La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar repudio por el cierre del canal de noticias RCTV y los canales Ritmo Son, Momentum, America TV, American Network y TV Chile, de LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA .

Señor presidente:

La señal de la televisión privada venezolana RCTV fue suspendida por todas las operadoras del cable del país, en cumplimiento de una reciente Ley de Responsabilidad en Radio y Televisión que sanciona a aquellos medios que incumplan las regulaciones locales, entre ellas, la transmisión de los mensajes oficiales. Pero las operadoras de cable también sacaron del aire a otros cinco canales internacionales, además de Radio Caracas Televisión Internacional ( RCTV )

El sustento con el que fundaron la decisión radica en que los días 22 y 23 de enero de este año, RCTV no había difundido las "cadenas" del presidente Hugo Chávez, que según la ley venezolana, todos los medios deben difundir obligatoriamente. Eso forzó a unas 50 operadoras de cable a retirar de sus parrillas a RCTV, opositora al gobierno.

Los canales de cable Ritmo Son, Momentum, America TV, American Network y TV Chile, también salieron del aire a la medianoche, por incumplir las regulaciones relacionadas con las cadenas estatales y los horarios de los programas.

El año pasado se estableció una ley que establece que cualquier canal de televisión por cable sería considerado canal nacional si un 30% de sus contenidos eran producción venezolana. Para el gobierno chavista, este es el caso de RCTV, que por tanto está sujeto a las leyes nacionales, comenzando por la difusión de las llamadas "cadenas" del presidente.

En el lugar que ocupaban estos canales, ahora aparece un mensaje de las empresas de suscripción por cable en las que instan a los medios afectados a "dar cumplimiento a la normativa legal vigente" para "restablecer sus servicios".

La concesión de RCTV , una de las televisoras más populares de Venezuela y que hasta 2007 transmitía en señal abierta, cuando fue revocada su licencia tras 53 años en el aire. En ese momento, el presidente Chávez lo acusó de ser un canal "golpista". Desde entonces, RCTV transmitía por cable y con una sede en Miami, bajo el nombre RCTV Internacional, motivo por el cual alegan su independencia y la no obligatoriedad a incluir r en su programación los mensajes oficiales, manifestando que las medidas tomadas van en línea con la "censura y hegemonía comunicacional que pretende ocultar los continuos escándalos de corrupción en los cuales están envueltos miembros del alto gobierno".

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo 2009/01/28 Ríos y otros c. Venezuela, condenó a Venezuela por violación del derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Hasta allí lo decidido no cobra notoriedad como algo excepcional, sino que, más bien, se inserta en la ya rica jurisprudencia del tribunal regional en materia de protección de aquél derecho fundamental. La particularidad de estos casos, es que la Corte consideró que a las más altas autoridades le caben responsabilidades mayores a las exigidas al común de los ciudadanos a la hora de criticar el funcionamiento de la prensa, por lo que deben medir cuidadosamente el impacto social de las palabras que emplean en sus discursos, en especial cuando utilizan expresiones descalificatorias contra los medios de comunicación, así como condenar inmediatamente cualquier acto de particulares que materialice en violencia física aquella incontinencia verbal. En concreto, el tribunal interamericano juzgó que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante Hugo Chávez, había puesto en una situación de grave riesgo y mayor vulnerabilidad a quienes ejercen el periodismo cuando en su programa " Aló Presidente " -que desde hace diez años transmite todos los domingos el canal público de televisión- tildó, en quince declaraciones, de " fascistas ", " terroristas ", " golpistas ", " desestabilizadores " y " enemigos del pueblo ", entre otros epítetos, a varios medios fuertemente críticos del gobierno, entre ellos, Globovisión y RCTV. Asimismo, entendió que el jefe de Estado había comprometido la responsabilidad internacional de su país al no repudiar rauda y enfáticamente las agresiones sufridas por periodistas, asistentes técnicos, empleados y accionistas de las cadenas televisivas señaladas -en hechos que fueron desde escraches con lluvia de huevos y orina hasta toma de instalaciones, lanzamiento de granadas fragmentarias y bombas lacrimógenas, incendios, golpizas y disparos de armas de fuego- llevadas a cabo por personas y grupos no identificados que se manifestaban como fieles seguidores del oficialismo.

Estos fallos hacen un adecuado balance entre las facultades del Poder Ejecutivo de publicitar sus actos de gobierno y de desnudar los aparentes intereses espurios que pueden subyacer detrás las noticias, con el derecho de la sociedad de recibir información libre y plural, el que se ve menoscabado por actos de amedrentamiento y hostigamiento al periodismo realizados por funcionarios públicos o personas que actúan en consonancia con los designios de éstos.

Con estos antecedentes y en este contexto, es que, repudiamos el cierre de los mencionados canales. En varias declaraciones el presidente Hugo Chávez amenazó a cuatro canales de televisión privada (entre ellos, Globovisión y RCTV) que "en el momento en que pasen la raya de la ley serán cerrados indefectiblemente para asegurar la paz a Venezuela, para asegurarle a Venezuela la tranquilidad"; también en una entrevista manifestó que "si algunas plantas televisoras volvieran a azuzar a la gente a una rebelión, [les] quito [las empresas] también. Tengo el decreto listo. Mejor para mí si lo hicieran, porque estarían ocupadas militarmente, a riesgo de lo que fuese. Daría una orden, inmediatamente, ¡Tómenla por asalto! y los que estén adentro verán, si tienen armas defiéndanse, pero vamos con las armas, porque un país se defiende así". Final de las amenazas: cierre de los canales.

Decisiones como estas atentan contra la libertad de expresión .En definitiva, lo que plantea la sentencia de la Corte de San José es la responsabilidad internacional del Estado (no del agente) por los atropellos a la libertad de expresión, motivo por el cual es que solicitamos nos acompañen en la sanción de la presente declaración.