La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre los siguientes puntos en relación a los robos de identidad en nuestro país:

1 - ¿Cuáles son las políticas públicas dirigidas a evitar el control de los casos de fraude y/o estafas civiles, comerciales, a partir de la modalidad de robo de identidad?

2 - ¿Cuáles son los castigos y sanciones que se aplican para las personas y/u organizaciones que delinquen con la usurpación de datos, tanto de manera tecnológica como de robo de información?

3 - ¿Cuál es la aplicación presupuestaria de los programas o proyectos destinados a la prevención de riesgos de robos de identidad?

Señor presidente:

En la sociedad global que vivimos, existe un nuevo tipo de delito que deriva del exceso de información: el robo de identidad. Pero a su vez, el robo de datos y de la información confidencial, hacen peligrar toda una estructura comunicacional que pone en riesgo la vida de las personas.

Hablamos de robo de identidad en un doble sentido, por un lado, de usurpación de datos, como son los casos de estafas y delitos civiles y comerciales, de personas que alteran documentos públicos (como documentos de identidad robados, recibos de sueldos, datos comerciales) para usarlos para estafar a terceros, sea a través de solicitudes de créditos falsas, operaciones mercantiles, etc. Y por otro lado, del robo de identidad en las redes sociales, donde deliberadamente y sin control, se crean perfiles que posibilitan los delitos informáticos o tecnológicos.

Nuestro deber es velar por la integridad de los ciudadanos, porque también por Internet se crean condiciones que pueden favorecer casos de pedofilia, por la creación de perfiles falsos, que engañan a adolescentes y niños. El estado debe estar presente en la regulación de esos aspectos.

Es por lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.