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PROYECTO DE TP
Expediente 6219-D-2009
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO NACIONAL SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL "PROGRAMA DE INGRESO SOCIAL CON TRABAJO".
Fecha: 15/02/2010
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 181
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo para
que, a través del organismo que corresponda, informe a la brevedad y por escrito
sobre distintos aspectos relacionados al Programa de Ingreso Social con Trabajo, a
saber:
1. Recursos económicos
destinados a solventar el desarrollo del referido Programa.
2. Partidas ejecutadas a la
fecha.
3. Criterios para la selección de
los municipios y provincias donde implementar el Programa, así como de la
cantidad de beneficiarios por municipio y provincia.
4. Indicadores y/o datos
estadísticos de población en situación de pobreza y vulnerabilidad social sobre los
cuales se diseñó el programa. Remita copia de los mismos a esta Honorable
Cámara.
5. Cantidad de municipios
donde el Programa ha sido implementado a la fecha, detallando para cada uno
fecha de comienzo de la implementación y cantidad de beneficiarios.
6. Próximos municipios y
provincias donde será implementado, y criterios de selección.
7. Mecanismos de selección de
las cooperativas y de los beneficiarios, y grado de competencia y/o nivel de
intervención de los municipios y provincias en dicha selección. Especifique
mecanismos de control de la misma y exigencias y/o directivas del Poder Ejecutivo
Nacional al respecto.
8. Cantidad de tarjetas de cobro
entregadas a la fecha, especificando cuántas pertenecen al Banco Nación y
cuántas al Banco Credicoop Coop. Ltdo. Especifique qué criterios se siguen para
determinar la tarjeta a través de la cual se cobra.
9. Detalle monto total,
componentes de los "módulos" de trabajo, y si los mismos varían por región.
10. Especifique a qué se refiere
la página del Ministerio de Desarrollo Social cuando indica que los cooperativistas
recibirán un "Ingreso mensual como anticipo de excedente, que será completado
al término de las obras, oportunidad en que se distribuirá el resto de lo producido
por la cooperativa". Detalle el mecanismo a través del cual se distribuirá el mismo
una vez finalizadas las obras.
11. Detalle participación de las
Universidades Nacionales y remita copia de los convenios suscriptos a tal fin.
12. Mecanismos de control para
verificar que cada cooperativa contratará un seguro de vida personal y ante
terceros, cuyo costo forma parte -y esta estipulado a tal fin- del Programa.
13. Detalle qué mecanismos de
articulación y coordinación se han implementado con las distintas provincias y
municipios, así como entre los distintos Ministerios y Secretarias de Estado y de
éstos con sus pares provinciales, con la finalidad de lograr una correcta y eficaz
administración de los recursos destinados a la implementación del Programa.
Remita a esta Honorable Cámara copia de los convenios suscriptos a tal fin.
14. Mecanismos de monitoreo y
evaluación de la ejecución del Programa, especificando qué organismos serán
responsables de su correcta implementación.
15. Cantidad de cooperativas
inscriptas en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)
afectadas al Programa, especificando qué requisitos deben cumplir las mismas
para su inscripción.
16. Porcentaje y monto total de
los recursos del Programa destinados al pago de sueldos.
17. Porcentaje y monto total de
los recursos del Programa destinados a capacitación, detallando criterios para la
contratación de personal destinado a capacitar a los cooperativistas y sueldos que
los mismos perciben. Informe si se han firmado convenios con algún organismo
y/o institución a los fines de brindar dicha capacitación. En caso de resultar
afirmativo, remita copia de los mismos.
18. Porcentaje y monto total de
los recursos del Programa destinados a la compra de materiales para la ejecución
de las obras.
19. Porcentaje y monto total de
los recursos del Programa destinados a la compra de herramientas e
insumos.
20. Remita copia a esta
Honorable Cámara de los pliegos licitatorios para la compra de materiales para la
ejecución de las obras, herramientas e insumos, detallando: características del
proceso licitatorio, adjudicaciones a la fecha, monto total de los gastos efectuados
a tal fin, listado completo de las empresas beneficiarias del proceso licitatorio y
copia de los expedientes correspondientes.
21. Remita copia de los módulos
de capacitación en primeros auxilios, salud, oficios de construcción y seguridad
laboral, cooperativismo y oficios, reglamento interno de las cooperativas, y
cualquier otro que el Programa estipule. Detalle asimismo requisitos para obtener
el certificado de salud.
22. Métodos para garantizar la
autogestión de las cooperativas, evitando que las mismas queden a disposición
para su utilización por parte de los gobiernos municipales y/o provinciales en
labores que difieren de los establecidos en el Programa.
23. Grado de competencia y/o
nivel de intervención de cada uno de los Ministerios y Secretarias de Estado en la
instrumentación del Programa.
24. Qué responsabilidad tiene en
la implementación del Programa el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas
Sociales, en cuyo ámbito se encuentra la Dirección Nacional del Sistema de
Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales (SIEMPRO).
25. Detalle qué especificaciones
y/o directivas ha dictado el Poder Ejecutivo para garantizar una correcta y
transparente publicidad previa de los operativos de inscripción de los potenciales
beneficiarios.
26. Informe proyectos a
desarrollar por las cooperativas, especificando qué organismo es el encargado de
centralizar esa información y aprobar los planes de obra.
27. Cantidad de planes de obra
aprobados, detallando características y ubicación de las mismas.
28. Función de las provincias y
municipios en la planificación de las obras a desarrollar.
29. Detalle mecanismos de
rendición de cuentas por parte de las cooperativas, municipios y provincias.
Informe cuál es el organismo responsable de centralizar y monitorear esta
información.
30. Remita copia a esta
Honorable Cámara de los "Informes de avance de obra" que los distintos
Municipios y provincias han entregado al día de la fecha.
31. Si las cooperativas de trabajo
del Programa se insertan en el marco normativo compuesto por las leyes N°
20.337 de Cooperativas, y sus normas complementarias, y Nº 20.321 de
Asociaciones mutuales, y sus normas complementarias, siendo la autoridad de
aplicación que surge de dichas leyes y decretos reglamentarios el INAES, habida
cuenta que el Decreto 1.067/09 y la Resolución 3.182/09 del Ministerio de
Desarrollo Social enmarcan el Programa en el ámbito de la Economía Social,
articulándose a través de la participación de cooperativas de trabajo y
mutuales.
32. Cuál es la función que
desempeña la Federación de Cooperativas de Trabajo (FECOTRA) en la
implementación del Programa. Remita a esta Honorable Cámara copia del convenio
de cooperación firmado con la misma.
33. Remita a esta Honorable
Cámara evaluaciones y conclusiones provisorias del Ministerio de Desarrollo Social
en relación a la implementación del Programa.
34. Remita a esta Honorable
Cámara evaluaciones y conclusiones provisorias del Consejo Nacional de
Coordinación de Políticas Sociales, en tanto espacio articulador de planificación y
coordinación de la política social nacional, en relación a la implementación del
Programa.
35. Plazo previsto de duración del
Programa.
36. Cualquier otra información
que sirva al presente.-
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presidenta Cristina Fernández, y
la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, anunciaron en diciembre de 2009
que, a través del Programa Ingreso Social con Trabajo, ya se habían creado
58.000 nuevos empleos en distintos municipios del Conurbano Bonaerense,
encontrándose inscriptas 128.900 personas, siendo que de ese total de inscriptos
había en aquel momento 58.596 capacitándose y trabajando en los módulos de
infraestructura social. Asimismo, siempre según declaraciones oficiales, 40 mil
personas estarían comenzando la capacitación entre enero y febrero de este
año.
Las cooperativas de trabajo del
Programa que aquí nos ocupa están conformadas por 60 trabajadores y se
inscriben en el Registro del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
(INAES). Las mismas tienen un Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario y
dos Vocales. Las cooperativas se dividen en cuatro cuadrillas de 15 personas,
siendo que cada cuadrilla tiene un responsable ("capataz" o "coordinador" de
cuadrilla).
Según estipula el Programa, a las
cooperativas no podrán ingresar quienes tengan ingresos por el Plan Jefes y Jefas
de Hogar Desocupados, Programa de Empleo Comunitario, Pensiones no
Contributivas u otros. La excepción es el Plan Familias y un alto grado de
vulnerabilidad certificado. Esto ha ocasionado en la práctica numerosas demoras
debido a que, para la aceptación de los anotados, se cruzan 650 bases de datos
por cada uno de ellos (a través de los registros de la Anses, el SINTyS -Sistema de
Identificación Nacional Tributario y Social- y la AFIP). Estas complicaciones han
dejado en evidencia la imperiosa necesidad de un registro unificado de
beneficiarios de planes sociales que facilite el seguimiento e implementación de
todas las políticas sociales en marcha. Sucesivos informes realizados por parte de
la AGN y la Sigen advierten sobre la dificultad que esta situación acarrea a los
efectos de un mejor control de los programas, provocando asimismo la
superposición de los mismos.
Los trabajadores son inscriptos
como efectores sociales, por lo que tienen acceso al monotributo social, al cual
deberá ser inscripto por parte de los municipios intervinientes. Monotributo que
garantiza a los trabajadores aportes jubilatorios y un adicional por hijo. Este es
otro de los puntos oscuros de la implementación del Programa, habida cuenta de
la enorme cantidad de denuncias por parte de los trabajadores en las cuales se
dejaba constancia que los municipios incumplían esta obligación.
Los
cooperativistas reciben los ingresos mensuales a través de una tarjeta personal del
Banco de la Nación Argentina o del Banco Credicoop., que no tiene costo. Al
respecto la ministra Alicia Kirchner expresó el 20 de enero del corriente, en la
localidad bonaerense de Lanús, que "por decisión de la presidenta, Cristina
Fernández, todos cobran con tarjeta del Banco Nación o del Credicoop, según la
obra que se esté realizando". En tal sentido solicitamos al Poder Ejecutivo que
informe qué criterios se siguen para determinar la tarjeta a través de la cual se
cobra.
Las cooperativas realizarán obras
públicas locales para mejorar la calidad de vida en los barrios más vulnerables.
Oficiliamente no deberán suplir el trabajo que realizan de manera permanente los
trabajadores municipales o de las empresas en la que los municipios tercerizan
servicios. Sin embargo, hemos tomado constancia de que esto no ha sido así. En
varios municipios los cooperativistas son obligados a ocupar puestos de trabajo de
los municipales efectivos (en Obras Publicas, en Tránsito, en jardines de infantes,
en hospitales como telefonistas, en las municipalidades como administrativos,
etc.). Esta situación resulta en una precarización de todo el trabajo del estado
municipal en el distrito, y un debilitamiento de la organización gremial
municipal.
De los miles de trabajadores
inscriptos en las cooperativas del Programa Programa de Ingreso Social con
Trabajo, han ingresado muy pocos debido a la discriminatoria selección de
beneficiarios. En efecto, distintas organizaciones sociales independientes nucleadas
en el Frente de Lucha (Frente Popular Darío Santillán, CTD Anibal Verón, MTL
Rebelde y FOL) han presentado una denuncia ante las autoridades del INADI por
sentirse víctimas de un accionar discriminatorio, por parte del Gobierno Nacional, a
través del actuar del Ministerio de Desarrollo Social a cargo de la Sra. Alicia
Kirchner y del Subsecretario de Organización de Ingresos Sociales. Discriminación
que han sufrido y denunciado otras organizaciones como la Corriente Clasista y
Combativa, el Movimiento Barrios de Pie, el Polo Obrero, la Coordinadora de
Unidad Barrial (CUBa), el MST Teresa Vive, el Movimiento Territorial de Liberación
(MTL) y el Bloque Piqutero Nacional. En conjunto, estas organizaciones
representan la enorme mayoría de los movimientos sociales no alineados con el
gobierno.
En la denuncia
presentada ante el INADI las referidas organizaciones alegan que, a pesar de
haber cumplimentado con todos los requisitos legales exigidos, así como realizado
todas las presentaciones en su debido tiempo y forma, se les ha prohibido la
posibilidad de participar de las cooperativas de trabajo a sus compañeros y
compañeras de organización por motivos de ideología y/u opinión política o gremial
(especificando en la referida denuncia que esto es "debido a que no pertenecemos
al partido de gobierno, ni a sus agrupaciones afines, así como tampoco hemos
accedido a sus chantajes e intimidaciones").
Las organizaciones aclaran que si
bien es cierto que en algunos casos puntuales se ha accedido a la inscripción de
compañeros y compañeras, ello ha sido así en el marco de inscripciones
individuales y particulares, no como integrantes de las cooperativas que
representan, negándoles de tal forma su reconocimiento como cooperativas,
impidiéndoles desarrollarse como tales, con sus propios principios organizativos
(democracia, transparencia, compañerismo, generando reglamentos de trabajo y
fomentando la cultura del trabajo).
Asimismo, denuncian la prohibición
de participar de las cooperativas a los compañeros y compañeras nacidos en
países limítrofes por el sólo hecho de tal y a pesar de que los mismos tengan en su
poder la documentación correspondiente.
Vale la pena recordar que estas
organizaciones han sido víctimas de la represión y el hostigamiento policial en
distintas movilizaciones realizadas por este tema. Remitimos, en tal sentido, al
Proyecto de Declaración 5881-D-2009 que presentáramos en noviembre de 2009,
expresando nuestro más enérgico repudio y preocupación ante la represión llevada
a cabo por la policía bonaerense el día viernes 20 de noviembre de 2009 contra
trabajadores desocupados que protestaban frente a la municipalidad de Monte
Grande, partido de Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, los cuales se
encontraban allí exigiendo su inserción en el Programa de cooperativas de trabajo
"Argentina Trabaja", y que dejara un saldo de numerosos heridos de balas de
goma, e incluso dos heridos con balas de plomo, y quince detenidos, entre los que
se encontraba un menor de edad.
Las
organizaciones denunciantes destacan asimismo la "forma viciada, ilegal y
discriminatoria en que han sido conformadas las cooperativas de trabajo, siendo
que ningún cooperativista participó en asamblea alguna de designación de las
autoridades de su cooperativa; ni siquiera cada cooperativa dispone de los
correspondientes libros de actas". "Todo esto -prosigue la denuncia- es porque, en
realidad, se trata de 'punteros políticos designados a dedo' quienes manejan el
trabajo, sin lógica de cooperación, igualdad ni respeto a la legislación misma que
regula el funcionamiento de las cooperativas (INAES). A esto se suma la figura del
'capataz' o 'coordinador' de cuadrilla, que implica un 'jefe' cada 15 integrantes que
percibirá un sueldo de 2.500 pesos, muy por encima del resto de los integrantes.
Esta figura, en cada caso, está siendo designada 'a dedo' desde el Ministerio de
Desarrollo Social, integrado en esos roles exclusivamente a militantes políticos de
las agrupaciones afines al gobierno como el Movimiento Evita, con el fin de
controlar políticamente a cada grupo de trabajo. Es violatorio de la legislación
cooperativa y discriminatorio que no sean los propios trabajadores quienes elijan
los Consejos de Administración de las Cooperativas y a los Coordinadores de
cuadrillas, y que el Ministerio disponga la prohibición a los cooperativistas de
proponer a sus propias autoridades y coordinadores".
En concordancia con lo expresado
por las organizaciones denunciantes preguntamos al Poder Ejecutivo que informe
por qué motivo ni el Decreto 1.067/2009 del P.E.N., ni la Resolución 3182/09 del
Ministerio de Desarrollo Social hacen referencia a la Ley N° 20.337 de
Cooperativas, y sus normas complementarias, ni a la Ley Nº 20.321 de
Asociaciones mutuales, y sus normas complementarias, ni a la autoridad de
aplicación que surge de dichas leyes y decretos reglamentarios, el INAES, siendo
que el propio Decreto 1.067/09 enmarca el Programa en el ámbito de la Economía
Social, articulándose a través de la participación de cooperativas de trabajo y
mutuales.
En la misma
línea crítica el diputado del Partido Socialista, Ricardo Cuccovillo, plantea en su
Proyecto de Resolución Nº 5427-D-2009 (que sirve de antecedente al presente,
junto con el Proyecto de Resolución Nº 5442-D-2009 de la diputada Mónica Fein),
que "Desde nuestro punto de vista socialista, un partido con mucha tradición
cooperativista, creemos que las características del plan no tienen absolutamente
nada que ver con la doctrina y la práctica de las cooperativas de trabajo auténticas
y genuinas (...) Las cooperativas de trabajo procuran lograr una forma superior de
la organización del trabajo, surgiendo desde el seno del pueblo, siendo la antítesis
de propuestas asistencialistas, prebendarias y clientelistas".
El caso de
Tucumán resulta paradigmático de la forma abiertamente discrecional y
discriminatoria en que se ha implementado el Programa. En dicha provincia el
mismo prevé la creación de 15 mil puestos de empleo divididos en 250
cooperativas de 60 integrantes cada una. Numerosas organizaciones políticas y
sociales de Tucumán se han movilizado reclamando la inmediata apertura de los
padrones de beneficiaros del plan a todos los desocupados y organizaciones
sociales. Las agrupaciones denunciaron que el gobernador José Alperovich ha
repartido los 15 mil puestos nuevos de trabajo de forma autoritaria y clientelar, sin
dar publicidad alguna a los operativos de inscripción. En tal sentido, advirtieron
que "lo que esta pasando en Tucumán, al igual que con los intendentes del
conurbano bonaerense, es que los intendentes, legisladores, concejales, punteros
políticos que responden al gobernador están anotando dentro del aparato clientelar
a los beneficiarios de este Plan e, inclusive, cobrando para hacerlo o diciendo que
tienen que pagar un porcentaje cuando se cobre dicho beneficio, o bien anotando
directamente a familiares y amigos". Los dirigentes precisaron que "las
inscripciones de beneficiarios del programa nacional se realizaron en locales
partidarios vinculados a concejales oficialistas de la Capital o a través de los
empleados mismos del IPACyM (Instituto Provincial de Cooperativismo y
Mutualismo)". "No hubo ningún llamamiento ni operativo público, sólo el de la red
de punteros, para acercar discrecionalmente a los beneficiarios", añadieron.
Asimismo, el Fiscal General Nro. 1
de la provincia de Tucumán, Antonio Gustavo Gomez, denunció estas maniobras y
solicitó que se investigaran las numerosas irregularidades de la implementación del
Programa en dicha provincia, las cuales resultarían, según consta en el expte.
06/201, en una estafa en perjuicio del Estado Nacional, incumplimiento de deberes
de funcionario público, delito de extorsión y malversación de caudales
públicos.
Tras lo sucintamente enumerado
hasta aquí, y habida cuenta de las numerosas irregularidades denunciadas en
relación a la implementación del Programa de Ingreso Social con Trabajo,
consideramos resulta necesario y urgente que el Poder Ejecutivo Nacional
establezca criterios transparentes y fundados de distribución de los recursos
destinados a la implementación del Programa, junto con mecanismos de monitoreo
y evaluación de la ejecución del mismo que garanticen la transparencia en el
manejo de los recursos públicos.
Pretendemos, con este pedido de
informes, contar con los elementos necesarios que nos permitan analizar el
funcionamiento del referido Programa de Ingreso Social con Trabajo, solicitando
información sobre diferentes aspectos a los fines de garantizar la correcta
implementación del mismo.
Por todo lo expuesto anteriormente,
es que se solicita a las Sras. Diputadas y a los Sres. Diputados me acompañen en
la sanción del presente Proyecto de Resolución.-
Firmante | Distrito | Bloque |
---|---|---|
LINARES, MARIA VIRGINIA | BUENOS AIRES | GEN |
ALCUAZ, HORACIO ALBERTO | BUENOS AIRES | GEN |
CUCCOVILLO, RICARDO OSCAR | BUENOS AIRES | PARTIDO SOCIALISTA |
FEIN, MONICA HAYDE | SANTA FE | PARTIDO SOCIALISTA |
LOZANO, CLAUDIO RAUL | CIUDAD de BUENOS AIRES | MOVIMIENTO PROYECTO SUR |
MILMAN, GERARDO | BUENOS AIRES | GEN |
PERALTA, FABIAN FRANCISCO | SANTA FE | GEN |
STOLBIZER, MARGARITA ROSA | BUENOS AIRES | GEN |
MERCHAN, PAULA CECILIA | CORDOBA | LIBRES DEL SUR |
DONDA PEREZ, VICTORIA ANALIA | BUENOS AIRES | LIBRES DEL SUR |
Giro a comisiones en Diputados
Comisión |
---|
ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA (Primera Competencia) |
LEGISLACION DEL TRABAJO |
Trámite
Cámara | Movimiento | Fecha | Resultado |
---|---|---|---|
Diputados | SOLICITUD DE SER COFIRMANTE DE LA DIPUTADA MERCHAN (A SUS ANTECEDENTES) | 17/03/2010 | |
Diputados | SOLICITUD DE SER COFIRMANTE DE LA DIPUTADA DONDA PEREZ (A SUS ANTECEDENTES) |