La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo que, habida cuenta de la represión ordenada el pasado 5 de Noviembre 2008 de un grupo de militantes pertenecientes a los ruralistas autoconvocados y a la Corriente Clasista y Combativa, tenga a bien facilitar la información que a continuación se requiere, a través del organismo que corresponda

1) En virtud de qué orden se llevó a cabo dicha decisión, especificando si se trató de una resolución administrativa o judicial. Adjuntar copia de la misma.

2) Quién fue el/la firmante de la orden.

3) La fecha y hora en que recibieron la orden de reprimir a los manifestantes.

4) Qué cantidad de personas fueron arrestadas, cuánto tiempo permanecieron detenidas, en dónde, y por qué motivos.

5) Si hubo reportes de heridos. Indicar a dónde fueron trasladados.

6) Si quienes dieron la orden tuvieron conocimiento de la composición del grupo manifestante y el contexto de la manifestación.

Señor presidente:

Motiva este pedido de informes el desmedido operativo policial llevado a cabo el día 5 de noviembre de 2008 en las inmediaciones del Senado de la Nación contra manifestantes ruralistas y de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), que exteriorizaban su repudio a la delegación de facultades legislativas incluida en el proyecto de ley de Presupuesto para la Administración Pública Nacional Período 2009.

Como consecuencia de la represión, varios manifestantes sufrieron lesiones y tres de ellos fueron detenidos y trasladados a la Comisaría Sexta, de donde fueron liberados horas después, previa imputación de los cargos judiciales de lesiones, atentado y resistencia a la autoridad. Posteriormente, dos de ellos fueron trasladados al Hospital Ramos Mejía a causa de las lesiones sufridas.

Además de destacar nuestro rechazo al tratamiento recibido por los actores sociales, es nuestro deber advertir que, como en el caso que nos ocupa, en los últimos tiempos se viene observando una preocupante escalada de criminalización de la protesta social.

La judicialización de la protesta social a la que aludimos se ha arraigado en el accionar diario de algunos magistrados y fiscales que han propiciado la intervención de las fuerzas de seguridad y han sujeto a proceso a ciudadanos que han ejercido su legítimo derecho de peticionar ante las

autoridades, participando en organizaciones, movilizaciones sociales, huelgas o diversos actos populares contra políticas sociales y económicas.

Como afirmáramos en nuestro Proyecto de Ley de Amnistía (expediente N° 5704-D-08 del 8-10-2008), "ante la falta de respuestas del Estado a los reclamos populares, se torna cada vez más frecuente la utilización de los procedimientos legales con el inocultable propósito de amedrentar a los actores sociales, acallar los reclamos populares, desarticular los movimientos sociales, deslegitimar la protesta. Visto de este modo, la reducción de la política a expediente jurídico no representa otra cosa que su definitivo plegamiento a un proyecto de sociedad definido desde la función policial. La judicialización de la vida en sociedad significa la derrota definitiva de la política como forma de organización social".

Por todo lo expuesto y en virtud de la gravedad de esta tendencia represiva desatada contra los actores sociales que se movilizan en reivindicación de sus derechos, solicitamos a nuestros pares acompañen el presente proyecto.