle (Tucumán) vecinos y vecinas en protesta contra la Minera La Alumbrera realizaban un bloqueo selectivo en las rutas a camiones proveedores de la empresa. Como en otras oportunidades, utilizan esa metodología para concientizar al conjunto población sobre las verdaderas consecuencias que ese tipo de explotación minera provoca en sus comunidades.

El 26 de enero se inició el accionar de la policía en Santa María, con cuatro detenidos, que fueron liberados al poco tiempo. Un día después, hubo 18 detenidos y represión. La abogada de la Asamblea que está asistió a los manifestantes dijo que "uno de los detenidos ni siquiera estaba en la zona del corte, estaba saliendo de comprar una gaseosa. El mismo Fiscal [Julio Esteban Landivar] lo detuvo porque le consultó si tenía documentos y al contestarle que no, se lo llevó preso. Cuando consultaron cuál es la causa se les respondió "la causa ya la vamos a inventar". ¿Con que orden judicial? "La orden soy yo" y se señaló la cabeza con el dedo índice". Agregó que "los lugares de detención donde los alojan son deprimentes. Calabozos con olor a orina que corresponden a una historia que creíamos pasada. Se están poniendo en juego todas las instituciones de la Provincia, están actuando sin orden de Juez competente y avasallando derechos constitucionales e incumpliendo Pactos Internacionales de Derechos Humanos".

A algunos detenidos se le aplicó la recientemente sancionada "Ley Antiterrorista" Según el Fiscal Federal de Tucumán Gustavo Gómez, "El fiscal de Santa Maria aplica el artículo 213 bis [del Código Penal] que de acuerdo a la nueva ley antiterrorista es de competencia federal. Eso es prevaricato", es decir, una resolución arbitraria de una autoridad judicial. También señaló que "la policía de Catamarca les hizo firmar un acta a los liberados que los obliga a no hablar con la prensa bajo pena de revocarles la libertad". Según Gómez, no existe orden de la Justicia Federal de Catamarca para actuar en el corte selectivo.

El 8 de febrero fue el turno de Belén. Según se puede reconstruir los hechos, todo comenzó con la presencia de grupos "pro-mineros" que se acercaron a la ruta e intentaron realizar un corte total. Ante esta situación, el Fiscal Flores decide para salvaguardar la "paz social" realizar el desalojo a los asambleístas, que en ese momento se encontraban al costado del camino. Esta vez el fiscal interviniente, José Alberto Flores se habría cuidado de aplicar el artículo 194 del Código Penal a los detenidos. En la represión hubo mujeres y menores golpeados, también un niño de 13 años incomunicado. Luego de la detención de quienes llevaban adelante la protesta, supuestamente para despejar la ruta, una patota "pro minera" (familiares y empleados de la minera) ocupó su lugar, interrumpiendo el tránsito e impidiendo que vecinos y vecinas se volvieran a concentrar en el lugar.

El viernes 10 de febrero por la madrugada desalojaron el corte de en Amaicha del Valle. Más tarde, entrada la mañana le tocó a Tinogasta, la misma metodología violenta, con gases, golpes a mujeres, ancianos y niños, heridos y heridas con balas de goma. Se espera igual destino para el corte en Andalgalá.

En todos los casos, golpes y balas de goma para los pobladores, seguridad para los intereses de las mineras. En Catamarca, cada vez queda más claro que Minera La Alumbrera también gobierna.

Es insostenible que la salida al conflicto con las mineras en nuestro país venga de la mano de la represión. Es urgente y necesario que se abra un verdadero debate en nuestro país sobre qué minería necesitamos, bajo qué reglas.

Por las razones expuestas, solicito se apoye el presente proyecto de resolución.