La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su enérgico rechazo a la pretensión del Reino Unido de autorizar a empresas comerciales la realización de operaciones de exploración y explotación de hidrocarburos en áreas de la plataforma continental argentina sujetas a la ocupación ilegal británica y a todas las acciones que de ella se deriven.

Señor presidente:

Sr. Presidente: La República Argentina tiene soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes. La ocupación ilegal de dichos territorios por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte constituye una inadmisible limitación parcial al ejercicio de la soberanía argentina.

De acuerdo con la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, la recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. Profundamente arraigada en nuestro pueblo, la Causa Malvinas es un imperativo de justicia cuya satisfacción es Política de Estado desde la usurpación británica consumada en 1833.

La persistencia de la ocupación ilegal de nuestros tres archipiélagos australes por el Reino Unido obedece, específicamente, a su interés en la apropiación de los recursos naturales vivos y no vivos de la República Argentina situados en el vasto espacio marítimo que los circunda: en el Atlántico Sur, actualmente, es mayor la superficie marítima controlada de facto por el Reino Unido a partir de su ocupación ilegal, que la superficie marítima que de hecho y de derecho controla nuestro país desde el límite marítimo con Uruguay hasta el sur de la Tierra del Fuego.

No puede soslayarse que el gobierno británico, de manera sistemática, se ha negado a cumplir numerosas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y declaraciones de la Organización de los Estados Americanos que exhortan a la República Argentina y al Reino Unido a reanudar las negociaciones sobre la soberanía para poner término a la situación colonial.

El arribo de una plataforma petrolera contratada por una empresa británica que cuenta con una pretendida autorización de supuestas autoridades británicas, configura la materialización de un nuevo acto unilateral del Reino Unido, incompatible con dichas resoluciones: en particular, con la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que insta a las dos partes en la controversia a que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras las islas están atravesando el proceso indicado en las Resoluciones 2065 (XX) y 3160 (XXVIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Ilegal e ilegítima, esta nueva acción unilateral del Reino Unido se agrega a una sucesión de acciones unilaterales británicas que reflejan ausencia de voluntad genuina de cooperar con nuestro país en la solución de la controversia de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, razón por la cual, entre otras, el gobierno argentino dio por terminada en 2007 la Declaración Conjunta argentino- británica sobre Actividades Costa Afuera en el Atlántico Sudoccidental del 27 de septiembre de 1995 que, bajo fórmula de salvaguardia de soberanía, procuraba impulsar la cooperación en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el área en disputa.

En mérito a los fundamentos expuestos, es que se solicita a este Honorable Cuerpo la aprobación del presente proyecto de Declaración.