El Senado y Cámara de Diputados...

COMISION PARLAMENTARIA BINACIONAL PARA ATENDER EL CONFLICTO GENERADO POR LA INSTALACIÓN DE LAS PASTERAS

Artículo 1.- Créase en el ámbito del Con- greso Nacional una Comisión Bicameral integrada por SEIS (6) Senadores y SEIS (6) Diputados, quienes serán elegidos por los respectivos cuerpos y UN (1) repre- sentante del Poder Ejecutivo Nacional, quien será designado por el Ministerio de Re- laciones Exteriores y Culto.

Artículo 2.- Los Senadores y Diputados que integren esta comisión durarán en sus cargos hasta la próxima renovación de la Cámara a la que pertenezcan, y serán elegidos simultáneamente, en igual forma que los miembros de las comisiones permanentes. La Comisión elegirá un presidente, un vicepresidente y un secretario, que podrán ser reelectos.

Artículo 3.- La Comisión contará con el personal administrativo y técnico que establezca el presupuesto general, y estará investida de las facultades que ambas Cámaras delegan en sus comisiones perma- nentes y especiales.

Artículo 4.- El propósito de la Comisión será el de institucionalizar un mecanismo de construcción de consenso con todas las partes interesadas en el caso de la instalación de las plantas de pasta celulósica en la ciudad de Fray Bentos, República Oriental del Uruguay, que garantice el derecho ciudadano a un ambiente sano y a un desarrollo sustentable y una salida a la con- troversia en cuestión.

Artículo 5.- La Comisión podrá establecer las subcomisiones temáticas que sean necesarias y adecuadas para el cumplimiento de sus funciones, así como dirigir y supervisar las actividades de las mismas. Podrá invitar a los representantes de las partes interesadas a todos los encuentros y reu- niones que considere pertinentes.

Artículo 6.- A estos efectos, se invita a los cuerpos legislativos de la hermana República Oriental del Uruguay a designar sus representantes en la Comisión.

Artículo 7.- Una vez constituida, la Comi- sión redactará su reglamento de funcionamiento, el que será convalidado por la Pre- sidencia de cada Cámara dentro de los treinta días de elevado a consideración.

Artículo 8.- La presente Ley se encontra- rá vigente a los treinta días de su publicación en el Boletín Oficial y será informada por el Poder Ejecutivo Nacional al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo de la her- mana República Oriental del Uruguay.

Artículo 9.- Comuníquese al Poder Ejecu- tivo.

Señor presidente:

El 7 de febrero de 2006, bajo el Nº 4098/05, fue presentado un Proyecto de Resolución en el Senado de la Nación, por parte del señor senador Rubén Giustiniani, promoviendo el establecimiento de una "Comisión Parlamentaria Argentino-Uruguaya, con el objeto de institucionalizar un mecanismo de construcción de consenso con todas las partes interesadas en el ca- so de la instalación de las plantas de pasta celulósica en la ciudad de Fray Ben- tos".

A cuatro años de aquella presentación, venimos hoy a presentar una iniciativa que avanzar en un sentido similar, en el ámbi- to de la Cámara de Diputados, por varias razones: en primer lugar, porque el conflic- to planteado por la instalación de la planta de pasta celulósica en la República Orien- tal del Uruguay se ha ido profundizando con el tiempo sin que los gobiernos, de am- bos países, puedan llegar al diálogo constructivo.

Por otro lado, la fábrica ex Botnia (ahora UPM) lleva ya dos años funcionando sin que hasta el momento se haya encontrado una salida razonable al respecto, y a pesar de la multiplicación de denuncias de con- taminación que por ahora carecen de comprobación fehaciente. Y finalmente, por- que como parte de la controversia (y a partir de una estrategia errática, demagógica y oscilante) el Ejecutivo Nacional soslayó la respuesta institucional a los vecinos y posibilitó que durante casi cuatro años se mantenga interrumpida una vía de comu- nicación con el país vecino, causando daños comunitarios incalculables y abriendo heridas entre dos pueblos hermanos que es preciso comenzar ya mismo a ce- rrar.

Conviene recordar que el Estado Argen- tino promovió la intervención del Tribunal Internacional de la Haya llevando la pre- sentación de su reclamo a la jurisdicción internacional, como lo establece el Estatuto del Río Uruguay. Sin embargo, la instancia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) no dio por terminado el conflicto.

El artículo 41 de nuestra Constitución Nacional no sólo garantiza el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado, tam- bién incluye el deber de los ciudadanos y del Estado de preservarlo para las genera- ciones presentes y futuras. Además, establece la legitimación de todo individuo para hacer valer ese derecho. Y estamos avanzando hacia una concientización de los pueblos en este sentido. Los vecinos de Gualeguaychú, exasperados ante la falta de respuesta de parte de las autoridades, manifestaron su reclamo por su derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, de todos los modos posibles.

En diversas ocasiones en nuestra labor parlamentaria nos hemos ocupado de este tema, ya sea solicitando informes al Po- der Ejecutivo sobre la situación ambiental del río Uruguay como consecuencia del funcionamiento de la planta de celulosa Botnia en Uruguay, y otras cuestiones co- nexas; proponiendo también al Ejecutivo que disponga las gestiones necesarias pa- ra modificar el Tratado del Río Uruguay y el Estatuto del Río Uruguay, incorporando a Brasil -en cuyo territorio se encuentran dos tercios del recorrido del río menciona- do, y por ende debería ser motivo de preocupación para el cuidado ambiental, hoy ausente de todo debate- y modificando la composición de la Comisión Administrado- ra del Río Uruguay (CARU) incorporando representantes de las comunidades direc- tamente involucradas; y asimismo pidiendo informes al Ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con el tratamiento de los efluentes industriales y cloacales de las ciudades ribereñas al rio Uruguay.

De este modo se manifiesta la preocupa- ción constante que se expresa en el pueblo de la provincia de Entre Ríos, al cual procuramos representar en esta Cámara. El conflicto no debe dejar de enmarcarse en una perspectiva regional: hoy es Gualeguaychú, pero mañana puede ser otro lu- gar en la región, donde ya existen varios proyectos de instalación de fábricas de pasta de celulósica.

Es necesario el cumplimiento de pautas ambientales compatibles con el desarrollo sustentable, a través de criterios comunes para el MERCOSUR. Un código ambiental para el MERCOSUR que regule la explo- tación de los recursos naturales contribuiría a superar nuestra histórica falta de ma- durez en el respeto por el medio ambiente y el desarrollo sustentable. El punto de partida debe ser el diálogo, el consenso y la búsqueda de vías creativas para el lo- gro de una solución bilateral. Por eso promovemos la creación de una comisión par- lamentaria argentino-uruguaya -con la participación de las organizaciones sociales de ambos países, las ONG con trayectoria en la materia e instituciones académicas y especialistas ambientales- para institucionalizar una instancia de diálogo y consen- so.

La renovación presidencial en el país ve- cino puede abrir una expectativa en ese sentido, pero estamos convencidos de que es en el ámbito legislativo donde se puede generar una instancia de racionalidad y diálogo, como lo muestra la experiencia argentina en la superación de la última dife- rencia fronteriza con Chile -Hielos Continentales (1998)- que por momentos parecía de imposible resolución. Sin embargo, gracias al consenso político de entonces lo- gramos dar un paso histórico poniendo en marcha la diplomacia parlamentaria, en consulta permanente con los gobiernos y con vías abiertas de participación de orga- nismos técnicos y representantes de la comunidad.

La superación del conflicto esta en ma- nos de ambos gobiernos, debemos proteger y profundizar el MERCOSUR , transi- tando el camino hacia una América Latina integrada desde la perspectiva de un mo- delo de desarrollo sustentable, crecimiento con equidad y procesos de industrializa- ción compatibles con la vida y el medio ambiente.

Por las consideraciones expuestas solici- to a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Ley.