La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su preocupación ante la inacción por parte del Estado Nacional en lo referente al Combate sobre el Narcotráfico, puntualmente por la NO Transferencia de Créditos Presupuestarios de la Administración Pública Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación correspondiente a Fuerzas de Seguridad , Servicio Penitenciario y Prestación de Justicia, dispuesto en el Artículo 5 de la Ley 26.052 modificatoria de la Ley 23.737 mediante la cual las provincias pueden asumir la competencia penal en los delitos vinculado con el tráfico de estupefacientes.-

Señor presidente:

El tráfico internacional de drogas es un problema que afecta a todo el mundo. Pero América latina padece un flagelo adicional: el narcomenudeo.

Esa proliferación de los puestos de ventas de drogas aumenta no sólo el consumo local, sino que suma más violencia en las calles.

En el año 2005 este cuerpo aprobó la Ley 26.052 dejando abierta la posibilidad de sumar esfuerzos en la lucha contra las drogas, provincializar el combate contra el narcotráfico.

La idea que la Argentina era un país de tránsito de la droga, quedo ya en el pasado, chocando con las advertencias de todos los especialistas. Ante la aceptación colectiva de este nuevo escenario - que hace diez años ya era vislumbrado- y el reclamo de sus sociedades, las provincias empezaron a asimilar la necesidad de su participación. Más allá de la adhesión a la ley, las fuerzas policiales pueden actuar sobre el narcotráfico, cuando están frente a un delito in fraganti , aunque la causa luego será derivada a la justicia federal llevando al colapso a los juzgados federales que deben elegir entre las líneas de investigaciones mayores hacia cargamentos importantes o atender la comercialización minorista.

El mayor motivo que lleva a las provincias a dejar de lado la ley 26.052 es la Falta de Recursos para Absorber Nuevas Misiones. La norma establece que el estado nacional debe transferir una asistencia financiera, lo que está muy lejos de cumplirse. Esto quiere decir que aunque las provincias hayan cumplido con la adhesión, la misma no se puede efectivizar por la falta de recursos.

El gobierno nacional promovió esta iniciativa de desfederalizar la lucha contra las drogas en el año 2005 como respuesta a una demanda social, pero rápidamente abandono esta práctica.

Para que la solución sea efectiva en este importante desafío el Estado nacional y los provinciales deberán articular sus políticas y estrategias, porque la situación actual exige una actuación conjunta de todas las jurisdicciones, integral y en algunos casos ejecutados simultáneamente.

Es por este motivo que solicito con carácter de urgencia al Estado Nacional transfiera los fondos pertinentes para dotar a las Provincias de las herramientas necesarias para combatir este transversal flagelo.

Por los motivos expuestos es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.