La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su más enérgico repudio y exige el pronto esclarecimiento de los hechos que involucran el accionar de la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires y de sus funcionarios competentes, por el sangriento episodio perpetrado contra el ciudadano Lucas Cabello, en relación al resguardo de las garantías constitucionales y al pleno respeto de los derechos humanos, frente a las situaciones de abuso del uso de la fuerza por parte de agentes públicos y en virtud de las contradicciones observadas en las declaraciones de los funcionarios competentes y la naturalización del ejercicio de la violencia de las fuerzas de seguridad.

Señor presidente:

El pasado 9 de noviembre de 2015, Lucas Cabello regresaba de la panadería junto a su esposa e hija de dos años de edad, cuando antes de ingresar a su hogar, fue interceptado por un efectivo de la Policía Metropolitana, quién le disparó en reiteradas oportunidades (tres veces). Actualmente permanece internado en el Sanatorio Los Arcos, aunque con anterioridad lo estuvo en la sala de terapia intensiva del Hospital Argerich. Está en grave estado de salud, con su médula y su futuro seriamente comprometidos.

En el sangriento episodio, Lucas recibió varios balazos cuando ya estaba inmovilizado en el piso. A este hecho de extrema violencia institucional, se le sumaron otros de no menos violencia y gravedad. Nos referimos a las declaraciones insólitas de María Eugenia Vidal, actualmente Vicejefa de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y gobernadora electa de la provincia de Buenos Aires, acusando a Lucas Cabello de violencia de género e incluso afirmando que existía un botón anti pánico. A estas se le sumaron otras declaraciones que involucran al Ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, quién en declaraciones en radio Rock & Pop afirmó que "la información que yo tengo es que Lucas Cabello estaba armado." Acusaciones que fueron prontamente desmentidas por la propia pareja de Lucas y su madre, además de la abogada Gabriela Carpineti, representante de la familia. En diálogo con Agencia Paco Urondo advirtió que "las declaraciones de Montenegro representan más violencia institucional por parte del Gobierno de la Ciudad. Desafían lo que ya fue probado en la justicia, con las pruebas periciales y testimoniales, que indican que Lucas no estaba armado. No hay otra arma. Las tres únicas vainas que se encontraron son las que se corresponden al arma reglamentaria del agente de la Metropolitana que lo baleó. Aparte de mentir, desafían a la justicia. Nosotros decimos la verdad y dejamos que la justicia actúe, porque las pruebas están a la vista."

El titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), Miguel Ángel Palazzani, también se refirió a la causa en una entrevista publicada en los medios: "Lucas no estaba armado. No se trató de un caso de violencia de género. Es un hecho de la más alta gravedad en materia de violencia institucional." Desde el Observatorio de Derechos Humanos de la ciudad de Buenos Aires (ODH) presentaron un pedido de informes al Ministerio de Seguridad porteño de Guillermo Montenegro para determinar si se trató de otro caso de gatillo fácil de la Policía Metropolitana. En este sentido, también se pronunció la CTA Bonaerense: "Este irreparable hecho de violencia no es aislado, sino que refleja el accionar de la Policía Metropolitana, que está muy lejos de ser una `nueva fuerza moderna y eficiente. Ya que entre el 2011 y el 2015 se registraron 28 muertes a mano de efectivos policiales locales de esa ciudad Autónoma de Buenos Aires." 1

Este hecho de extrema violencia no es un caso aislado, desde la represión en el Parque Indoamericano en diciembre de 2010, han ocurrido una serie de episodios que tuvieron como eje los excesos de la Metropolitana en el uso de la fuerza para la resolución de conflictos. A los sucesos del Indoamericano, le siguieron los de la Villa 31, los de parque centenario, los de la Sala Alberdi o la inexplicable represión en el Borda, por dar solo algunos ejemplos. Considero que estas prácticas que privilegian la violencia a la negociación y al diálogo, ante cualquier hecho conflictivo, no pueden atribuirse a errores de algunos efectivos específicos, sino a una política del gobierno porteño, que se empeña en responder a los conflictos que se suscitan con el uso del espacio público con el uso abusivo de la fuerza.

El lamentable suceso es una muestra más del accionar disciplinante de la Policía Metropolitana sobre los jóvenes de bajos recursos que tiene por objeto su coerción y discriminación. Esta población que es comúnmente estigmatizada, nuevamente ve atropellados los principios básicos que deberían ser garantizados en el marco de un Estado de Derecho y del respeto por los Derechos Humanos y la seguridad ciudadana.

En un interesante informe, el CELS advierte que "la represión de las protestas sociales ha sido una de las respuestas estatales más problemáticas en materia de derechos humanos de las últimas décadas. El asesinato y la lesión de personas en operativos de represión de protestas sociales, cortes de rutas y otras manifestaciones marcó la década de 1990 y la crisis de 2001, y provocó desde 2002 la necesidad de rever estas reacciones y plantear otras vías y formas de gestión política de los conflictos. A partir de 2003, el gobierno nacional planteó una estrategia dirigida a privilegiar canales de diálogo político con los movimientos sociales que protagonizaban las manifestaciones. El control de la actuación policial en estos contextos (que incluyó en algunos casos la prohibición de portar armas de fuego) buscó reducir la violencia policial y sus consecuencias letales y lesivas en manifestaciones."2

Tal como afirma el Diputado Nacional Leonardo Grosso en los fundamentos del Proyecto, sancionado hacia fines de 2012 y que tiene como eje la violencia institucional, una de las interpretaciones del accionar de las fuerzas, se encuentra en lo expresado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia que dictó el 18 de septiembre de 2003 en torno al Caso Bulacio Vs. Argentina, donde explicitó que: "Las razones que dan origen a estas prácticas policiales son principalmente tres: primera, el "control represivo y disciplinante de las poblaciones", con el propósito ejemplarizante para los sectores pobres, trabajadores y jóvenes, bajo la ideología del estado peligroso sin delito; segunda, estas detenciones forman parte del trabajo burocrático policial con la doble finalidad: de demostrar a los superiores que se trabaja y, responder, a las demandas de los medios de comunicación o de determinados sectores que reclaman una mayor seguridad; y como tercera, ejercen un control que permite detectar pequeñas ilicitudes, la venta ambulante, la prostitución y otros oficios de la pobreza y, también, el cobro de cánones a cambio de permisos para ejercer esos oficios, que nutren la llamada "caja chica" del poder policial (informe de Sofía Tiscornia, antropóloga, Directora del Programa de Antropología Política y Violencia Institucional de la Sección de Antropología Social de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y Directora del Instituto de Estudios e Investigaciones de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires).3

Lucas Cabello, un joven de 20 años de edad y residente del barrio de La Boca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se une a una larga lista de jóvenes que fueron víctimas del comúnmente llamado "gatillo fácil" o de la violencia institucional. Ese accionar es un reflejo de los abusos que ejercen las fuerzas de seguridad sobre determinados sectores poblacionales violando los principios básicos que debe respetar la seguridad ciudadana en el marco de un Estado de Derecho.

Por lo expuesto, expresamos un repudio enfático a las declaraciones de la actual Vice Jefa del Gobierno Porteño, María Eugenia Vidal, quien en sus declaraciones transforma a Lucas Cabello de víctima a victimario, queriéndolo vincular a un supuesto caso de violencia de género. El mismo rechazo le cabe a las declaraciones del Ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno porteño, quién instala la versión sobre la supuesta tenencia de un arma por parte de la víctima.

A partir de estas declaraciones y las evidentes contradicciones, es que solicitamos la aprobación de este Proyecto de Declaración.