La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo disponga de los medios necesarios para informar a esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación, sobre los siguientes puntos relacionados con la quita de subsidios sobre el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires y la incierta situación sobre la obtención y beneficios de las tarjetas de pago electrónico de boletos (SUBE y Monedero):

1. ¿Cuál será la modificación de las tarifas prevista para los próximos meses en lo referido al transporte público ya sea con o sin medios de pago electrónicos?

2. ¿Cuál será la duración del subsidio para los usuarios que obtengan la tarjeta SUBE (Sistema Único de Boleteo Electrónico) antes del 10 de febrero?

3. ¿El subsidio recae sobre la tarjeta SUBE o sobre el usuario inscripto hasta el 10 de febrero?

4. ¿Cuál es la razón por la que los usuarios que no puedan obtener la tarjeta SUBE hasta el 10 de febrero no contarán con el subsidio?

5. El criterio para conceder el subsidio, ¿se sustenta en las condiciones personales y económicas del beneficiario o con motivo de su diligencia para obtener la tarjeta? ¿Prioridad temporal o beneficio por la situación objetiva de los ingresos personales?

6. ¿El sistema de pago electrónico Monedero será susceptible a los beneficios del subsidio? En caso de ser afirmativo, ¿cuál será su duración?

7. ¿Los estudiantes y jubilados, dispongan o no de medios de pago electrónico, contarán con algún tipo de beneficio especial? De ser así, ¿en qué consistirían?

Señor presidente:

La Secretaría de Transporte de la Nación anunció la quita de los subsidios para el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), lo que obviamente significa el aumento de los boletos desde el que el 10 de febrero; aunque no se mencionó de cuanto sería el incremento. Asimismo se afirmó por publicidad oficial que los usuarios que obtengan la tarjeta SUBE hasta dicha fecha no serán susceptibles al aumento de la tarifa. Luego de éstas noticias los puntos de obtención de la tarjeta colapsaron ya que una enorme cantidad de usuarios se abocaron a conseguir dicha credencial. De esa manera la obtención del SUBE se volvió caótica ya que se debió improvisar ante la enorme demanda. Además, como suele acaecer en casos similares, oficinas públicas supuestamente habilitadas, lucen llamativos e inopinados carteles que rezan "En esta oficina momentáneamente no se dispone de tarjetas SUBE". Como siempre, al habitante se lo obliga a peregrinar hasta hallar dónde ejercer sus derechos.

En resumen, va a haber un aumento en todos los medios de transporte público del AMBA salvo para los usuarios que tengan tarjetas SUBE de antes del 10 de febrero. No existe información fidedigna sobre la envergadura del aumento en los boletos pagos por medios convencionales.

Hasta ahora aumentó el subte un 127% con o sin medios de pago electrónicos. Cabe destacar también que existe la tarjeta Monedero como medio de pago, y no hay datos certeros sobre si entraría o

no en el subsidio. Otra interrogante es si hasta cuándo durarán los subsidios en las SUBE y si están sujetos a la tarjeta o a los usuarios registrados hasta antes del 10 de febrero. No se ha especificado si el beneficio se asigna por la prioridad en el tiempo y diligencia en tramitar la tarjeta o por la situación efectivamente precaria en materia de ingresos personales, por caso por percibir el salario mínimo o por sobrevivir con un plan de ayuda social o un seguro de desempleo.

Otro ribete del asunto es la situación para las personas que deben trabajar o estén discapacitadas durante los días u horarios de entrega de las credenciales. Ellos son injustamente excluidos del beneficio. Eso sin mencionar lo precario del planeamiento para contener esta apremiante situación que lleva en algunos casos al agotamiento de las tarjetas. Además tanta incertidumbre en un tema tan importante como el transporte público significa un perjuicio para muchos ciudadanos.

Por todo lo expuesto pido a mis pares que me apoyen en la aprobación del presente proyecto de declaración, para solicitar al Poder Ejecutivo Nacional respuestas con respecto a esta problemática.