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PROYECTO DE TP
Expediente 6160-D-2015
Sumario: CODIGO PENAL. MODIFICACIONES SOBRE CORRUPCION.
Fecha: 30/11/2015
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 161
El Senado y Cámara de Diputados...
Artículo 1°: Modifíquese el artículo 77
del Código Penal el que quedara redactado de la siguiente forma:
ARTÍCULO 77: Para la inteligencia del
texto de este Código, se tendrá presente las siguientes reglas:
Los plazos a que este Código se
refiere serán contados con arreglo a las disposiciones del Código Civil. Sin
embargo, la liberación de los condenados a penas privativas de libertad se
efectuara al mediodía del día correspondiente.
La expresión ''reglamentos'' u
''ordenanzas'', comprende todas las disposiciones de carácter general dictadas por
la autoridad competente en la materia de que traten.
Por los términos ''funcionario público''
y ''empleado público'' respectivamente, usados en este Código, se designa a todo
el que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas,
sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente.
Se entenderá por función pública a
toda actividad ocasional, temporal o permanente, contratada, remunerada u
honoraria realizada en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus
dependencias y entidades autárquicas en cualquiera de sus niveles
jerárquicos.
Con la palabra ''mercaderías'', se
designa toda clase de efectos susceptibles de expendio.
El término ''capitán'', comprende a
todo comandante de embarcación o al que le sustituye.
El término ''tripulación'' comprende a
todos los que se halla a bordo como oficiales o marineros.
El término ''estupefacientes'',
comprende los estupefacientes, psicotrópicos y demás substancias susceptibles de
producir dependencia física o psíquica, que se incluyan en las listas que se
elaboren y actualicen periódicamente por decreto del Poder Ejecutivo
Nacional.
Artículo 2°: Incorpórese el Capítulo 2
bis en el Titulo 8 del Libro Segundo del Código Penal el que se denominará de la
siguiente manera: ''Capitulo 2 bis Corrupción Publica''
Artículo 3°: Incorpórese el artículo
210 ter dentro del Capítulo 2 bis Corrupción Publica del Código Penal el que
quedara redactado de la siguiente forma:
ARTICULO 210 ter: Se impondrá
reclusión o prisión de cinco a veinte años al que tomare parte, cooperare o
ayudare a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita destinada a
cometer los actos de corrupción y malversación publica contemplados en el
capítulo VI que causen grave perjuicio a la administración pública, siempre que ella
reúna al menos dos de las siguientes características:
Estar integrada por cinco o más
funcionarios públicos o persona que ejerza función pública;
Poseer ramificaciones y/o terminales,
en la administración publica en cualquiera de sus niveles jerárquicos
Tener notorias conexiones con otras
organizaciones similares existentes en el país o en el exterior,
Recibir colaboración o dirección de
funcionario público o persona que ejerza función pública y/o persona u
organizaciones que hayan ejercido la función pública o mantenido vinculación con
los poderes del Estado y que por su rol posean información sustancial a la
comisión de ilícitos.
Operar o realizar conductas
criminalizadas en más de una de las jurisdicciones políticas del país o el
exterior.
Utilizar o valerse de medios,
información, bienes, trabajos o servicios contratados, remunerados, pertenecientes
o al servicio de la administración publica en cualquier de sus niveles
jerárquicos.
Tener notorias conexiones con otras
organizaciones similares existentes en el país o en el exterior;
Que conlleve enriquecimiento para
cualquiera de sus autores, participes, determinadores o instigadores.
Para los jefes u organizadores de este
tipo de asociación ilícita la pena será de reclusión perpetua.
No se aplicaran al presente los
beneficios del indulto y la conmutación de la pena,
Artículo 4°: Sustituyese la rúbrica de
los Capítulos 6, 7, 8, 9 y 9 bis del Título XI, del Libro Segundo del Código Penal, el
que pasara a denominarse de la siguiente manera: ''Capitulo 6 Actos de Corrupción
y Malversación Publica''
Artículo 5°: Modifíquese el artículo
256 del Código Penal el que quedara redactado de la siguiente forma:
ARTICULO 256: Sera reprimido con
reclusión o prisión de tres a diez años e inhabilitación especial perpetua, el
funcionario público o persona que ejerza función pública que por sí o por persona
interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa
directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus
funciones.
Artículo 6°: Modifíquese el artículo
256 bis del Código Penal el que quedara redactado de la siguiente forma:
ARTICULO 256 bis: Sera reprimido
con reclusión o prisión de tres a diez años e inhabilitación especial perpetua para
ejercer la función pública, el que por sí o por persona interpuesta solicitare o
recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o
indirecta, para hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario público
o persona que ejerza función pública, a fin de que este haga, retarde o deje de
hacer algo relativo a sus funciones.
Si aquella conducta estuviera
destinada a hacer valer indebidamente una influencia ante un magistrado del
Poder Judicial o del Ministerio Publico, a fin de obtener la emisión, dictado, demora
u omisión de un dictamen, resolución o fallo en asuntos sometidos a su
competencia, el máximo de la pena de prisión o reclusión se elevará a quince
años.
Artículo 7°: Modifíquese el artículo
257 del Código Penal el que quedara redactado de la siguiente forma:
ARTICULO 257: Sera reprimido con
prisión o reclusión de cuatro a quince años e inhabilitación especial perpetua, el
magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Publico que por sí o por persona
interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa
directa o indirecta para emitir, dictar, retardar u omitir dictar una resolución, fallo o
dictamen, en asuntos sometidos a su competencia.
Artículo 8°: Modifíquese el artículo
258 del Código Penal el que quedara redactado de la siguiente forma:
ARTÍCULO 258: Sera reprimido con
prisión de tres a diez años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función
pública, el que directa o indirectamente diere u ofreciere dinero favores o dádivas,
promesas o ventajas, en procura de alguna de las conductas reprimidas por los
artículos 256, 256 bis y 257.
Artículo 9°: Modifíquese el artículo
258 bis del Código Penal el que quedara redactado de la siguiente forma:
ARTICULO 258 bis: Sera reprimido
con reclusión de tres a ocho años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la
función pública, el que ofreciere u otorgare a un funcionario público de otro
Estado, directa o indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario u otros
beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho
funcionario realice u omita realizar un acto en el ejercicio de sus funciones
públicas, relacionados con una transacción de naturaleza económica o
comercial.
Artículo 10°: Modifíquese el artículo
259 del Código Penal el que quedara redactado de la siguiente forma:
ARTICULO 259: Sera reprimido con
prisión de uno a tres años e inhabilitación absoluta de tres a seis años, el
funcionario público o persona que ejerza función pública que admitiere dádivas,
que fueran entregadas en consideración a su oficio, mientras permanezca en el
ejercicio del cargo.
El que presentare u ofreciere la
dádiva será reprimido con prisión de uno a tres años
Artículo 11°: Modifíquese el artículo
260 del Código Penal el cual quedara redactado de la siguiente forma:
ARTICULO 260: Sera reprimido con
inhabilitación especial de un mes a tres años, el funcionario público que diere a los
caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que
estuvieren destinados. Si de ello resultare daño o entorpecimiento del servicio a
que estuvieren destinados, se impondrá además al culpable, multa de veinte a
cincuenta por ciento de la cantidad distraída.
Cuando la aplicación diferente de
caudales o efectos tuviere como finalidad beneficiar ilegítimamente a un tercero,
se aplicara prisión de un mes a tres años e inhabilitación absoluta perpetua.
Artículo 12°: Sustituyese la rúbrica del
artículo 264 del Código Penal por el siguiente:
ARTICULO 260 bis: Sera reprimido
con inhabilitación especial por uno a seis meses, el funcionario público que,
teniendo fondos expeditos, demorare injustificadamente un pago ordinario o
decretado por autoridad competente. En la misma pena incurrirá el funcionario
público que, requerido por la autoridad competente, rehusare entregar una
cantidad o efecto depositado o puesto bajo su custodia o administración.
Artículo 13°: Modifíquese el artículo
261 del Código Penal el cual quedara redactado de la siguiente forma:
ARTICULO 261: Sera reprimido con
reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el
funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración,
percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Se impondrá la
misma pena al funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero,
trabajos o servicios pagados por una administración pública.
En ambos casos se aplicara multa
equivalente al ciento por ciento del valor de los caudales, efectos, trabajos o
servicios conculcados.
Artículo 14°: Incorpórese el artículo
261 bis al Código Penal el que quedará redactado de la siguiente forma:
ARTICULO 261 bis Sera reprimido con
prisión o reclusión de dos a diez años e inhabilitación especial absoluta por doble
tiempo para ejercer cargos públicos, el que sustrajere y/o realice actos de
disposición personal de caudales o efectos públicos cuya administración,
percepción o custodia le haya sido confiada en razón de su participación en la
función pública.
Se impondrá la misma pena al que
empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por la
administración pública que le hayan sido confiados en razón de su participación en
la función pública.
En ambos casos se aplicara multa
equivalente al ciento por ciento del valor de los caudales, efectos, trabajos o
servicios conculcados.
Artículo 15°: Modifíquese el artículo
263 del Código Penal el que quedara redactado de la siguiente forma:
ARTICULO 263: Quedan sujetos a las
disposiciones anteriores, excepto la pena de multa, los que administraren o
custodiaren bienes pertenecientes a establecimientos de instrucción pública o de
beneficencia, así como los administradores y depositarios de caudales embargados,
secuestrados o depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a
particulares..
Artículo 16°: Modifíquese el artículo
266 del Código Penal el que quedara redactado de la siguiente forma:
ARTICULO 266: Sera reprimido con
prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial por doble tiempo, el
funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar
o entregar indebidamente, por si o por interpuesta persona, una contribución, un
derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que
corresponden.
Artículo 17°: Modifíquese el artículo
267 del Código Penal el que quedara redactado de la siguiente forma:
ARTÍCULO 267: Si se empleare
intimidación o se invocare orden superior, comisión, mandamiento judicial u otra
autorización legítima, podrá elevarse la prisión hasta seis años.
Artículo 18°: Modifíquense los
artículos 268, 1 y 2 del Código Penal el que quedara redactado de la siguiente
manera:
ARTICULO 268. (1) Sera reprimido
con prisión de tres a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario
público que convierte en provecho propio o de tercero las exacciones expresadas
en los artículos anteriores
ARTICULO 268 (2) Sera reprimido con
reclusión o prisión de dos a diez años, multa del ciento por ciento del valor del
enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua, el que al ser debidamente
requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial
apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con
posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos años
después de hacer cesado en su desempeño-
Se entenderá que hubo
enriquecimiento no solo cuando el patrimonio se hubiese incrementado con dinero,
cosas o bienes, sino también cuando se hubiesen cancelado deudas o extinguido
obligaciones que lo afectaban.
La persona interpuesta para disimular
el enriquecimiento será reprimida con la misma pena que el autor del hecho.
Artículo 19°: Comuníquese al Poder
Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como parte integrante del Frente
Renovador, candidato por el mismo espacio a gobernador de la Provincia de Santa
Fe en el corriente año, colaborador en el desarrollo del proyecto presentado por el
diputado Sergio Massa con el Nro: 9738 D 2014 -en forma personal y con mi
equipo de trabajo, - y convencido que con la sanción del presente proyecto se
contribuirá a que los argentinos podamos vivir más seguros y en paz, presento y
acompaño este proyecto con la firme convicción que contribuirá a lograr esos
objetivos.
Que es imperativo actualizar nuestra
legislación secundaria con las Convenciones Internacionales suscriptas por nuestro
país, con el Derecho Constitucional vigente, con las nuevas elaboraciones
doctrinarias y con una política criminal tendiente a prevenir y reprimir modernas
modalidades delictivas que causan grave daño social.
Que el Código Penal Argentino en el
titulo XI del Libro Segundo regula los delitos contra la administración pública, sin
embargo dicha previsión legal ha quedado anacrónica respecto a los mandatos
constitucionales vigentes y a las nuevas formas de consumación.
Según la doctrina, la corrupción es un
delito del poder y su recepción Constitucional emana directamente del artículo 36
de nuestra Carta Magna, el cual no ha tenido su correlato hasta ahora en un tipo
penal que sancióne estrictamente un hacer tan disvalioso. (Ver Comentario al art.
36 de la CN, en la obra Constitución de la Nación Argentina, comentada y
concordada, segunda edición ampliada y actualizada, de María Angélica Gelli, Ed.
La Ley, entre otras.)
Los autores ubican estas prácticas en
los denominados delitos del cuello blanco. En tal sentido describe Alfonso Reyes
Etchandía, ''por criminalidad de cuello blanco entendemos aquella que realizan
personas de elevada posición social en ejercicio de un poder económico o político
que les garantiza impunidad''. Ob. Criminología, Bogotá, 1999 Ed. Temis, pág.
166.
Cuando la sistemática propia de este
delito supera las acciones descriptas en el artículo 2 de la Convención
Interamericana contra la Corrupción, de marzo de 1996, se ingresa en una
actividad muy difícil de encuadrar en los tipos legales vigentes y muchas veces
impune dentro del Territorio del Estado Nacional.
Este vacío legal requiere de la rápida
intervención del Legislados Nacional para rever la situación, dar cumplimiento con
el mandato emergente del art 36 de la Carta Magna y alejar la sombra nociva de la
impunidad en nuestro derecho vigente.
Refiriéndose a las penas sostenía
Becarria ''no es la crueldad de las penas uno de los más grandes frenos de los
delitos, sino la infalibilidad de ellas, y por consiguiente la vigilancia de los
Magistrados y aquella severidad inexorable del juez, que para ser virtud útil, debe
ser acompañada de una legislación suave''. De los Delitos y De las Penas, Bs. As.
1994, Editorial Altaya, pág. 71 y 72.
En la tensión alta punibilidad y
proporcionalidad del castigo. Becaría optaba por la imposición de penas justas y
útiles, pero recalcaba en un elemento más su infalibilidad.
A este cuadro debemos agregar la
necesidad de readecuar las leyes penales, que absolutamente proporcionales al
bien jurídico afectado, también nos alejen de la impunidad de prácticas ilegitimas
ya identificadas y reprochadas por la sociedad.
La estructura propia del Código Penal
Argentino y de las reformas anteriores y posteriores a la suscripción de los
convenios internaciones, necesita ser revisada para determinar secundariamente
los actos de la corrupción y tipificar las conductas dañosas aun no reguladas.
No caben dudas que las figuras
contempladas en los actuales 256 a 268 ter del Código, son análogas con el
artículo 2 de la Convención y por lo tanto claros actos de corrupción que así deben
ser redefinidos y receptados por nuestra legislación penal de fondo.
Una clasificación especial debe
realizarse a la otrora denominada Malversación Caudales Públicos, entendiéndose
en el presente solo como malversación las conductas destinadas a cambiar de
aplicación los fondos asignados sin que estos escapen de la esfera de la
administración pública. Diferenciando así la conducta de quien solo otorga a los
bienes o efectos un destino diferente, del corrupto que lo retiene para sí
obteniendo beneficios económicos por ello.
En dicha inteligencia es necesario
también incluir al tipo legar otros sujetos que en la actualidad realizan funciones
públicas sin revestir la calidad de funcionarios públicos (actual artículo 77 del
C.P.)
Para tipificar estas acciones fue
necesario modificar el artículo 77 del Código Penal, y definir el concepto de función
pública, incorporando así nuevos sujetos activos que hoy escapaban de las mallas
del derecho penal argentino.
La presente reforma torna punibles
los actos de corrupción de los sujetos en función pública, a los que la Doctrina y
Jurisprudencia comparada ha extendido responsabilidad conforma a su
participación en actos vinculados al interés público.
Con claridad meridiana, la Corte
Suprema de Justicia de Colombia ha dicho: ''... a la luz del conjunto de principios y
preceptos constitucionales, el particular que se halla en cualquiera de las
situaciones en las que el orden jurídico lo faculta para cumplir papeles que en
principio corresponderían a organismos y funcionarios estatales no puede ser
mirado de modo absoluto bajo la óptica de una responsabilidad igual a la de los
demás particulares, circunscrita apenas a su condición privada, ya que por razón
de la tarea que efectivamente desarrolla, en la medida de esta y en cuanto toca
con el interés colectivo, es públicamente responsable por su actividad in que llegue
por eso a convertirse en servidor del Estado desde el punto de vista
subjetivo.''
Superando el marco de la lesión a la
administración pública, también hay acciones grupales que por su estructura,
organización y perjuicio generan strepitu fori y una verdadera afectación al orden
público que requiere de un tipo penal y reproche especifico.
La corrupción es un fenómeno actual,
visible, reconocido y con mayor desarrollo e inserción social que legal.
Se ha generado una verdadera
conciencia colectiva de procederes que merecerían la atención diferenciada del
Estado, sin embargo esto no ha ocurrido.
El principal peligro de convivir con
prácticas ilegitimas que la sociedad ha identificado como tales y espera una
respuesta certera y proporcionada del Estado, radica en el descreimiento final en el
sistema de justicia de las instituciones.
Sostiene Alfonso Reyes Etchandía: ''Si
bien la corrupción administrativa no está necesariamente supeditada a la
delincuencia organizada, es evidente que constituye el mecanismo
preferentemente utilizado por esta para mantener y acrecentar el ritmo de sus
actividades criminales. Prevaricatos, peculados, quiebras fraudulentas de empresas
oficiales, subsidios, adjudicación ilegal de contratos, exenciones tributarias de
hecho, bonificaciones a empleados oficiales, cuantiosos aportes económicos para
financiar campañas electorales, son los más comunes mecanismos de corrupción
que las mafias utilizan para conseguir sus objetivos... las estadísticas criminales,
desde luego, no son termómetros adecuados para medir la magnitud de la
delincuencia derivada de estas prácticas, porque dada la categoría de sus
protagonistas, es mínima la probabilidad de que sean objeto de investigación
penal; no obstante, su efecto criminógeno es innegable porque al ser conocidas
por el grupo social, este pierde fe en las instituciones represivas del Estado, se va
familiarizando con tales prácticas y termina por cohonestarlas o participar en
ellas''. (Sic., ob. Cit, pág. 166)
En este contexto general el marco de
acción de legislador nacional, que debe contemplar la realidad social, los mandatos
constitucionales y supralegales y las nuevas prácticas comisivas, se torna urgente
e imperativo.
Con sabiduría reflexionaba
Montesquieu: ''Hay dos géneros de corrupción; el uno, cuando el pueblo no
observa las leyes; el otro, cuando las leyes mismas lo corrompen: mal incurable
este último porque está en el remedio''. El espíritu de las Leyes. Ed. Heliasta S.R.L.
Sect Edición, 1984, pág. 125
La segunda fuente de corrupción a la
que alude Monstesquieu también puede observarse en la omisión de la sanción de
aquellas leyes esenciales para alcanzar la paz social, porque precisamente lo que
estaría ausente es el necesario remedio legal.
Ante lo dicho, es determinante en
nuestro criterio jurídico que la corrupción pública sea un delito contemplado en la
legislación penal argentina, ya que su gravedad y perjuicio al orden público, hoy
no tienen correlato con una efectiva sanción penal.
De la misma manera se han tipificado
los actos de corrupción y malversación publica, estableciéndose penas de reclusión
y prisión más razonables conforma los perjuicios que dichas lesividades
ocasionan.
También se ha incorporado la multa
equivalente al total del perjuicio ocasionado en la figura dolosa, ya que es
necesario reintegrar al erario los valores que la conducta ilícita ha
ocasionado.
Por los fundamentos expuestos es
que solicito a mis Pares acompañen con su voto afirmativo la presente reforma al
Código Penal.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| MARTINEZ, OSCAR ARIEL | SANTA FE | FRENTE RENOVADOR |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| LEGISLACION PENAL (Primera Competencia) |