La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo, para que, a través de las dependencias que correspondan, informe sobre el cumplimiento de la ley 22.431, y específicamente en relación al análisis del periodo diciembre 2006/2009, discriminando por año y por sujeto obligado:

1. Actuaciones llevadas a cabo por el Poder Ejecutivo a fin de dar cumplimiento al artículo 8° de la ley 22.431, en relación al porcentaje de ocupación de personas con discapacidad por parte del Estado nacional (incluyéndose los tres poderes que lo constituyen, sus organismos descentralizados, autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos).

2. Detalle en cada uno de los diferentes sujetos precisados en el artículo 8º 1er. párrafo de la ley 25.689, cual es el número de cargos con los que se alcanzaría a cubrir el 4% que la ley obliga a ser destinado a ocupar con personal con discapacidad.

3. Detalle el número de cargos que han sido ocupados por aplicación de la ley , cuales faltan cubrir. Explicite el número de estas coberturas que hayan sido otorgados en base al procedimiento establecido por la reglamentación vigente.

4. Si los diferentes sujetos precisados en el artículo 8º 1er. párrafo de la ley 25.689 sectores del Estado nacional han informado al Ministerio de Trabajo, las vacantes existentes y el perfil del puesto de trabajo a cubrir.-

5. Informe en forma detallada sobre los concursos realizados juntamente con la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas.

6. Indique cantidad de postulantes que solicitaron su ingreso, y qué porcentaje fue incorporado.

Señor presidente:

En el espíritu de la Ley 25.689 , modificatoria de la Ley N° 22.431, en relación con el porcentaje de ocupación de personas con discapacidad por parte del Estado Nacional (sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos) , se expresa claramente la obligación de ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo , en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas como claramente lo podemos observar en el artículo 8° de la Ley 22.431 que quedó redactado de la siguiente forma.

El porcentaje determinado en el artículo referido precedentemente será de cumplimiento obligatorio para el personal de planta efectiva, para los contratados cualquiera sea la modalidad de contratación y para todas aquellas situaciones en que hubiere tercerización de servicios. La ley prevee prioritariamente la reserva de las vacantes en los porcentajes de ley que acrediten las condiciones para puesto o cargo que deba cubrirse. Asimismo, se exige la obligación de informar al Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos y donde se establece -además- la participación de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas, como veedor de los concursos ; circunstancias ambas , que resultan de interés central para el cumplimiento de los objetivos que persigue la ley.-

En caso de que el ente que efectúa una convocatoria para cubrir puestos de trabajo no tenga relevados y actualizados sus datos sobre la cantidad de cargos cubiertos con personas con discapacidad, se debe considerar que se incumple el 4% y los postulantes con discapacidad podrán hacer valer de pleno derecho su prioridad de ingreso a igualdad de mérito.

El Estado tiene la obligación de asegurar que los sistemas de selección de personal garanticen las condiciones establecidas en la ley y provee las ayudas técnicas y los programas de capacitación y adaptación necesarios para una efectiva integración de las personas con discapacidad a sus puestos de trabajo.

Ante lo enumerado, en un País donde la incidencia de la pobreza en la población total del país ha aumentado hasta niveles inusitados, y donde la indigencia alcanza niveles escandalosos. Donde el porcentaje de la población en situación de discapacitad se estima en el orden de los 540.000 habitantes con esa doble condición: pobres y discapacitados, situación que dificulta aún más el acceso a un trabajo y vida digna.

Y siendo palpable, que hoy el Estado Nacional no cumple con el cupo legal del 4%, menos del 1% de los empleados públicos son personas con discapacidad, y siendo que el 90% de las personas con discapacidad están desocupadas, con una práctica inexistencia de políticas de empleo para el sector y con una pobre promoción del trabajo protegido.-

Por ello Sr. Presidente siendo obligación del Estado garantizar como mínimo ese 4% tutelar que la ley asigna a uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, es que solicitamos la aprobación del presente.-